Con el paso de los días y la acumulación de nuevos datos sólo queda confirmar que el acuerdo del IMSS fue una decisión equivocada, que deja al Seguro Social al borde de una crisis de mayores dimensiones de la actual, misma que se presentará al cabo de unos cuatro años, un acuerdo en el cual el gobierno federal claudicó ante las presiones del sindicato.
Con el paso de los días y la acumulación de nuevos datos sólo queda confirmar que el acuerdo del IMSS no fue ni siquiera un parche, sino una decisión equivocada, que deja al Seguro Social al borde de una crisis de mayores dimensiones de la actual, misma que se presentará al cabo de unos cuatro años, un acuerdo en el cual el gobierno federal claudicó ante las presiones del sindicato. Peor aún, claudicó en un momento en el cual todas las cartas estaban a su favor, cuando contaba con el apoyo del Congreso y de la mayoría de los medios y cuando el movimiento pro huelga estaba debilitado porque no tenía respaldo ni dentro ni fuera del IMSS. Pero el gobierno no se atrevió y terminó aceptando una salida que debilitará al Seguro Social en forma notable.
En principio, como decíamos el lunes, el acuerdo parece bueno, sobre todo porque evitaba la huelga. Pero cuando se analizan con mayor detalle los acuerdos, las pocas bondades se pierden en un mar de malos cálculos y errores que dejan al descubierto que el gobierno federal con tal de evitar el paro, terminó hipotecando el futuro del Instituto.
Vamos a los datos que se han comenzado a conocer con el paso de los días. Según el acuerdo los nuevos trabajadores del IMSS (o sea los que ingresen a partir del 16 de octubre del 2005) tendrán una jubilación del 100 por ciento de su mejor salario obtenido; tendrán 35 años de servicio al jubilarse o una edad mínima de 60 años y una aportación salarial para el fondo de pensiones del 4 por ciento, que irá aumentando anualmente hasta llegar al 10 por ciento. El problema es que cuando se hace un análisis actuarial de los recursos que se generan de estas aportaciones, no se obtiene, como dice la ley del Seguro Social aprobada por el congreso el año pasado, un régimen pensionario autofinanciable. Según los mismos cálculos, para cumplir con esos objetivos se requeriría un 22 por ciento de aporte salarial de los trabajadores. Si de acuerdo con la ley no se permite al IMSS fondear esas pensiones con recursos del propio Instituto, cabe preguntarse de dónde saldrá la diferencia para compensar el faltante. La respuesta está en otra parte del acuerdo, mediante el cual los actuales trabajadores del IMSS aumentarán su aportación del 3 por ciento actual al 10 por ciento, con un incremento del uno por ciento anual. Pero esos recursos no se utilizarán para complementar el fondo de pensiones de los actuales trabajadores del Seguro, sino para los trabajadores futuros (se utilizarán los provenientes del 3 por ciento actual para los ya jubilados y se destinará el 7 por ciento restante para el fondo de los futuros trabajadores). Para no violar la ley, será el propio IMSS el que seguirá financiando con sus recursos (mejor dicho con las cuotas de los derechohabientes) el sistema de pensiones de los actuales trabajadores.
El problema no es menor: el pasivo actual de las pensiones de los actuales trabajadores es de 700 mil millones de pesos y crece geométricamente. El acuerdo aceptado implica que el total de ese pasivo será asumido por el propio Seguro Social. O sea que la presión financiera existente en el Seguro Social no se reduce ni en un peso. Los nuevos recursos se destinarán, íntegramente, al fondo de los futuros trabajadores e incluso así ellos no serán suficientes para cubrir el mismo. En otras palabras, la situación financiera y operativa del IMSS seguirá deteriorándose porque no recibirá nuevos recursos y, por el contrario tendrá que asumir pasivos crecientes. Lo dicho por el presidente Fox de que con este acuerdo habrá más recursos para el gasto de operación del Instituto no es verdad: no habrá, salvo que el gobierno federal los aporte, ni un solo peso más destinado a la atención de los derechohabientes.
Tampoco es verdad el dicho presidencial de que no heredará este problema a las siguientes administraciones. El esquema aprobado podrá durar, como máximo, cuatro o cinco años, o sea que estallará al final del próximo sexenio. Los datos son duros: en los próximos cinco años se jubilarán unos 12 mil trabajadores del IMSS cada año, o sea unos 60 mil en cinco años. Si es así, para el 2005, unos 360 mil trabajadores contribuyen a pagar las pensiones de 130 mil jubilados. En el 2010, 300 mil trabajadores de la actual generación financiarán la las jubilaciones de 180 mil ex trabajadores (con el 3 por ciento de su salario) y de 60 mil nuevos trabajadores que serán contratados para reemplazar a los que se vayan jubilando, ello con el otro siete por ciento de sus salario.
A partir de allí, o sea de los 60 mil trabajadores reemplazados (o sea en el 2010) el fondo de pensiones se agota ya que no es suficiente para financiar a los nuevos trabajadores. En este esquema el IMSS se debilita aún más por varias razones: no crecerá ni mejorará su atención a los derechohabientes porque no habrá más y mejores trabajadores, ya que lo que se hará será reemplazar a los trabajadores que se jubilarán en los próximos cinco años por otros nuevos. No habrá nuevas plazas, se cubrirán las que vayan quedando libres, salvo, otra vez, que se inviertan recursos federales adicionales. En el 2010 tendremos el mismo problema que ahora con dos agravantes: se habrán incorporado 60 mil trabajadores nuevos aceptando el precedente de que su régimen jubilatorio no es autosustentable y, además, se perdió la posibilidad de utilizar las aportaciones adicionales que harán los nuevos trabajadores para reducir el pasivo acumulado, que seguirá siendo asumido por el gobierno federal.
Según los cálculos actuariales será en el 2009 (cuando habrá elecciones federales intermedias) cuando se tendrá que revisar nuevamente el esquema de pensiones, de la misma forma que ocurrió ahora.
El acuerdo firmado el fin de semana, por lo tanto respeta la letra de la ley del Seguro Social pero sólo por los siguientes cuatro años (hasta que se terminen de incorporar los 60 mil trabajadores que reemplazarán a los 60 mil jubilados), pero viola el espíritu de la ley porque en lugar de separar el tema de las pensiones de los nuevos trabajadores, de la de los actuales, hace lo contrario: los involucra aún más.
¿Existían otras salidas? Por supuesto. La más evidente, adoptar un sistema de retiro similar al de los demás trabajadores del país, a través de un sistema de afores. De esa forma las aportaciones extras de los actuales trabajadores sí hubieran servido, por lo menos, para reducir el pasivo del Seguro Social y quizás para mejorar el servicio.
La mejor demostración de que este acuerdo fue un fracaso, que es un retroceso disfrazado de un avance, es que en agosto del año pasado, cuando se discutieron las reformas a la ley del Seguro Social, el sindicato había propuesto exactamente lo mismo que ahora se aprobó. En ese momento el congreso consideró insuficiente la propuesta porque no hacía autofinanciable el sistema de pensiones de los futuros trabajadores y por eso mismo se aprobaron las reformas a la Ley para garantizar ese aspecto. Si en agosto no era suficiente no se entiende porqué lo sería ahora.
No se ganó nada: en los próximos 25 años, los trabajadores actuales del Seguro se seguirán jubilando a los 27 años de labor, con el 130 por ciento de sus salario y una docena de prestaciones más que la mayoría de los trabajadores del país; es verdad que aportarán más para el fondo de pensiones de los futuros trabajadores pero eso se agotará en apenas cuatro años y se seguirá financiando un sistema de jubilaciones y pensiones para los futuros trabajadores que, incluso así, tendrán condiciones muy diferentes, mucho mejores, a los de la enorme mayoría de los trabajadores del país.
Estas se parecen a las soluciones que se adoptaron cuando Ricardo García Sainz dirigía el Seguro Social y el actual director Fernando Flores, era uno de sus principales operadores. De esa época viene el fracaso actual. De aquí parte el que tendremos a mitad del próximo sexenio.