Nunca hemos tenido un instrumento que permitiera medir la magnitud de la inseguridad en nuestro país de la calidad de la tercera encuesta del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad (ICESI). Se trata del resultado de un largo y complejo proceso en el que se levantaron 66 mil encuestas en domicilio, siguiendo los criterios establecidos por las Naciones Unidas para consultas sobre inseguridad. El ICESI es de las instituciones más serias que pueden existir en el país en el aspecto de las investigaciones sobre la seguridad y por ello cuenta con un aval tan amplio de respaldos. Pero ello no ha impedido que sus anteriores encuestas fueran condenadas, sobre todo por la administración capitalina, considerando que se les daba un uso partidario a las mismas y que se estaba distorsionando la verdad sobre la inseguridad.
Nunca hemos tenido un instrumento que permitiera medir la magnitud de la inseguridad en nuestro país, estado por estado, grupo social por grupo social, género por género, de la calidad de la tercera encuesta del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad (ICESI), avalada y respaldada por instituciones tan diversas y prestigiadas como la Universidad Nacional Autónoma de México, el Tecnológico de Monterrey, la Fundación Este País, la Coparmex y el Consejo Coordinador Empresarial. Se trata del resultado de un largo y complejo proceso en el que se levantaron 66 mil encuestas en domicilio, siguiendo los criterios establecidos por las Naciones Unidas para este tipo de consultas sobre inseguridad.
El ICESI es de las instituciones más serias que pueden existir en el país en el aspecto de las investigaciones sobre la seguridad y por ello cuanta con un aval tan amplio de respaldos. Pero ello no ha impedido que sus anteriores encuestas fueran condenadas, sobre todo por la administración capitalina, considerando que se les daba un uso partidario a las mismas y que se estaba distorsionando la verdad sobre la inseguridad. Lo mismo han hecho otros estados, aunque con menor virulencia que el gobierno del DF.
En esta ocasión hay muy poco margen para el debate. El martes, el procurador Bernardo Bátiz se vanagloriaba de que éste es el año en el que los capitalinos gozamos de mayor seguridad de los últimos once, o sea nada más y nada menos que desde 1994. Lamentablemente los datos, una vez más no le dan la razón. Ahí está, por ejemplo, el testimonio grabado de uno de los principales líderes de bandas de secuestradores del país, Juan Carlos García Montante, explicando, sin rubor alguno, cómo realizaba sus secuestros en la capital y cómo pagaba a la policía judicial del DF cuando era detenido para ser liberado de inmediato, incluso en el momento en el cual estaba cobrando el rescate de algún secuestro. O cómo liberó a su hermano, ya detenido en el reclusorio norte del DF, pagando dos millones de pesos a alguien que le entregó al secuestrador preso una libreta de libertad y, simplemente, lo espero en la puerta del penal a que saliera por la puerta grande. García Montante y su banda ahora están detenidos, pero luego de una investigación independiente de la AFI porque en el DF estaban protegidos por las propias fuerzas policiales.
Pero los datos de la encuesta van mucho más allá. El dato más duro es que, el 86 por ciento de los capitalinos se siente inseguro en la capital del país y que el 85 por ciento tiene la percepción de que los delitos aumentaron en el último año. La incidencia delincuencial es clara: de cada cien mil habitantes, 20 mil 700 han sufrido algún delito en Baja California, 19 mil 700 en el DF, otros 16 mil 300 en Quintana Roo y una cifra similar en el estado de México. En esas cuatro entidades se concentran el 23 por ciento de todos los delitos que se cometen en el país: son también, en buena medida, las que tienen mayor cobertura mediática y donde las autoridades no terminan de reconocer, y en algunos casos ni siquiera de aceptar, esa realidad. Cuando se habla de porcentajes las cifras son similares: mientras en la media nacional en el 13 por ciento de las viviendas encuestadas al menos un persona fue víctima de un delito en el último año, en el DF el porcentaje fue de 29 por ciento; en el estado de México del 25 por ciento y en Baja California del 23 por ciento (por cierto, entidades gobernadas, respectivamente, por el PRD, el PRI y el PAN). Existen diferencias notables: a pesar del incremento de la inseguridad registrada en los últimos tiempos por enfrentamientos entre grupos del narcotráfico, la incidencia delictiva, por ejemplo, de Nuevo León fue de 9.7 por ciento y en todas las encuestas sorprende que en Chiapas se den los menores índices de todo el país: apenas entre un 3 y un 4 por ciento.
El perfil de las víctimas del delito y de los delincuentes también es interesante y debería llamar a la reflexión: la enorme mayoría de las víctimas son pobres, jefes de familia y tienen entre 20 y 40 años, pero la mayoría de los delincuentes tienen las mismas características demográficas. Tampoco es verdad que la delincuencia afecta a todos por igual o, como dijeron las autoridades capitalinas cuando se dio la marcha contra la inseguridad en el 2004, que era una expresión de las clases medias y altas que se sentían inseguras, en todo el país pero particularmente en la capital, un altísimo porcentaje de víctimas son los trabajadores más pobres, aquellos que se dijo que serían los primeros y a los que no se les ha garantizado ese derecho primigenio que es, precisamente, la seguridad en sus bienes y propiedades, de por sí escasos.
También debe generar profunda preocupación el crecimiento exponencial de los delitos sexuales. El 3.6 por ciento de todos los delitos que se cometen han sido delitos sexuales y poco más de 9 de cada diez víctimas de los mismos han sido mujeres. Más preocupante aún: siete de cada diez delitos sexuales se cometen en la casa de la víctima (el 70.5 por ciento) y el resto, casi sin excepciones, en la calle, el 26.9 por ciento.
Lo que permite explicar los números alegres de muchas autoridades cuando hablan de la inseguridad lo tenemos en la cifra negra, en los delitos no denunciados que se producen. Siempre se ha debatido cuál es ese porcentaje. Con base en el presente estudio se puede presentar una cifra realista: el porcentaje es del 88 por ciento y en el DF alcanza al 90.5 por ciento o sea que 9 de cada diez delitos, simplemente, no se denuncian.
El resumen es una radiografía brutal de lo que sucede en términos de seguridad en buena parte del país: en el último año se cometieron aproximadamente 11 millones 800 mil delitos mientras que las autoridades han reconocido la existencia de sólo un millón 400 mil. Las víctimas suman 7 millones y medio y más de dos millones de éstas son multivíctimas, o sea personas que han sufrido en varias ocasiones distintos delitos, la mayoría de ellos por su circunstancia socioeconómica. Las entidades con mayor incidencia delictiva son Baja California y el Distrito Federal, la primera con el mayor número de delitos, la segunda con el mayor número de viviendas victimizadas
Existen diferencia notables, por último, en la percepción de la gente respecto a las policías. Mientras poco más del 42 por ciento de quienes conocen su existencia tiene confianza en las fuerzas federales, tanto la AFI como la PFP, ese porcentaje baja al 20 por ciento cuando se habla de la policía de tránsito, la judicial estatal o la preventiva municipal y estatal. Mientras que la AFI y la PFP tienen un nivel de aprobación superior a una calificación de 7 sobre diez puntos, las demás están en los seis. Mientras el 66 por ciento está satisfecho con la labor de la AFI y el 63.4 por ciento con la que desarrolla la AFI, los otros niveles policiales están en un nivel de satisfacción del 40 por ciento.
Las conclusiones en este sentido parecen ser evidentes: sólo los cuerpos policiales nuevos, federales, creados bajo una nueva concepción, tienen aceptación y un grado pasable de eficiencia. Ese sólo dato tendría que mover a los políticos a dos cosas: por una parte, a avanzar en las propuestas de reformas que permitirían transformar y de alguna manera centralizar las fuerzas policiales de los tres niveles de gobierno. Segundo, para evitar las vicisitudes políticas y las ocurrencias de algunos aspirantes, es necesario blindar instituciones que aún pueden dar mucho más como la AFI y la PFP y ello debería incluir la institucionalización de carreras profesionales en sus principales mandos. Eso es lo que muestran las cifras: lo otro es rollo de funcionarios y aspirantes presidenciales, que no cumplen su labor, pero buscan justificarse.