Hace un año ocurrieron los linchamientos de San Juan Ixtayopan, en Tlahuac en la ciudad de México. Esa tarde, tres agentes de la Policía Federal Preventiva estaban realizando un operativo de vigilancia, dos de ellos estaban trabajando en casos de narcomenudeo, un tercero investigaba la presencia de grupos armados ligados al EPR.
Los agentes fueron capturados, golpeados y finalmente, incinerados. Dos de ellos murieron, un tercero quedó con heridas muy graves que no le han permitido, hasta el día de hoy, su recuperación. Lo grave es que a un año de los hechos no ha pasado nada y va a ser difícil que alguna vez se haga justicia.
Hace un año ocurrieron los linchamientos de San Juan Ixtayopan, en Tlahuac, en la ciudad de México. Esa tarde, tres agentes de la Policía Federal Preventiva estaban realizando un operativo de vigilancia, dos de ellos estaban trabajando en casos de narcomenudeo, un tercero investigaba la presencia de grupos armados ligados al EPR en la zona y particularmente en una de las casas donde se generó el enfrentamiento. Existía información de que en esa vivienda, habría una reunión de dirección de uno de los desprendimientos del EPR esa misma noche. La labor de vigilancia, obviamente, estuvo mal planeada y llevada a cabo. Los agentes fueron detectados y en un montaje previamente diseñado, fueron acusados del robo de infantes en una escuela de la zona. En realidad les querían dar un escarmiento y enviar un mensaje a las autoridades federales. De la misma forma en que habían actuado grupos ligados al EPR en otras ocasiones, los agentes fueron capturados, golpeados y, finalmente, incinerados. Dos de ellos murieron, un tercero quedó con heridas muy graves que no le han permitido, hasta el día de hoy, su recuperación.
Lo grave es que a un año de los hechos no ha pasado nada. El comisionado de la Policía Federal Preventiva, el almirante José Luis Figueroa, fue destituido de su cargo, lo mismo que los responsables directos de los agentes involucrados en los hechos. Pero nadie más pagó el costo. Tlahuac fue colocado en el contexto de la lucha por el desafuero de López Obrador y eso paralizó la acción de la justicia respecto a los principales involucrados, también con relación a las autoridades capitalinas responsables de no haber rescatado a los agentes y, finalmente, tampoco se divulgó, plenamente, el tipo de relación que habían establecido los grupos armados con las autoridades locales.
En el primer aspecto, es verdad que existe una treintena de detenidos. La mayoría de ellos participaron abiertamente en los hechos y deberían ser juzgados y condenados. Algunos otros, una decena, continúan prófugos. Alguno de los detenidos fue procesado sin que tuvieran responsabilidad en los hechos y ya ha quedado en libertad. Pero el punto central es que pese a la información de que el linchamiento de los agentes fue una operación planeada y ejecutada por un grupo armado, no ha habido ni la investigación ni la persecución plena de los responsables.
Información no confirmada públicamente, asegura que incluso en los videos de los hechos, se puede observar a dirigentes eperristas que habían concurrido a la reunión que se celebraría esa noche en la casa de seguridad del grupo (ubicada exactamente enfrente de donde se suscitaron los hechos). Pero ni se ha dicho claramente quiénes son ni se los ha perseguido como debería haber ocurrido. Incluso en las últimas semanas, como que se le ha querido quitar fuerza a esa versión, dejando la causa y la responsabilidad de esos hechos en una suerte de limbo judicial y político.
Lo que resulta asombroso es que entre las autoridades capitalinas no se haya responsabilizado a nadie por lo ocurrido. Ni los patrulleros que estaban en el lugar de los hechos, ni los altos mandos de la secretaría de seguridad pública ni la delegada Fátima Mena. Los testimonios demuestran que en el lugar de los hechos había agentes policiales de la SSP del DF que no intervinieron: alegan que recibieron órdenes de no hacerlo. A unos minutos de San Juan Ixtayopan está el cuartel del principal grupo de reacción rápida de la propia secretaría capitalina y tampoco fue avisado ni movilizado para impedir el linchamiento. El entonces secretario de seguridad pública, Marcelo Ebrard, ha dado los más diversos testimonios sobre lo ocurrido esa noche, modificando en cada uno de ellos las decisiones que tomó o dejó de adoptar, los horarios, su participación y la de sus subordinados. En realidad, desde que comenzaron los hechos y hasta bien avanzados, Ebrard estaba en una reunión con la cámara de la industria de la radio y la televisión del DF, y no ha quedado claro si el subsecretario, todavía en funciones, Gabriel Regino, le avisó o no de lo que sucedía. Lo que sí es claro es que Regino le informó al almirante Figueroa, en la PFP, que las cosas estaban bajo control y muchos minutos después le avisó que siempre no, casi a la misma hora en que los agentes eran asesinados. En realidad, el cúmulo de errores que habría cometido Regino en esas horas lo convertirían en el principal responsable de los hechos entre las autoridades capitalinas: informó mal y en forma contradictoria, dio órdenes de no intervenir, no hizo nada para tratar de liberar a los agentes secuestrados. Pero nada, hasta ahora, le ha sucedido, ni siquiera fue separado de su cargo.
Otra funcionaria con un altísimo grado de responsabilidad es la delegada Fátima Mena: ella estuvo en el lugar de los hechos cuando los agentes ya estaban secuestrados y eran golpeados por la gente. Pero decidió no intervenir. Hizo incluso declaraciones a los medios que ya estaban en la zona y simplemente se fue y dejó a los secuestrados librados a su suerte. Sostuvo en su momento que no tenía fuerzas para hacer otra cosa: no es verdad, tenía desde fuerzas policiales en Mixquic a su disposición hasta su propia custodia. Simplemente, si la delegada Mena hubiera decidido quedarse en el lugar para proteger a los agentes, muy difícilmente éstos hubieran corrido con la suerte que la turba les deparó. Pero la delegada, con los agentes secuestrados y golpeados a unos metros, decidió mejor irse del lugar y no tomar medida alguna.
El jefe de gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrador, no responsabilizó a ninguno de sus colaboradores, incluso avaló, en su momento, la tesis de que en realidad, los agentes linchados podían ser “robachicos”. Cuando perdió toda verosimilitud esa versión, el jefe de gobierno siguió defendiendo a los suyos y no aceptó responsabilidad alguna, cuando era evidente todo lo contrario. Pero en el marco de la lucha por el desafuero, para López Obrador, los linchamientos de Tlahuac también fueron considerados parte del complot.
¿Por qué actuaron así las autoridades capitalinas?. Hay diferentes tesis, pero una parece ser sustantiva: las autoridades locales, de la delegación y las fuerzas policiales de la zona, están en convivencia con los grupos armados que operan en ella. Existe una suerte de acuerdo de no “meterse” en la zona, al tiempo que ellos se responsabilizan del “orden” en la misma. Por eso, ni Fátima Mena ni los policías locales intervinieron pese a estar en el lugar de los hechos. Esa convivencia puede ser más grave porque esa parte de la ciudad se ha convertido en uno de los principales depósitos y aprovisionadores de droga para el narcomenudeo, y casualmente allí tampoco nunca nadie es detenido por esa causa. El contacto con esos grupos es la corriente bejaranista de la que participa Mena. No se sabe porqué Gabriel Regino dejó de actuar e incluso mintió sobre lo que estaba sucediendo. Una posibilidad es que como se trataba de agentes federales y el enfrentamiento entre el gobierno federal y el local estaba en su apogeo por el desafuero, hubiera decidido no hacer nada para no meterse en problemas políticos. Quizás por eso, porque su jefe estaba en un acto político, Regino decidió no avisarle, por lo menos, con la atingencia que el hecho ameritaba. Ebrard, una vez informado, tampoco giró órdenes precisas y cuando decidió ir al lugar de los hechos, los agentes ya habían sido asesinados. Para esa hora no necesitaba información de sus subordinados: lo que estaba sucediendo en Tlahuac lo hubiera podido ver sin problemas por televisión, en vivo y sin cortes: donde no habían podido llegar los medios, habían llegado sin problema los medios.
Es demasiada impunidad. Pero este primer aniversario de las muertes en San Juan Ixtayopan nos encuentra en pleno inicio del proceso electoral. Va a ser difícil que alguna vez se haga justicia.