No por previsible resulta menos significativa la reacción de Andrés Manuel López Obrador que este fin de semana descubrió que las leyes que le otorgarían autonomía a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, al Sistema de Administración Tributaria, al Consejo Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y a la COFETEL, son medidas adoptadas para ?atarlo? y quitarle atribuciones a la presidencia e incluso para crear un cuarto poder: el de los financieros. El mismo día, también en gira por Chiapas, reiteró que no abrirá ?ni un ápice? el sector energético a la iniciativa privada y que ?ya se los dijo? a los empresarios para que ?no anden zopiloteando?. Como le parecía poco para un solo recorrido, también anunció, solemnemente, que de llegar a la presidencia revisará el Tratado de Libre Comercio para no abrir, como lo establece éste, el sector agrícola en el año 2008.
No por previsible resulta menos significativa la reacción de Andrés Manuel López Obrador que este fin de semana descubrió que las leyes que le otorgarían autonomía a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, al Sistema de Administración Tributaria, al Consejo Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y a la COFETEL, son medidas adoptadas para “atarlo” y quitarle atribuciones a la presidencia e incluso para crear un cuarto poder: el de los financieros. El mismo día, también en gira por Chiapas, reiteró que no abrirá “ni un ápice” el sector energético a la iniciativa privada y que “ya se los dijo” a los empresarios para que “no anden zopiloteando”. Como le parecía poco para un solo recorrido, también anunció, solemnemente, que de llegar a la presidencia revisará el Tratado de Libre Comercio para no abrir, como lo establece éste, el sector agrícola en el año 2008.
Pocas veces se puede reflejar con tanta claridad, por una parte, el desconocimiento de cómo funciona un Estado que pretende ser democrático, con una ignorancia tan profunda de la economía y del funcionamiento de la misma en el mundo actual.
Todos los países modernos están tratando de establecer instituciones con un amplio poder autónomo en el manejo de las finanzas y el control institucional, para disminuir la discrecionalidad de los ejecutivos. Incluso esas instituciones autónomas en regiones como la Unión Europea, han dejado de ser nacionales para ser supranacionales: el banco central europeo fija las políticas monetarias para los 25 países miembros de la comunidad, y lo mismo se repite en muchos otros ámbitos. Buena parte del éxito económico de la administración Clinton se debió a la labor, sin duda autónoma, del presidente de la Reserva Federal, Alan Greenspan, un financiero republicano que fue designado por Ronald Reagan, que se mantuvo en su cargo cuando fue presidente George Bush (a pesar de que no tenía muchos puntos de acuerdo con el entonces mandatario), que fue ratificado por el demócrata Clinton (con el que trabajó magníficamente bien, a pesar de ambos provenir de fuerzas políticas distintas) y volvió a repetir en el cargo con George W. Bush. Dejará la Reserva Federal en enero próximo y nadie duda de que la autonomía de la que goza esa institución fue la que permitió la bonanza y certidumbre financiera de Estados Unidos en las dos últimas décadas.
Cuando en el mundo actual lo que se exige a las naciones para atraer inversiones y crecer es la certidumbre jurídica, la certeza, el respeto a las políticas establecidas, alejándolas en todo lo posible de los caprichos coyunturales de cualquier político en el pdoer, la solución han sido las instituciones reguladoras autónomas: pocas cosas han tenido, por ejemplo, más éxito en nuestro país, en el terreno financiero, que otorgarle autonomía al Banco de México. Es lo que permite tener control sobre decisiones del Ejecutivo a través de una institución autónoma que tiene responsabilidades constitucionales y legales específicas. Lo mismo sucede en otros ámbitos, por ejemplo, con el IFE (¿tendría el Instituto Electoral la misma credibilidad si dependiera, como en el pasado, de la secretaría de Gobernación?), el Tribunal Electoral, el IFAI, incluso con las reformas constitucionales que le dieron desde el 95, autonomía real a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ninguna de esas instituciones se conformaron por el capricho de un presidente, sino que en todos los casos se integraron con propuestas avaladas por dos tercios de distintos ámbitos legislativos y están destinadas, precisamente, a controlar al Ejecutivo y acotar las funciones de un presidencialismo excesivo.
Resulta revelador de la forma de entender la política y de ejercer el poder de López Obrador su exigencia de que esas políticas e instituciones estén subordinadas, como en el más antiguo pasado priista, a los intereses del presidente, para que éste no se sienta “atado”. Así funcionaba en el pasado, sobre todo en el periodo que resulta de referencia en la concepción política de López Obrador: los de Luis Echeverría y José López Portillo. Por eso, ha dicho que tratará de reformar y acotar a la Suprema Corte, por eso ha criticado al banco de México, al IFE, al TRIFE, por eso se ha negado a crear un verdadero instituto de transparencia en el Distrito Federal y ha dejado guardados como secreto de estado, incluso los gastos que ha realizado en obras públicas en su gestión de gobierno. ¿Para qué quieren, preguntó alguna vez, un instituto de transparencia, si yo informo todos los días en mi conferencia de prensa a las seis de la mañana? De la misma forma podría preguntarse, ¿para qué necesitamos instrumentos autónomos si es más sencillo controlar todo, desde el manejo de las finanzas públicas hasta los procesos judiciales, desde la oficina presidencial, si quien la ocupa soy yo, porque cualquier otro sería un representante del mal?
Al contrario de lo que piensa López Obrador esas instituciones autónomas sirven, por ejemplo, para evitar que en un berrinche un presidente decida “nacionalizar” la banca, pero también para que a nadie se le ocurra en el futuro desde la presidencia utilizar para sus fines los fondos para el retiro invertidos en las Afore o para que no se intervenga a placer del ejecutivo en las decisiones bursátiles o electorales.
Todas esas son instituciones que fortalecen la certidumbre jurídica de un país y permitenn fortalecer la economía, porque sirven, junto con otras decisiones que también se deben adoptar, para atraer inversiones y con ello generar fuentes de trabajo (por cierto, no hay otra forma económicamente sana de hacerlo) y combatir por ende la pobreza. Pero López Obrador no está pensando en atraer inversiones: reafirma que no abrirá el sector energético y lo hace, dice, para que los empresarios no “anden zopiloteando” (o sea que entiende a los inversionistas como carroñeros que intentan apoderarse de los “despojos” de ese sector productivo), en el marco de una propuesta económica que se basa, hasta ahora, en parámetros imposibles de explicar para el propio candidato (como el ahorro de cien mil millones de pesos anuales en el gasto público, que nadie sabe de dónde saldrán).
Más grave aún, López Obrador (un político que ha demostrado un profundo desconocimiento del mundo y de la política internacional), asegura que revisará el TLC con Estados Unidos y Canadá, para no abrir el sector agrícola en el 2008. Alguien debería avisarle que eso es imposible sin un acuerdo previo con nuestros dos principales socios comerciales y que si se lanza a una acción de esas características en forma unilateral, lo único que logrará será reventar el propio TLC y dejarnos sin uno de los principales instrumentos de desarrollo del país. Claro, dirá que no lo necesitamos y que es más importante preservar nuestra soberanía y que, por ende, no entre el maíz extranjero a nuestro país. Si alguien le dijera que, con toda la importancia social que tiene el sector, allí se genera sólo el 5 por ciento de nuestro producto interno bruto y que pondría en peligro el otro 95 con su decisión, quizás se comprendería porqué hay que reconsiderarlo. El problema no es el TLC: es que no hemos tenido, en los últimos 15 años una política para el campo y ahora se debe hacer en un par de años lo que no se realizó en década y media; el problema no son las instituciones autónomas sino la caída en las inversiones por la disminución, gracias a personajes como López Obrador que quieren reinvertar el país sexenalmente, de la credibilidad y la certidumbre que las inversiones de largo plazo requieren para prosperar en un mundo que está lleno de ofertas para que esos capitales recalen en ellos. O que, por ello mismo, por esa ceguera política, nuestra productividad retroceda año con año (tenemos la economía número 10 y el índice de productividad 55 en el mundo).
Pero en la oferta política del candidato del PRD nada de eso es importante: lo decisivo es que si él llega a la presidencia, allí se concentre todo el poder público: ¿quién quiere instituciones si lo que se ofrece es un líder patriarcal?