En parte tienen razón algunos legisladores cuando dicen que los medios se quejaban de que no legislaban y cuando intentan hacerlo, incluso con profusión, se los critica acusándolos de efectuarlo al vapor o de la mano con negociaciones electorales. En parte las críticas son justas, pero también parecen abarcar sólo un aspecto, un capítulo de lo que está sucediendo en el congreso y que va más allá de algunas simplificaciones.
En parte tienen razón algunos legisladores cuando dicen que los medios se quejaban de que no legislaban y cuando intentan hacerlo, incluso con profusión, se los critica acusándolos de efectuarlo al vapor o de la mano con negociaciones electorales. En parte las críticas son justas, pero también parecen abarcar sólo un aspecto, un capítulo de lo que está sucediendo en el congreso y que va más allá de algunas simplificaciones.
Por una parte es un hecho, público, que la alianza del PRI y el Partido Verde (e incluso la negociación probablemente no demasiado bien intencionada de los Verdes con el PAN) sí impuso la votación de algunas iniciativas, sacándolas de la congeladora legislativa. Pero el tema no sería tan sencillo si comprobamos que varias de estas iniciativas, incluyendo la polémica de la ley de radio y televisión fueron aprobadas en la cámara de diputados por unanimidad, por todos los partidos, incluyendo el PRD.
Esa iniciativa parece no haber molestado, por ejemplo, a López Obrador, ya que no ha dicho una palabra al respecto y por lo tanto no parece considerar que ella lo “ata” para cumplir sus funciones si llega a la presidencia…quizás porque la percibe como una ruta útil para avanzar en ese objetivo. La iniciativa aprobada está bien sustentada en algunos puntos (sobre todo en la certidumbre jurídica que le da a los concesionarios) pero tiene serias limitaciones en otros, como por ejemplo, en la previsión sobre el futuro tecnológico del sector; en otro ámbito si bien es sano que las concesiones de radio y televisión se otorguen vía licitación, en las mismas deben incorporarse otros criterios además de los exclusivamente financieros. Lo que resulta peculiar es que se diga que fue producto sólo de un acuerdo de Televisa con el PRI cuando debe haber, por lo menos entre los partidos, otros involucrados. Si la ley se impulsó para frenar las concesiones que pudiera dar en el final de su sexenio Vicente Fox, también se hizo para evitar, al mismo tiempo, que en el futuro, López Obrador, si resulta ganador del 2006, pueda reconstruir, como hizo Hugo Chávez, todo el espectro de radio y televisión para crearlo a su imagen y semejanza.
Seguramente ambos aspectos deben haber estado sobre la mesa de las negociaciones (como deben haber pesado en el gobierno las presiones, a los gritos y empujones, que un grupo de pequeños concesionarios realizaron al finalizar la semana de la radio y la televisión sobre el propio presidente Fox y el secretario Pedro Cerisola, exigiendo que sus frecuencias de AM fueran convertidas en “combos” o sea que se les sumara una frecuencia de FM que emitiera la misma programación, para avanzar en su propia reconversión), pero deben haber interesado, por las razones que sea, al gobierno y a los partidos, porque la iniciativa, que sorprendió incluso a casi toda la CIRT (donde la molestia con Televisa por el tema es evidente) salió aprobada por unanimidad. Allí, en esa iniciativa que sin duda tiene muchas limitaciones, convergieron una serie de intereses, incluso contradictorios y enfrentados entre sí, para sacarla adelante.
Se asegura que se frenará en el senado: quién sabe, todo indica que allí podrían, en todo caso, ejecutarse algunos cambios menores y regresarla a la cámara baja, lo que obligaría a votarla en definitiva en el siguiente periodo legislativo de marzo. Pero muchos aseguran que, pese a las presiones, existe un acuerdo mayoritario, que incluye una vez más a buena parte del perredismo, para sacar esa iniciativa tal cual fue votada en San Lázaro.
Pero hay otro caso más grave. Ayer iban a ser votadas también otras iniciativas, incluyendo las que dan autonomía a distintas instituciones financieras como el Sistema de Administración Tributaria y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, mismas que sí generaron reacciones furibundas del perredismo y que incluso llevaron a Felipe Calderón a proponer que no se aprobaran para impedir el proceso de “victimización” del candidato perredista. El PAN siguiendo a su candidato, prefirió optar por posponer esa discusión para no enfrentarse con López Obrador y cometió un grave error. En realidad, ninguno de los que sostienen que esas iniciativas constituyen una atadura para el próximo presidente, e incluso hasta la creación de un “cuarto poder” financiero en la estructura de gobierno, ha podido sustentar sus apreciaciones con datos que vayan más allá del interés de López Obrador de tener, si llega a la presidencia, el control de esas instituciones. Esas iniciativas lo que buscan es garantizar la certidumbre y acotar la discrecionalidad de cualquiera que llegue al poder ejecutivo. Y si quienes se oponen a esas reformas no piensan ser discrecionales en la utilización de ese poder, si piensan cumplir con las leyes y garantizar la certidumbre jurídica, no tendrían porqué preocuparse: esas medidas no los afectará en lo más mínimo y por el contrario, le permitirán un manejo más ordenado de las finanzas públicas. Claro, si sus intenciones son otras, entonces la suma del poder público es mucho más eficiente y estas medidas constituyen efectivamente una atadura. Que el PAN se haya echado para atrás a última hora, recuerda lo actuado con el tema del desafuero, pero incluso es peor, porque en este caso se trataba de leyes podrían contribuir al fortalecimiento del estado de derecho y a la certidumbre jurídica.
Porque, además, esas reformas no se realizaron al vapor: son parte de aquellas primeras reuniones que se establecieron con Carlos Abascal en Gobernación y en la que participaron José González Morfin y Emilio Chuayffet, para diseñar una agenda legislativa para este periodo. En esta ocasión lo que se hizo fue trabajar en comisiones éstos y otros temas sin sacarlos a la opinión pública (no se descartaba incluso que en horas pudiera haber alguna sorpresa en el tema de pensiones, pero la decisión panista de no avanzar en los temas financieros podría bloquear también esa reforma) y cuando estuvieran terminados llevarlos al pleno para evitar desgastes mediáticos.
Se pensó que, ante el proceso electoral en ciernes, cada grupo parlamentario se encerrarían en su propia agenda para no sacar los temas pendientes. En realidad, la motivación fue exactamente la contraria: mientras en el PAN y en el gobierno esas propuestas se consideraban necesarias para avanzar en la gobernabilidad y para mostrarse más eficientes en su operación política, en el PRI (y para Roberto Madrazo en particular) eran importante porque demostraban que no eran la bancada del no, que manejaban una agenda positiva y que podían llegar a acuerdos con sus adversarios para sacar adelante temas cercanos a las famosas reformas estructurales. Y ese era un mensaje, para ambas clientelas políticas pero que también iba dirigido a otros sectores de poder. Ese es el mensaje que se frustró el día de ayer por la errónea decisión panista que cedió al chantaje de López Obrador.
En este sentido, la negociación con el Verde, incluso la que llevó a cabo el PAN con ellos, aunque frustrada, sirvió como una suerte de cortina de humo para la otra, mucho más profunda, que buscaba dar como fruto esa cascada de iniciativas que ahora parecen haber quedado pendientes. Lamentablemente, de la misma forma que algunos acuerdos electorales han sacado adelante ciertas reformas, todo indica que los cálculos políticos de coyuntura, han frustrado un largo proceso de negociaciones legislativas y que López Obrador volvió a torcerles el brazo a los panistas.
La única buena noticia, para ellos, parecería ser que, en el PAN, finalmente han decidido alinearse con su candidato presidencial y seguir una sola línea. Lástima que haya sido en torno a una decisión equivocada.