¿Hay algo peor que el poder para transformar a los hombres? Sí es la expectativa del poder aún no alcanzado. En el equipo de Andrés Manuel López Obrador están pensando ya en el poder de esa manera. Como si inevitablemente estuviera ya en sus manos y las elecciones del dos de julio fueran un mero trámite.
¿Hay algo peor que el poder para transformar a los hombres? Probablemente sí, y es la expectativa del poder aún no alcanzado: el estar convencidos aún antes de tenerlo en sus manos de que el poder es suyo y que de ninguna forma se les escapará. Más grave aún es cuando los datos objetivos de la realidad demuestran que no es así, que nada está asegurado, que la posibilidad existe pero que nadie puede asegurar que las cosas se darán de ese modo.
En el equipo de Andrés Manuel López Obrador están pensando ya en el poder de esa manera. Como si inevitablemente estuviera ya en sus manos y las elecciones del dos de julio fueran un mero trámite (y por eso se ponen tan nerviosos cuando las encuestas, la realidad pues, les demuestra que no es así), pero además, por inexperiencia o por una muestra de cómo interpretan el ejercicio del poder, creen que éste caerá en sus manos en forma completa, sin contrapesos ni limitaciones: que será una suerte de suma del poder público con el que podrán hacer lo que quieran.
La mejor demostración de ello la dio esta semana el jefe de gobierno capitalino y aspirante a secretario de gobernación si López Obrador gana las elecciones, Alejandro Encinas. El jueves pasado, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Mariano Azuela, rindió su tercer informe de labores y abordó un tema que para el poder judicial era ineludible: el desafuero de López Obrador. Al respecto, Mariano Azuela advirtió, con otras palabras, que se había dado una solución política a un problema legal y que se lo hizo vulnerando la ley: recordó que en el caso de El Encino hubo una violación a la ley y un desacato de las autoridades responsables a una decisión judicial e insistió, contradiciendo el argumento oficial para acabar con ese proceso, que ese delito, el desacato, por supuesto que tiene una penalización. Azuela hizo esa advertencia no para reabrir (aunque en los hechos no está cerrado) el caso de López Obrador, sino por la sencilla razón de que para el poder judicial, pocas cosas deben ser más graves que el que sean las propias autoridades las que ignoren concientemente las leyes, las violen y no pase nada. El desacato en el caso de El Encino, en esta lógica, podría repetirse en cualquier otro ámbito y cualquier funcionario podría utilizar ese antecedente como argumento para no cumplir con una orden judicial. Ese fue el señalamiento de Azuela y si se tiene una mínima noción de cómo funciona la separación de poderes en un estado que pretende ser democrático, se puede comprender perfectamente.
Para Encinas no fue así. El jefe de gobierno dijo que el informe del presidente de la Suprema Corte tenía intencionalidad política, que Azuela había “violado la tregua electoral” y que era un ataque a su candidato. Primero habría que explicarle al jefe de gobierno, que el poder judicial no participa de ninguna tregua electoral porque no es parte de ese proceso: la tregua es para los candidatos y partidos y que se sepa la SCJN no es ni una cosa ni la otra. Le podrán gustar o no los juicios del presidente de la Corte, pero lamentablemente es la cabeza de otro poder que se mueve con una lógica diferente que el partidario y el político. Se podrá argumentar y quizás es verdad, que desechando el desafuero de López Obrador se evitaron males mayores, pero judicialmente no se puede negar que hubo una violación de la ley que no se sancionó y para la Corte eso es, debe ser más importante que cualquier justificación política. Que el jefe de gobierno capitalino defendiendo a su jefe se encargue de intentar regañar por ello nada menos que al presidente de la Corte, lo hace caer en el ridículo.
Otro prominente hombre del poder capitalino, el procurador Bernardo Bátiz, un hombre honesto pero que no se ha caracterizado precisamente por su eficiencia, confesó en una entrevista publicada el domingo en Milenio, que “ya se ve en la PGR”. Alguien tendría que explicarle que falta un año para el cambio de gobierno y seis meses para las elecciones. Pero además, hizo algunas revelaciones muy interesantes: reconoció que la procuraduría capitalina será blanco de ataques porque éste es un año electoral y que tiene dos flancos vulnerables: los casos de crímenes no resueltos como los del Mataviejitas, y por la mala atención que se da en los ministerios públicos locales. Horas más tarde, ayer mismo, la procuraduría capitalina encontró la solución al caso del Mataviejitas: decidieron que, como no lo encuentran, seguramente se suicidó. Un argumento irrebatible. Sobre los ministerios públicos, el procurador pide a la gente que vaya sin miedo porque los datos de quienes realicen denuncias “se guardan en un sobre al que no tiene acceso ni el acusado ni sus abogados ni los policías judiciales o cualquier otro servidor público”. Es una declaración que evidentemente nos tranquiliza: todos sabemos que si los datos personales de un denunciante ante la procuraduría capitalina se “guardan en un sobre”, entonces son invulnerables por cualquier tipo de autoridad. Quizás por eso, también el procurador exhibe con tanta seguridad una encuesta de la propia institución que él encabeza donde asegura que nada más y nada menos que el 98.8 por ciento de los encuestados al salir del ministerio público dijo estar satisfecho del trato que recibió en esa instancia. Habría que preguntarse quiénes integran ese 0.2 por ciento de insatisfechos ante una institución que funciona tan eficientemente y porqué, si esas cifras son reales, el procurador Bátiz considera que ese es un flanco débil que podrá ser atacado en estos tiempos electorales. Pero no importa: don Bernardo “ya se ve” en la PGR.
Si Encinas y Bátiz, que son de los hombres más moderados y sensatos que han trabajado con López Obrador, ya se sienten en otro nivel, viéndose en otras posiciones, si de alguna manera ya perdieron la cabeza, ¿qué se puede esperar de los acelerados que sueñan con el regreso, con la revencha o con un poder que nunca tuvieron pero que necesitan casi como una droga?
Lydia Cacho: crónica de una injusticia
La detención de la periodista y reconocida activista contra la violencia de género, Lydia Cacho, es sencillamente una enorme injusticia. Lo fue la acusación, la forma en que fue detenida y el trato que se le otorgó. Lydia es una mujer valiente e inteligente. Se pueden compartir o no todos sus puntos de vista, pero el trabajo sobre prostitución infantil que fue la que la llevó a la cárcel, se ha basado en testimonios y documentación que obtuvo de diversas fuentes. Algunas de ellas, en mi opinión, le jugaron chueco a Lidia y le dieron información manipulada o incluso falsificada. Otra, por el contrario, es absolutamente fiable, auténtica. En todo caso, quienes se sientan agredidos o infamados deberían actuar contra el origen de esa información, no contra el mensajero, menos aún cuando se trata de una mujer que cumple una labor en la lucha contra la violencia sobre las mujeres tan encomiable y socialmente imprescindible. Su detención es, sencillamente, injusta, y la libertad bajo fianza no es suficiente para repararla.