Las constantes denuncias de corrupción que se lanzan unos personajes políticos a otros sin tener las pruebas suficientes para hacerlo, utilizándolas sólo como una forma de publicidad negativa para sus adversarios, llega en ocasiones al hartazgo, sobre todo porque en la enorme mayoría de los casos no se realizan las investigaciones necesarias como para darle respuesta a la sociedad. La denuncia ahí queda y la percepción es que todos son, sin excepción culpables. ¿Es que todos los políticos son corruptos?. En el sentido más estricto de la palabra no lo son, aunque la percepción pública que ellos mismos generan indica otra cosa. El problema es que tienen una enorme facilidad para denunciar la corrupción en la casa ajena y para no verla, cuando no les conviene, en la propia.
Las constantes denuncias de corrupción que se lanzan unos personajes políticos a otros sin tener las pruebas suficientes para hacerlo, utilizándolas sólo como una forma de publicidad negativa para sus adversarios, llega en ocasiones al hartazgo, sobre todo porque en la enorme mayoría de los casos no se realizan, por falta de voluntad política o por falta de pruebas, las investigaciones mínimas necesarias como para darle respuesta a la sociedad. La denuncia ahí queda y la percepción es que todos son, sin excepción culpables: a veces es verdad, en otras la reputación quedó dañada para siempre (Carlos Almada uno de los políticos más honestos, cultos e inteligentes que hemos tenido acaba de ser exonerado de su presunta responsabilidad en el llamado Pemexgate ¿quién le ha dicho siquiera disculpe usted?). Al final del día, salvo casos en los que hubo mucho más de consigna política que de justicia real, como el de Oscar Espinosa o el de Carlos Ahumada, todos los corruptos quedan en libertad y algunos, incluso, se convierten rápidamente en inquisidores, olvidando su pasado (o quizás porque lo recuerdan muy bien).
¿Es que todos los políticos son corruptos? En el sentido más estricto de la palabra no lo son, aunque la percepción pública que ellos mismos generan indica otra cosa. El problema es que tienen una enorme facilidad para denunciar la corrupción en la casa ajena y para no verla, cuando no les conviene, en la propia. Sucede con la corrupción y los políticos algo similar a lo que le decía Rudiger Dornsbusch a Andrés Oppenheimer en su libro Cuentos Chinos sobre los sistemas judiciales: en América Latina tenemos sistemas judiciales muy rígidos que se aplican en forma flexible, mientras que en los países que han alcanzado el desarrollo hay sistema judiciales flexibles que se aplican en forma rígida.
En estos días hemos tenido de todo como para comprobar ese hecho. El lunes en su entrevista con Carlos Loret el presidente Fox salió en defensa de su familia y en particular de sus hijos políticos, los hermanos Bribiesca, hijos de Marta Sahagún. Lo que dijo el presidente Fox parece bastante sensato: si hay pruebas que las presenten ante un ministerio público. El despacho que realizó una auditoria con las presuntas pruebas que le entregó la comisión de la cámara de diputados se lavó las manos diciendo que no había encontrado ninguna irregularidad pero que le faltó información para realizar un estudio completo (¿entonces porqué aceptaron y cobraron la encomienda?). El diputado de Convergencia, ex panista y ex efímero oficial mayor del GDF con Cuauhtémoc Cárdenas (puesto que tuvo que abandonar acosado por escándalos financieros y personales que ahora prefiere olvidar para convertirse en acusador), Jesús González Schmal, atacó largamente al presidente diciendo que interfería con la investigación del caso. La pregunta es ¿qué investigación?¿desde cuando, se trate de los hijos de la esposa del presidente o de cualquier ciudadano, la cámara de diputados tiene atribuciones para realizar esas investigaciones como si fuera ministerio público?¿qué pruebas han encontrado después de más de un año de labores? Es al MP a quien le corresponde investigar, si tienen pruebas es al MP al que se deben dirigir y si no confían en el ministerio público federal porque consideran que puede existir interferencia política en sus decisiones, pueden fincar las denuncias en el de la entidad donde supuestamente se cometieron los delitos. Yo, como la mayoría de los ciudadanos, no sé si los hermanos Bribiesca cometieron o no alguna irregularidad aunque sin duda creo que se han movido sin respetar una ética política y de negocios que debería ser mucho más estricta, pero si cometieron un delito sería sano que se mostraran pruebas.
Con la misma lógica y tipo de pruebas que se acusa a los Bribiesca (e insisto en que muchas de sus actitudes son políticamente indefendibles) se exoneró a los Montiel. Puede ser que el ex gobernador y sus hijos no hayan cometido delito alguno, hay personas que conocen a Arturo Montiel desde hace años y aseguran que era muy rico desde antes de ser gobernador. Puede ser. Entonces ¿por qué no mostrar sus declaraciones patrimoniales anuales, por qué no explicar cómo se generaron sus negocios y qué utilidades le dieron, por qué no explicar si hubo conflicto de intereses entre su función y sus negocios? Montiel fue exonerado, no se divulgó el contenido de la investigación y al caso se le dio carpetazo. Las formas legales se cumplieron escrupulosamente pero nadie quedó convencido de su inocencia ¿qué sentido político tiene esa decisión judicial si la sociedad está convencida, con o sin razón, de lo contrario?
En el PRD ahora resulta que los mismos que auparon a los bejaranistas hasta la cima del poder quieren retirarlos. La gente de René Bejarano y Dolores Padierna fueron la clave para que ganara Marcelo Ebrard la candidatura al DF pero parece que los nombres de esos dos personajes generan demasiados negativos y entonces deben ser retirados de las listas. Pero se trata sólo de una cuestión de nombres, de cosmética política: que no quede Dolores Padierna en las listas del senado, pero sí María Rojo; que queden Martí Batres, Javier Hidalgo y Alejandra Barrales como disidentes del bejaranismo pero en realidad que no se modifiquen las prácticas del mismo. Como ha dicho días atrás Cuauhtémoc Cárdenas, hasta ahora no ha habido un verdadero deslinde de López Obrador con Bejarano y el bejaranismo: no lo ha habido por la sencilla razón de que los dos líderes de la antigua corriente Izquierda Democrática, no están en las listas, pero ahí están los suyos, no se ha tocado ni una sola de las posiciones de poder reales de estos grupos en la capital, desde los miles de vendedores ambulantes que controlan la familia Padierna y sus socios, hasta los taxis piratas denominados Panteras o las líneas de peseros que esos grupos controlan, llegando hasta los negocios inmobiliarios que manejan en colonias populares con total impunidad. Se puede aceptar, utilizando la misma lógica legal que exonera a los hermanos Bribiesca o a Montiel que Bejarano no es culpable de alguno de los delitos que cometió cuando recibió dinero de Carlos Ahumada pero nadie se ha dignado responder, ni las autoridades investigar ¿dónde quedó ese dinero?¿fue producto, como dice Ahumada, del chantaje de Bejarano o no?¿qué sucedió con las denuncias que presentó Rosario Robles contra el mismo personaje por falsificar y divulgar documentación bancaria apócrifa contra su persona? No pasó nada: Bejarano y su esposa Padierna no estarán en las listas del PRD, pero sí sus compañeros de ruta y sus negocios y sectores de poder no han sido tocados ni con el pétalo de una rosa.
Estos son casos que afectan a los tres principales partidos políticos, a sus dirigentes, y a los principales ámbitos de gobierno de cada uno de ellos (la presidencia, el GDF, el estado de México). La lista podría continuar recorriendo más fuerzas políticas y prácticamente todas las entidades del país. ¿Podemos reclamarles a nuestros políticos y candidatos, en esta etapa, más rigurosidad en sus acusaciones y más seriedad de las autoridades para investigar y dar respuestas? Pareciera que no, que allí la flexibilidad, la conveniencia, parece ser, una vez más, la regla: tanto en las acusaciones como en las exoneraciones.