No tengo el gusto de conocer al general de brigada, ahora con licencia, Audomaro Martínez Zapata, aunque no dudo que si llegó a ese grado y estaba encargado hasta hace unas horas de una de las áreas sensibles del ejército mexicano como es la de blindados, debe ser un militar preparado y recto. Pero eso no lo hace especialista en seguridad personal de un candidato. Mucho menos, me parece digno de esa preparación que ahora sea presentado como una suerte de custodia privada de lujo de un candidato. López Obrador cometió un doble error al solicitar al general Martínez Zapata para que se encargara de su seguridad personal en la campaña.
No tengo el gusto de conocer al general de brigada, ahora con licencia, Audomaro Martínez Zapata, aunque no dudo que si llegó a ese grado y estaba encargado hasta hace unas horas de una de las áreas sensibles del ejército mexicano como es la de blindados, debe ser un militar preparado y recto. Pero eso no lo hace especialista en seguridad personal de un candidato. Mucho menos, me parece digno de esa preparación que ahora sea presentado como una suerte de custodia privada de lujo de un candidato.
López Obrador cometió un doble error al solicitar al general Martínez Zapata para que se encargara de su seguridad personal en la campaña. Primero, solicitó a una persona, a un hombre que es un miembro muy destacado de una institución como el ejército mexicano, diciendo explícitamente que no confiaba ni en él ni en el estado mayor presidencial. Por otra parte, dejó al general Martínez Zapata, que se supone que es su amigo, en la peor de las posiciones: comprometido con un candidato en particular y en entredicho con su propia institución, porque el candidato que lo solicita no confía en el ejército. A eso debe sumarse otro hecho: como siempre sucede en estos asuntos, al general Martínez Zapata ya lo están candidateando, si López Obrador gana las elecciones, como un futuro secretario de la Defensa o como el próximo jefe del estado mayor presidencial.
Y la verdad es que, incluso si López Obrador ganara los comicios, algo posible pero definitivamente lejos de ser seguro, será muy difícil que el general Martínez Zapata pueda ser cualquiera de esas dos cosas sin provocar una crisis en cualquiera de esas dos instituciones claves para la seguridad nacional.
Audomaro, designado ahora jefe de seguridad de López Obrador, es general de brigada. Si fuera designado secretario de defensa ello implicaría el pase a retiro de más de una generación de generales que tienen más rango y más antigüedad: comenzando por todos los generales de división y varios de brigada. Ello, en los hechos provocaría una verdadera crisis en las fuerzas armadas que, aunque siempre han sido respetuosas del orden constitucional, tendría, inevitablemente, consecuencias políticas. Si se lo propusiera como jefe del estado mayor presidencial tendría dos problemas: no pertenece a esa rama de las fuerzas armadas y, allí también provocaría una crisis porque truncaría muchas carreras que se han preparado durante años para asumir esa responsabilidad.
Pero, además, la salida adoptada, que todo indica que no contó con el beneplácito de la propia institución armada, es la peor de todas. Cuando se informó que se aceptaba que el general Martínez Zapata solicitara licencia para incorporarse a la campaña de López Obrador, pensé que sería un jefe de seguridad que se encargaría de una estructura formada por particulares: López Obrador ya la tiene con policías del DF entrenados especialmente para ello en Israel. Pero la sorpresa es que el candidato de la Alianza por el bien de todos, tendrá, además, a su disposición, a 13 elementos del estado mayor presidencial que no dependerán del general Martínez Zapata porque en los hechos dependen directamente de su mando superior, que es el general Tamayo, jefe del estado mayor presidencial. ¿Qué órdenes respetarán esos elementos: las de Martínez o las del general Tamayo?¿quién será responsable de su comportamiento y de sus decisiones?¿cómo podrán establecer una estrategia de seguridad eficiente si, como ha dicho López Obrador, no tendrán información previa ni posibilidad de opinar sobre la logística y la agenda de la campaña?¿qué formación tiene el general Martínez para establecer esa estrategia de seguridad por encima de un cuerpo especializado en ella?. Finalmente, ¿quién garantizará la seguridad del candidato: el general con licencia encargado de ella en el equipo de campaña o los elementos del estado mayor presidencial que trabajarán con él pero no bajo su mando?
Es el peor de los mundos posibles en el cual, si algún desaguisado sucede en la campaña, habrá innumerables posibilidades de responsabilizar a alguien pero nadie será el responsable real de lo sucedido.
Los candidatos presidenciales, incluso aquellos con experiencia de gobierno, suelen no entender lo que es la seguridad y tampoco entienden, o peor aún, las utilizan como un instrumento propagandístico más, a las instituciones militares y de seguridad en el país. Luis Donaldo Colosio cometió innumerables errores en su relación con el general Domiro García Reyes y los miembros del estado mayor presidencial que se encargaban de su seguridad. Tenía un jefe de ayudantes de toda su confianza (el mayor Germán González Castillo) pero de menor rango que Domiro: el mayor Castillo era el que participaba en la toma de decisiones del círculo íntimo del candidato y el que luego informaba a quien era su superior, el general García Reyes de lo decidido, dejándolos a ambos, militares de carrera, en una situación embarazosa. En términos de seguridad, la campaña de Colosio fue un desastre, en muy buena medida propiciado por el propio candidato y su equipo. Lamentablemente sabemos cómo terminó la historia y cómo se intentó manipular esa situación durante la tristemente célebre investigación de Pablo Chapa Bezanilla para responsabilizar de la muerte de Colosio al estado mayor presidencial, cuando era evidente que allí no había existido responsabilidad alguna.
El entonces candidato Fox cometió errores también similares: dijo, como lo hace ahora López Obrador, que no pondría, en términos de su seguridad, “la iglesia en manos de Lutero”, expresando una abierta desconfianza hacia el estado mayor y el ejército mexicano. Cuando realmente conoció cómo funcionan esas instituciones su opinión se modificó en 180 grados, pero esa opinión quedó inscripta como un argumento publicitario de campaña. Ahora López Obrador vuelve a utilizar la descalificación de las instituciones militares como un argumento de campaña, basado, hay que decirlo, en su casi paranoica desconfianza que llega incluso a su propio entorno, pero también como una forma de publicitarse, entremezclando en su discurso posiciones confusas sobre la integridad de esas instituciones con mensajes que sólo pueden causar irritación en ellas, como la solicitud de un general en particular para que se encargue de su custodia o la insistencia en el PRD de lanzar como candidato al destituido ex general Francisco Gallardo.
El propio candidato insistió en el tema, a pesar de las concesiones que le otorgó en este capítulo la secretaría de Gobernación, descalificando (exactamente en los mismos términos en que lo habían hecho el propio candidato Fox y el ahora fallecido Adolfo Aguilar Zinser durante la campaña del 2000), al CISEN. En realidad, quien conozca, sin mitos, cómo funciona el centro de inteligencia del estado mexicano, descubrirá que, desde los tiempos de Jorge Tello, es una institución profesional y que no está dedicada, como dice López Obrador, a perseguir a los opositores políticos del régimen: estudia los retos a la seguridad nacional y proporciona información (mucho más precisa de lo que se cree) sobre los distintos desafíos que deben enfrentar el Estado y el gobierno. Cómo utilizan las distintas áreas gubernamentales esos insumos es otro tema. Pero la andanada de López Obrador contra el Cisen se basa, nuevamente, en la denigración de una institución para utilizarla como parte del arsenal publicitario de una campaña.
Nadie puede decir que no se cometan errores o abusos en cualquiera de nuestras fuerzas militares o en las áreas federales de información e inteligencia. Pero confundir la crítica legítima con un intento de vulnerar la fortaleza de esas instituciones es no sólo un error sino una falta de visión de Estado francamente preocupante.