Una de las mejores definiciones que he leído sobre cuál es la diferencia entre las naciones que han logrado ingresar al círculo virtuoso del desarrollo y las que no pueden salir del círculo vicioso del subdesarrollo, se la dio, el economista Rudiger Dornsbusch a Andrés Oppenheimer en su libro Cuentos Chinos: la diferencia está en que las primeras son naciones con regímenes legales flexibles que se aplican de una manera rígida; los segundos son países con sistemas legales rígidos que se aplican de forma flexible.
Una de las mejores definiciones que leído sobre cuál es la diferencia entre las naciones que han logrado ingresar al círculo virtuoso del desarrollo y las que no pueden salir del círculo vicioso del subdesarrollo, se la dio, poco antes de morir, el economista Rudiger Dornsbusch a Andrés Oppenheimer en su libro Cuentos Chinos: la diferencia está, le dijo el que fuera la cabeza económica de MIT, en que las primeras son naciones con regímenes legales flexibles que se aplican de una manera rígida; los segundos son países con sistemas legales rígidos que se aplican de forma flexible.
Allí está la enorme diferencia, la rigidez de la norma legal combinada con la flexibilidad de la aplicación es la que propicia los abusos, la corrupción, la discrecionalidad de las autoridades, la ausencia de una real certidumbre jurídica para los ciudadanos y las empresas. La rigidez de la norma aunada a la flexibilidad de su aplicación, deja a la sociedad civil, de una u otra forma, en manos de las autoridades: ellas deciden cuándo habrá rigidez y cuándo flexibilidad o como dijera don Benito Juárez a los amigos justicia y gracia, a los enemigos la justicia a secas.
Lo que está ocurriendo con el hotel María Isabel Sheraton se adapta perfectamente a este estereotipo: evidentemente, los administradores de ese hotel cometieron una falta al no permitir alojarse allí a un grupo de funcionarios cubanos (por cierto, insistimos en la pregunta: ¿por qué allí, en el María Isabel, a unos metros de la embajada estadounidense, realizar la reunión?¿por qué no se realizó en el hotel Meliá, de capital español y con fuerte presencia en la propia Cuba, como originalmente estaba planeado hacerse en Cancún?¿con qué categoría migratoria ingresaron los funcionarios cubanos a México?¿estaba autorizada por nuestras autoridades la reunión de negocios que tenían planeado realizar con empresarios estadounidenses?), que debe inscribirse en una violación a la ley de instituciones mercantiles, más que en la ley de discriminación. Eso amerita una sanción con una multa. La expulsión no es justificable, como tampoco el bloqueo o alguno de sus instrumentos, como la ley Helms Burton, y no lo son porque esos instrumentos en lugar de debilitar la dictadura cubana en realidad hacen sufrir a su pueblo y son la coartada que utiliza el régimen para limitar aún más las escasas libertades de las que goza su gente.
Pero de allí a la utilización panfletaria y propagandística de una sanción ejemplificadora contra un hotel con más de cuarenta años de presencia en la ciudad de México hay una distancia muy amplia. Lo actuado esta semana por las autoridades capitalinas es vergonzoso y es una demostración de una forma de entender el ejercicio de la autoridad que resulta paradigmática. El María Isabel pasó, en horas, de ser uno de los hoteles más representativos de la ciudad a ser la suma de todos los males por una decisión política. El miércoles en la mañana en el programa de Carmen Aristegui, el mikembro del equipo de dirección de la campaña de AMLO, Federico Arreola, adelantó que en el caso del María Isabel había que realizar inspecciones para ver en qué condiciones funcionaba ese hotel. Casualmente, apenas un par de horas después lo mismo se le ocurrió a la delegada en la Cuauhtémoc, Virginia Jaramillo, que, en una decisión que dice que no tiene nada que ver con el caso de los cubanos, envió a cuantos inspectores tenía a la mano para revisar el funcionamiento, la construcción, las licencias, los bares y hasta los menús del hotel. Y encontraron todas las anomalías posibles, comenzando por una construcción de tres mil metros cuadrados que dicen que no respeta las normas y terminando con el hecho de que no cuenta con menús en braile en sus restaurantes. Jaramillo ya adelantó que los propietarios podrán tener derecho de audiciencia pero que “la magnitud de las irregularidades encontradas” son tantas que en 20 días un hotel con 40 años de antigüedad al que nunca antes las autoridades capitalinas le habían encontrado ninguna irregularidad y ahora resultó que es casi un compendio de ilegalidades, será clausurado.
En realidad es una burda venganza política por un hecho significativo (el no alojamiento de los funcionarios cubanos) pero menor, hechos de discriminación de esas características ocurren a diario, que se está utilizando, una vez más, como un instrumento publicitario. Lo grave es que no es la primera vez que desde el gobierno la gente de López Obrador actúa de esa manera: en sus diferentes procesos por no aceptar decisiones judiciales, las autoridades capitalinas lo que han hecho es lanzarse contra sus acusadores, persiguiéndolos con saña. Los datos ahí están y van desde el caso de el caso de los propietarios de El Encino (que motivó el proceso de desafuero de López Obrador) que además de perseguidos se han quedado sin nada, pese a contar con una resolución judicial en firme que los debería proteger, hasta la diferencia notable en los tratamientos de los casos de Carlos Ahumada y René Bejarano: mientras el primero fue perseguido y entregado sin juicio de deportación por los cubanos, llevado con un despliegue de medios espectacular a prisión, humillado, fotografiado en paños menores en pleno reclusorio y quedó recluido en una celda con máxima seguridad, Bejarano, el ex secretario particular de López Obrador, no fue molestado, cuando fue detenido, la policía judicial del DF esperó, acompañando a la familia, durante horas en su casa hasta el que propio Bejarano decidió ingresar al reclusorio, lo hizo sin cumplir con todos los requisitos legales e incluso utilizando ropa no reglamentaria. Cuando finalmente se instaló allí, le habían acondicionado una celda especial, amplia y con libertad de movimientos, visitas diarias de su familia y amigos y finalmente, terminó saliendo en libertad sin problema alguno. Y todavía la gente de López Obrador dice que éste persiguió a Bejarano y sus actos de corrupción. Al contrario, cada vez que Ahumada se acerca a la libertad, el gobierno del DF le inicia otro proceso, aunque sea una copia del anterior. Lo mismo sucede con el ex regente Oscar Espinosa acusado de un delito inventado. O con la empresa española EULEM perseguida por el “delito” de haber ganado un concurso mercantil para colocar publicidad en los parabuses y no aceptar que le cambiaran ilegalmente las condiciones de operación. O en otro plano con la irracional persecución a la consejera María Elena Pérez Jaen, a la que no le perdonan no seguir al pie de la letra las instrucciones del gobierno capitalino. La lista podría ampliarse mucho más, pero allí están algunas de las principales historias que se enlazan con la del María Isabel Sheraton y que confirman la persecución, vía la utilización de todas las armas de presión del estado contra quienes se considera enemigos. Ayer mismo, el propio Alejandro Encinas decía que, además de todo lo enumerado, se le iniciaría otra demanda al hotel por violación de los derechos humanos (sic).
Una demostración más de esa forma tenebrosa de ejercer el poder, la tenemos con las declaraciones del vocero perredista Gerardo Fernández Noroña sobre un presunto “sistema de inteligencia” de su partido que se habría infiltrado en el equipo de Felipe Calderón de donde habrían obtenido información privilegiada, incluso de quiénes serían los miembros del gabinete del candidato panista si éste ganara las elecciones. Pasaron horas y hubo innumerables reacciones críticas respecto a lo dicho por Fernández Noroña, hasta que éste salió a decir que todo era una broma. Nadie lo asumió como tal Lo cierto es que esa declaración es suficiente como para iniciar una averiguación previa contra el vocero y su partido, por esa presunta infiltración ilegal, pero además, no deja de ser significativo que apenas unas horas antes su jefe, López Obrador, había dicho que no utilizaría el Cisen para espiar a sus rivales políticos…claro, no dijo nada de utilizar un “sistema de inteligencia” partidario para ello. Lo que sucede es que la intolerancia y el mesianismo siempre van de la mano, siempre creen tener la suma de la verdad en su regazo.