El jefe de gobierno de la ciudad de México, Alejandro Encinas, se burla y dice que al Sheraton María Isabel una juez federal le otorgó un amparo provisional de la misma manera que los jueces se los otorgan a los narcotraficantes. Insultó así a la juez y al sistema de justicia, a los propietarios del Sheraton a los que comparó con narcotraficantes y demostró que su humor es por lo menos pesado.
El jefe de gobierno de la ciudad de México, Alejandro Encinas, se burla y dice que al Sheraton Maria Isabel una juez federal le otorgó un amparo provisional de la misma manera que los jueces se los otorgan a los narcotraficantes. Insultó así a la juez y al sistema de justicia, a los propietarios del Sheraton a los que comparó con narcotraficantes y demostró que su humor es por lo menos pesado. Pésima la referencia de Encinas, que tuvo la suerte de estar en el Superbowl en Detroit (dice que invitado por los organizadores de la NFL para ese juego, por cierto ¿no está prohibido que los funcionarios del DF reciban regalos de ese monto y característica?¿el qué los invite con todos los gastos pagados una organización paradigmática de la cultura, los deportes y los negocios estadounidenses no viola su muy particular patriotismo, según la versión de su delegada, Virginia Jaramillo?, son preguntas) cuando se desarrollaba la ya tristemente célebre telenovela en el hotel de Paseo de la Reforma por la expulsión de un grupo de funcionarios cubanos. Quizás por ello tardó tres días en reaccionar. Claro, cuando lo hizo, desde el equipo de López Obrador llegó la orden y todo se hizo con precisión y sin escrúpulos: a clausurar el Sheraton, que eso de no recibir cubanos en un hotel viola todas las pautas de patriotismo perredista. Pero de allí al exabrupto de comparar implícitamente un incidente menor como el sucedido el domingo anterior en ese hotel con una acción del narcotraficantes, existe tanta distancia como falta de sensibilidad sobre el principal desafío a la seguridad pública en la ciudad de México de parte de su gobernante. Tanta como que el candidato a gobernar la capital, Marcelo Ebrard, ex secretario de seguridad pública de la ciudad (cesado por el presidente Fox por los sucesos ocurridos en Tláhuac cuando no impidió el linchamiento de tres elementos de la PFP), según informó ayer Porceso, tuvo y tiene entre sus principales colaboradores en el área de seguridad a José Luis Benjamín Osorio Robles, un oscuro personaje, desertor del ejército, detenido en varias ocasiones por acusaciones de narcotráfico a fines de los 80, en Oaxaca y que desde hace años viene trabajando, dice Proceso, con Ebrard y con Manuel Camacho, otro ex gobernante de la ciudad en temas de seguridad. Hoy está asignado a la policía auxiliar de la SSP capitalina y colabora, dicen en el equipo de éste, “esporádicamente” con Ebrard.
El mismo día que Encinas hacia la mala comparación entre el Sheraton y los narcotraficantes, su procurador, Bernardo Bátiz, que tanto había insistido en los últimos meses (al igual que Encinas) en que el narcotráfico no estaba asentado en la ciudad de México, reconoció, ante la ola de detenciones que se han realizado en las últimas semanas que sí, que el DF es el principal centro de lavado de dinero para los grupos de narcotraficantes, pensando, quizás, que ése es un problema menor al que se presenta en otros lugares del país y sin asumir que el fenómeno, como lo hemos visto en los últimos días, no viene solo, va acompañado con la instalación en la ciudad de México de capos y sicarios, por una creciente importancia del narcomenudeo para financiar sus operaciones, y de la violencia, como lo podemos comprobar día con día en la capital del país. Pero inmediatamente Bátiz encontró la solución: ¿una policía más capacitada, especializada en el tema, una depuración de los cuerpos de seguridad, un mecanismo de información e inteligencia más eficiente que en lugar de encargarse de espiar a los adversarios de López Obrador (según dice Fernández Noroña) investigue a los narcotraficantes y presuntos lavadores de dinero?. No, dice Bátiz que la solución pasa por pedirle más dinero al gobierno federal para el combate al narcotráfico.
Obviamente no es una cuestión de dinero. EL GDF tiene el mayor presupuesto del país (este año unos 90 mil millones de pesos, además de la posibilidad, que ejerce, de un alto grado de endeudamiento y mecanismos por lo menos laxos de rendición de cuentas) y, además, goza de prestaciones que ningún otro estado de la república tiene, desde no pagar por la educación pública hasta por el agua que recibe de los estados vecinos, entre muchas otras prerrogativas. Cuando quiso contratar a Rudy Giuliani para que los asesorara sobre el programa de Tolerancia Cero que éste aplicó en Nueva York (y cuyas recomendaciones nunca aplicaron en la ciudad de México), recaudaron sin problemas cuatro millones de dólares, sólo para pagar esa asesoría, entre la iniciativa privada. Tiene la principal concentración de policías a nivel estatal y municipal del país, cuenta con una infraestructura policíaca como en ningún otro lugar, ¿entonces por qué no pueden siquiera establecer algún tipo de control sobre el narcotráfico y el narcomenudeo, por qué sus policías no pueden literalmente entrar a muchas zonas de la ciudad (como El Hoyo de Iztapalapa) que están controladas por el narcotráfico?¿por qué insisten en que la solución es que les den más dinero?. Porque no quieren, porque no les interesa, porque niegan la existencia de ese fenómeno. Lo negó antes López Obrador (hay que reconocer que, con aciertos e insuficiencias, tanto Cárdenas como Rosario Robles comenzaron a reconocer la gravedad del problema), y ahora lo hacen Encinas y Bátiz.
Apenas el viernes, ambos estuvieron en la reunión nacional de procuradores y sobre todo Encinas habló, y bien, de la necesidad de cooperación y de la participación de las autoridades capitalinas con las federales en la lucha contra el narcomenudeo. Un día después él se mofa de los jueces y su procurador reconoce el problema pero en lugar de ofrecer mayor colaboración pide más dinero (recordemos que sólo el programa contra el narcomenudeo otorgará a los estados, vía el revivido sistema nacional de seguridad pública, cinco mil millones de pesos adicionales para que participen en esta estrategia).
La verdad es que se trata de una suma de hechos vergonzosos y que, lamentablemente, se reflejan, también, en buena parte de los estados del país. En el estado de México dan un paso importante en lanzar la agencia estatal de investigaciones, encabezada por el almirante Wilfrido Robledo Madrid, pero el procurador Alfonso Navarrete Prida sigue insistiendo, pese a la resolución de la Suprema Corte de Justicia al respecto, que no puede continuar la investigación del caso Enrique Salinas de Gortari por un conflicto de intereses con la PGR. Apenas el sábado en Toluca, fue atacado con granadas (el sello de la casa, como dice Jesús Blancornelas, del grupo de los Zetas) el jefe de seguridad del penal de La Palma. En Nuevo León, durante años, Fernando Canales Clariond, cuando era gobernador, negó la presencia del narcotráfico en la entidad y hoy el problema es un desafío para las autoridades que ven cómo operan, además, los sicarios utilizando la frontera entre Nuevo León y Tamaulipas. El sábado en Jalisco ejecutaron a un Ministerio Público. El mismo día en Coahuila a un comandante judicial. Y la verdadera cooperación no parece estar presente ni tampoco los esfuerzos reales para siquiera ponerle freno al fenómeno de la violencia generada por el narcotráfico. Pero es todavía peor cuando se minimiza el problema o los altos funcionarios gubernamentales lo utilizan para desplegar su muy particular sentido del humor.