La posición que adoptó el procurador capitalino Bernardo Bátiz cuando dijo que no se podía combatir el narcotráfico y el narcomenudeo por falta de recursos, se generalizó en una reunión de procuradores estatales, cuando casi en forma unánime, coincidieron que no pueden hacerse cargo de esas responsabilidades sin contar con mayores recursos de la Federación. En realidad, en la mayoría de los casos es una coartada más para no involucrarse en la lucha contra el crimen organizado ya sea por miedo, por conveniencia política o por la corrupción que permea en muchas entidades.
La posición que adoptó el procurador capitalino Bernardo Bátiz el fin de semana cuando dijo que no se podía combatir el narcotráfico y el narcomenudeo por falta de recursos, se generalizó el miércoles en una reunión de procuradores estatales, cuando casi en forma unánime, coincidieron en que no pueden hacerse cargo de esas responsabilidades sin contar con mayores recursos de la Federación.
En realidad, en la mayoría de los casos es una coartada más para no involucrarse en la lucha contra el crimen organizado ya sea por miedo, por conveniencia política o por la corrupción que permea en muchas entidades. Antes la coartada estaba basada en el hecho de que el narcotráfico es un delito del ámbito federal y que, por lo tanto, en el local no tenían atribuciones para combatirlo. No era verdad, si hubiera existido voluntad política simplemente se podría romper las redes locales de narcomenudeo, llegar a las llamadas narcotiendas, detener a los responsables y ponerlos a disposición del ministerio público federal. En general, lo único que se hacía era detener a consumidores que eran liberados en horas. Ahora las leyes se han ampliado como para darles esas atribuciones y que estados y municipios puedan combatir el narcomenudeo. Pero entonces la coartada se modifica y la excusa es que no hay dinero suficiente.
Es una verdad a medias: para combatir un fenómeno como el que se genera en torno al narcotráfico nunca ha habido el dinero suficiente ni lo habrá: el crimen organizado puede destinar a sus labores, en ese sentido, más recursos que el Estado a combatirlo y eso ocurre aquí, en Colombia y en Estados Unidos. La diferencia es que el Estado tiene una serie de instrumentos institucionales que pueden hacer la diferencia si se trabaja de forma ordena, coordinada y con un manejo ágil y eficiente de la información y la inteligencia. Eso es lo que nos está faltando y lo que la mayoría de los mandatarios estatales no están asumiendo, no de ahora, sino desde siempre, incluso en las épocas del priismo monolítico.
Es una suerte de suicidio político que se ejerce en varios planos. Primero porque es evidente que el poder del narcotráfico y del crimen organizado es esencialmente local: está en la localidad, en el municipio, en la región. Allí está su base de control, ya sea para el tráfico de droga, su introducción al país o su producción y su posterior traslado hacia las grandes ciudades de México o de Estados Unidos (y cada vez más hacia Europa), pero también por la importancia creciente del narcomenudeo que ha convertido a éste en un negocio con mayúsculas, que para algunos grupos es ya más importante, económicamente, que el traslado de drogas al otro lado de la frontera.
Esas organizaciones tienen poder suficiente como para controlar regiones completas de diferentes estados o simplemente desestabilizarlo por sus enfrentamientos o para cubrir sus intereses. Lo que hemos visto en Guerrero, particularmente en Acapulco; en Michoacán, sobre todo en Lázaro Cárdenas, Uruapan y Apatzingan y en toda la sierra; en Nuevo Laredo y el resto de la frontera tamaulipeca; en el Distrito Federal y el área metropolitana; en Monterrey; en prácticamente todo el país, es consecuencia de esa presencia creciente del narcotráfico y de una estrategia equivocada que se llevó a lo largo de muchos años de combatirlo en forma centralizada, como un delito exclusivamente federal, una estrategia que estaba basada en la lógica de concentrar los esfuerzos para detener a las cabezas de esas organizaciones, misma que era parte de la que durante años había impulsado el gobierno estadounidense. En realidad, desde 1997, cuando fueron prácticamente destruidos los cárteles de Medellín, primero, y luego el de Calí, en Colombia y en México fue detenido y deportado Juan García Abrego, fueron detenidos los principales operadores de los Arellano Félix, los llamados narcojuniors, y cuando fue asesinado Amado Carrillo Fuentes (lo que coincidió con la detención del ex general Jesús Gutiérrez Rebollo), esa estrategia se agotó: no acabó con el narcotráfico pero consolidó la tendencia de estructuras criminales horizontelaes y que se hacen fuertes, precisamente, en las regiones y estados, con un inflexible control territorial y una suerte de balcanización de las operaciones que hacen ya casi imposible un combate exclusivamente centralizado del fenómeno. Si a eso le sumamos el factor cada día más importante del narcomenudeo, convertido ya no sólo en un instrumento para pagar operaciones internas sino como un verdadero negocio, tan importante como el tráfico hacia otros países, y la importancia creciente también del lavado de dinero en territorio nacional, se conjugan todas las fichas para tener un problema global, nacional pero basado en una suma de cotos de poder muy amplios en todos y cada uno de los estados de la república.
Colombia optó, probablemente con mejor sentido común que nosotros, para hacer frente a esta situación, por la consolidación de una fuerte policía nacional, militarizada y con atribuciones específicas en sus diferentes departamentos. Todas sus fuerzas policiales y en su caso militares (recordemos que en varias regiones de ese país se libra una auténtica guerra civil contra grupos armados que, además, se han asociado con el narcotráfico) están volcadas a las mismas tareas, con una fuerte coordinación nacional. Ello ha ido de la mano con una reforma judicial que agilizó todo el sistema y que comienza a dar muy buenos resultados. La política de extradiciones ha complementado esa política. En buena medida, el espíritu de la reforma que en nuestro caso envió el poder ejecutivo al legislativo hace ya demasiados meses, está basada en esa experiencia que debe adecuarse, sin duda, a nuestra realidad. Pero lo cierto es que en el legislativo no se ha hecho nada al respecto.
Lo que no comprenden la mayoría de los gobernadores y sus procuradores es que si no se involucran de lleno en este combate perderán todo, comenzando por la gobernabilidad de sus propios estados. ¿Cómo no lo entienden cuando el mensaje más claro ha sido el asesinato de once jefes policiacos estatales en los últimos meses?. No es verdad que no tienen recursos: los tienen para muchas actividades superfluas y pueden destinar más al tema de la seguridad pública. El revivido sistema nacional de seguridad pública acaba de destinar más de mil millones de pesos adicionales sólo para combate al narcomenudeo (en total reparte cinco mil millones de pesos), que se destinan íntegramente a los estados. Tienen también recursos humanos: cada día entre la AFI y la PFP pueden poner en la calles alrededor de diez mil elementos; pero las fuerzas estatales y municipales, calificados para esa tarea, podrían poner unos 200 mil. Ello sumado a las tareas estratégicas que realizan el ejército y la armada de México en la lucha contra el narcotráfico. Es verdad que algunos estados han intentado, en ocasiones con éxito, hacer su tarea al respecto, pero se requiere mucho más y una estrategia no sólo aceptada en el papel sino también en los hechos, para avanzar en forma conjunta contra un fenómeno que, si no es atacado a tiempo, crea monstruos que ya no pueden ser controlados. Si los gobiernos estatales y municipales no se incorporan a esta tarea esos monstruos terminarán devorándolos.
Que no tienen acuerdo con AMLO
Desde el equipo de López Obrador se insiste en que no hay ningún acuerdo con el grupo empresarial PRISA, ni de tipo político ni económico. Que simplemente hubo una cena de sus directivos con el candidato de la alianza por el bien de todos y que los mismos directivos de esa empresa de comunicaciones se reunieron con Calderón y Madrazo. El futuro confirmará o no esta afirmación. Por lo pronto debe ser aceptada.