Una de las cosas que habían funcionado bien en la administración Fox era la relación con los sindicatos. Por eso resulta extraño que al actual secretario de Gobernación, Carlos Abascal, que tuvo bajo su control la secretaría del trabajo y dejó en ella a uno de sus hombres de confianza, Francisco Javier Salazar, se le haya salido de cauce de forma casi tan infantil el actual conflicto con el sindicato minero, que se trasladó ya hacia un grupo numeroso de sindicatos.
Una de las cosas que habían funcionado bien en la administración Fox era la relación con los sindicatos. Por eso resulta extraño que al actual secretario de Gobernación, Carlos Abascal, que tuvo bajo su control la secretaría del trabajo y dejó en ella a uno de sus hombres de confianza, Francisco Javier Salazar, se le haya salido de cauce de forma casi tan infantil el actual conflicto con el sindicato minero, que se trasladó ya hacia un grupo numeroso de sindicatos.
Llama la atención porque éste es, por sobre todas las cosas, un conflicto eminentemente político previsible, marcado por la pésima operación que se dio, como casi siempre sucede cuando debe haber un poco de coordinación entre distintas áreas del gobierno federal. La pregunta es obvia: si existía una denuncia y una orden de presentación en la PGR contra el dirigente del sindicato minero desde diciembre del año pasado ¿por qué esperar hasta principios de marzo y después del accidente en la mina Pasta de Conchos para ejecutarla? Si desde principios de febrero la secretaría del Trabajo había decidido “tomar nota” del cambio de dirigencia en el sindicato minero por el desconocimiento de un grupo de dirigentes a Napoleón Gómez Urrutia ¿por qué el secretario del Trabajo mantuvo ese reconocimiento y la interlocución con Gómez Urrutia durante todo el proceso del infructuoso rescate en Coahuila?¿acaso se puede reconocer o no a un liderazgo sindical de acuerdo a las circunstancias?
Fue una pésima decisión política que ha sido magnificada por un grupo de sindicatos comprometidos electoralmente con Andrés Manuel López Obrador repitiendo casi a la letra el guión que se diseñó desde esos mismos sectores para las elecciones del 88 y del 2000, con la única diferencia de que entonces fue ejecutado desde la UNAM y ahora se opera desde la UNT. En 87, antes de las elecciones del año siguiente, en una ciudad de México aún conmocionada por los terremotos del 85, en medio de una fuerte crisis económica, con la sucesión presidencial enfrente y con la creación del Frente Democrático Nacional encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas con antecedente, se creó el CEU para oponerse a las reformas que proponía el entonces rector Jorge Carpizo a la UNAM y sobre todo para evitar que desaparecieran dos de los principales lastres de la universidad: el pase automático y la inexistencia de pago alguno por la educación universitaria. El movimiento estudiantil marcó el proceso electoral y sin él no se podría explicar ni la exitosa campaña de Cárdenas ni el flujo de cuadros que el mismo generó para el naciente PRD en los años posteriores. La historia se repitió, aunque fuera en forma caricaturesca, en el 99 con la huelga en la UNAM impulsada por el CGH, una fracción minoritaria de estudiantes que paralizó la universidad durante casi un año, también en el contexto del próximo proceso electoral, para oponerse, una vez más, a las reformas que impulsaba el entonces rector Francisco Barnés, similares, en la forma y el fondo a las que en su momento había impulsado Carpizo. Los dos movimientos tuvieron éxito en un plano: impidieron cualquier reforma universitaria de fondo y terminaron truncando las gestiones de Carpizo y sobre todo la de Barnés. Pero hubo una diferencia importante, aunque ambos partían de la reivindicación de demandas en la letra “justas” como era la educación gratuita: en los hechos el movimiento del CEU tuvo popularidad, por lo menos en la ciudad de México. Su repetición en el 99 por el muy ultra CGH no le proporcionó popularidad ni a su causa ni a sus dirigentes y terminó afectando la campaña de Cárdenas en el 2000 y paradójicamente fortaleciendo la de Fox.
Ahora, seis años después la historia se repite pero ya no en la UNAM (sería imposible: el rector Juan Ramón de la Fuente ha sido propuesto como eventual secretario de Gobernación por López Obrador) sino desde el ámbito sindical partiendo, nuevamente de una causa en principio “justa” como el respeto a la libertad sindical (que en realidad no está en peligro, como no lo estaba la educación gratuita), pero basándose, una vez más, en una mala operación política gubernamental para forzarlo a dar marcha atrás y demostrar su debilidad.
La dirigencia del sindicato minero y Napoleón Gómez Urrutia son difícilmente defendibles, como sucede con la mayoría de nuestros “líderes” sindicales, tanto los cetemistas como los llamados independientes. Pero la jugada de la UNT y de su respectivo líder, Francisco Hernández Juárez, es movilizarse para defender a Gómez Urrutia con el argumento de que se busca evitar la intromisión gubernamental en la vida sindical. Gómez Urrutia y los sectores del CT que lo apoyan tienen que refugiarse en el apoyo de la UNT porque sino quedan solos. Entonces se genera un movimiento que, como han dicho las autoridades, está lejos de representar a la mayoría de los trabajadores del país (como aquellos de la UNAM en 87 y 99 no representaban ni remotamente a la mayoría de los estudiantes universitarios del país e incluso de la ciudad de México) pero que tiene capacidad de movilización, de acceso a medios y que coloca, como lo ha hecho, al gobierno a la defensiva con una demanda que pone a prueba, una vez más, la siempre discutible firmeza de esta administración: la renuncia del secretario del trabajo, Francisco Javier Salazar o paros en todos los sectores de la industria y los servicios representados por esos sindicatos (como hemos dicho en varias oportunidades aquí ante amenazas similares podría apostar que algunos de los sindicatos de la UNT seguramente podrían irse al paro, pero estaría seguro que Hernández Juárez jamás pararía las labores en Telmex). Si el gobierno accede a la caída de Salazar dará una brutal muestra de debilidad. Si termina dando marcha atrás y acepta nuevamente a Gómez Urrutia, también. Si se mantiene firme el proceso electoral estará marcado por paros y movilizaciones de estos grupos sindicales comprometidos con López Obrador (y algunos, pocos, con el PRI pero marcados por la división en el Congreso del Trabajo, donde no aceptan a Víctor Flores) que pueden poner de cabeza la “paz social” que lógicamente el gobierno quiere que impere para las campañas e incluso provocar la adopción de medidas represivas si hubiera hechos de violencia o paros ilegales en algunas empresas o servicios. Es más, se podrá argumentar que estas movilizaciones para apoyar a un líder sindical tan poco defendible como Gómez Urrutia podrían terminar dañando la campaña de López Obrador, pero también serían un instrumento para amedrentar a algunos sectores con la magnitud de la movilización que podría darse si “no se reconoce” el triunfo de López Obrador: no es muy diferente del guión que se creó para sortear el desafuero y si en aquella oportunidad tuvo éxito y el gobierno cedió, aunque sabía que de esa manera violaba la ley ¿por qué tendría que fallar ahora? Si en aquella ocasión el gobierno se comprometió con partidos y sectores sociales en que no negociaría la ley y no se echaría para atrás (como ya había ocurrido en Atenco con el nuevo aeropuerto) y no cumplió esos compromisos ¿cómo va a pedir apoyo a los mismos interlocutores ahora sin que éstos consideren que, nuevamente, los va a dejar plantados?
Para la administración Fox, sin embargo, no quedan opciones: si no se mantiene firme en este caso mostrará una debilidad imposible de disimular. Paradójicamente, si así lo hace, podría terminar pagando un costo alto por ello, aunque ninguno sería mayor que aceptar doblar las manos ante la presión. Si tuviera buenos operadores políticos incluso podría utilizar esa presión en su beneficio. El problema es que esos operadores no aparecen o lo hacen demasiado esporádicamente o peor aún, funcionan sólo en solitario y casi nunca coordinados con otros sectores del propio gobierno.