No debemos engañarnos: toda la historia de la lucha político-electoral que se protagoniza en torno al sindicato minero y su ex líder Napoleón Gómez Urrutia, la dureza del gobierno en su persecución, la decisión de la UNT de apoyarlo, no debería ocultar que los verdaderos y graves problemas que atenazan la política laboral en nuestro país no pasan por allí.
No debemos engañarnos: toda la historia de la lucha político-electoral que se protagoniza en torno al sindicato minero y su ex líder Napoleón Gómez Urrutia, la dureza del gobierno en su persecución, la decisión de la UNT de apoyarlo, no debería ocultar que los verdaderos y graves problemas que atenazan la política laboral en nuestro país no pasan por allí. En realidad, lo que ocurre con Napoleón, la UNT y el gobierno federal, es parte de una lucha muy particular que se relaciona, por parte del gobierno federal, mucho más con la lucha que se libró por el control del Congreso del Trabajo y con lo sucedido tras la explosión en Coahuila (ya han comenzado las versiones, ninguna de ellas confirmada, de que el accidente en realidad podría no haber sido tal, pero independientemente de ello el gobierno federal se vio literalmente zarandeado, en buena medida por la incompetencia de algunos de los funcionarios enviados a las tareas de rescate, tanto por el gobernador Moreira como por los líderes sindicales); por Napoleón, con el objetivo de mantener las canonjías del puesto “heredado” de su padre en el sindicato; en la UNT por aprovechar la coyuntura para desestabilizar al gobierno, respaldar la candidatura de López Obrador y frenar cualquier posibilidad de que en el congreso, en abril, como se esperaba, se pudiera discutir el tema de las pensiones en el IMSS y el ISSSTE.
En realidad, lo que sucede en el mundo laboral es parte del notable estancamiento que estamos teniendo como país a la hora de realizar las reformas que todas las demás naciones, que son realmente competitivas, están realizando. Es verdad, se nos dirá que no vamos tan mal, que en enero el superávit comercial con Estados Unidos ha sido superior a los cuatro mil 600 millones de dólares y que existe una cierta estabilidad financiera que ha permitido baja inflación, reducir las tasas y obtener créditos para consumo y vivienda. Pero la realidad nos está mostrando constantemente lo lejos que estamos en términos reales de la competitividad en un mundo globalizado del cual, incluso, el que aparece como el principal aspirante presidencial, López Obrador, nos quiere sustraer, basando su política económica en la construcción de infraestructura (con propuestas ridículas como los trenes bala a Tijuana y Nuevo Laredo, tan faraónicas como inútiles) y en una política energética financiada por el estado: exactamente lo mismo que se hizo en el inicio del sexenio de López Portillo.
Los datos son contundentes, México está ubicado cerca del décimo lugar por el tamaño de su economía, pero en términos de competitividad cada año retrocedemos más y estamos en la segunda mitad de las naciones del mundo menos competitivas (si no me equivoco en la última medición estamos en el puesto 80). El caso laboral es paradigmático y por eso este conflicto sindicato-gobierno resulta tan lamentable: en la encuesta del Banco Mundial publicada el 12 de marzo del año pasado sobre las relaciones laborales en 145 países del mundo, México ocupa el lugar 120 a la hora de analizar las dificultades que tiene que sortear un empleador para contratar un trabajador: estamos a nivel de Nigeria, la República Centro Africana, Sierra Leona y, de América Latina, sólo de Venezuela. Estamos peor cuando se analizan las dificultades para despedir trabajadores: de los 145 países del mundo, en ese ámbito México ocupa el lugar 142, arriba de Túnez; Brasil está en el 133; El Salvador en el 104; Argentina en el 53; Chile en el 41. En otras palabras, prácticamente en ninguna parte del mundo es tan difícil para un empleador despedir a un trabajador como en México. Y que nadie diga que se trata de proteger a los trabajadores: lo que ha provocado esta legislación anacrónica es que hoy, sólo el 6 por ciento de la población laboral pertenece a un sindicato y una enorme mayoría de trabajadores está en la informalidad o con sistemas que los dejan totalmente desprovistos de cualquier tipo de protección y seguridad. El efecto es perverso: se sobredimensiona la “protección” del trabajador a tal grado que lo que provoca es que la enorme mayoría de los empleadores contraten bajo otros esquemas a sus trabajadores. De esa forma ni se consolida el sistema de seguridad social ni el de pensiones. Perdemos todos: los trabajadores obviamente; los empleadores porque el sistema no permite una buena capacitación y la competitividad del país depende, cada vez más, de los bajos salarios y algunas ventajas arancelarias que devienen del TLC.
El gobierno federal no ha querido ni ha podido entrar siquiera a debatir estas reformas. Los sindicatos tampoco, porque, paradójicamente, esta situación favorece a los liderazgos vitalicios y los recursos enormes que reciben esos “dirigentes”. Algunos grandes empresarios prefieren que las cosas continúen de esta manera porque se favorecen enormemente de los monopolios internos y financian, para mantenerlos bajo su control, algunos de estos movimientos sindicales, como la UNT. La candidatura de López Obrador lo que está haciendo es impulsar estas políticas regresivas, respaldado por esos grupos. La de Roberto Madrazo se supone que no, pero en el priismo existen fuertes tendencias a buscar, también, una vía restauradora.
Esos son los grandes temas que ni el gobierno, ni los sindicatos ni algunas de las principales empresas del país, quieren abordar. El punto es que Napoleón Gómez Urrutia probablemente es responsable de todo lo que se lo acusa pero que no es diferente a lo que hacen cotidianamente la mayoría de los líderes sindicales, los que lo apoyan y los que están enfrentados con el ex dirigente minero: pero ninguno de ellos (ni el propio Gómez Urrutia hasta hace unas semanas, a pesar de que tenía abierta una averiguación previa en la PGR desde diciembre) es molestado por ello. El enfrentamiento con él es coyuntural, es una suerte de pulso entre el gobierno y los sindicatos por temas político-electorales. Mientras tanto, lo grave es que pasa el tiempo y no hay un solo avance en el mundo laboral, un componente clave para el deterioro creciente de nuestra competitividad como país.
Grupos Bolivarianos
El reportero de La Crónica de Hoy, Francisco Reséndez se infiltró en los llamados Grupos Bolivarianos apoyados y financiados por el gobierno de Hugo Chávez en México y relacionados con muchas organizaciones armadas y otras que operan en el límite de la legalidad. Eso es grave, pero mucho más lo es que el gobierno venezolano los esté financiando y apoyando según esa investigación tan puntual como exhaustiva sobre el funcionamiento de esas organizaciones. Pero no pasa nada: los partidos prefieren dejarlo para otra ocasión: al PRD, que se cortó las venas porque Aznar dijo que prefería que ganara Calderón las elecciones, le parece lógico y normal que las cosas se den de esa manera (aunque el tema fue discutido, incluso en la Interparlamentaria de Valle de Bravo, donde un legislador estadounidense informó que tenía reportes de la inteligencia de su país de que había financiamiento del régimen de Chávez a sectores perredistas) y no lo consideran una intervención en nuestros asuntos internos. El PRI prefiere no opinar sobre el tema, con su indefinición tradicional sobre ellos. Y el PAN, al igual que el gobierno, se preocupa pero no actúa. Y los grupos bolivarianos siguen operando con toda impunidad.