El tema del agua es eminentemente técnico pero sería absurdo no entender que el mismo trasciende en mucho la simplificación que ha estado presente en estos días, en el marco de la celebración del Foro Mundial del Agua, sobre si el tema pasa por la privatización o no del agua. Para nadie es un secreto que la confluencia de esfuerzos públicos y privados es el único que podrá garantizar que los dos mil 600 millones de personas que en el mundo no gozan de un servicio de saneamiento correcto de agua, puedan contar con él.
El tema del agua es, sin duda, eminentemente técnico pero sería absurdo no entender que el mismo trasciende en mucho la simplificación que ha estado presente en estos días, en el marco de la celebración del Foro Mundial del Agua, sobre si el tema pasa por la privatización o no del agua. Para nadie es un secreto que la confluencia de esfuerzos públicos y privados es el único, por ejemplo, que podrá garantizar que los dos mil 600 millones de personas que en el mundo no gozan de un servicio de saneamiento correcto de agua, puedan contar con él.
Pero decíamos que la preocupación sobre el futuro del agua debe abarcar casi todo, como lo señaló en su discurso inaugural Loic Fauchon, presidente del Consejo Mundial del Agua: y ello incluye desde la demografía no controlada hasta el crecimiento desmedido y sin planificación de muchas ciudades, que contribuyen al hacinamiento, la propia escasez de aguas y alimentos, la ausencia de saneamiento, todo lo cual termina favoreciendo la desnutrición, la enfermedad, la ignorancia, las desigualdades de todo tipo. Por ese camino se llega también a la contaminación, la deforestación, la degradación del suelo, el cambio climático. El agua es la vida y eso es inocultable.
Pero el agua es también una fuente de poder y de conflicto. Muchas veces se habla de las guerras del futuro sobre el agua pero ¿qué sucede con las guerras actuales y no con las que se viven en lejanas latitudes, sino dentro de nuestro país? Un ejemplo, los dos estados de la república con mayor índice de homicidios dolosos son el estado de México y Oaxaca. En este último estado, un tercio de todos esos homicidios se relacionan con conflictos que involucran la tierra y, sobre todo, la utilización del agua en tierras comunales. La gente en México, en muchas regiones, literalmente aún se mata por el control o el acceso al agua. Y mientras tanto en ciudades, como el Distrito Federal son cientos de miles los que no tienen acceso a ella o deben comprar agua a fuentes en general contaminadas y muy caras, agua que se utiliza como parte del mantenimiento del andamiaje clientelar del poder.
No estamos teniendo respuesta para ello. Resulta absurdo, por ejemplo, que un grupo campesino, con fuertes relaciones con organizaciones que trabajan en el límite de la legalidad y en ocasiones con el narcotráfico, se oponga a la construcción de hidroeléctrica de La Parota en Guerrero, sin ninguna razón consistente; tanto como comprobar que con lo que se ha gastado en la construcción de los segundos pisos en la ciudad de México se podría haber solucionado el acceso al agua corriente de toda la población de la ciudad e incluso hubiera quedado dinero para otras obras. El problema no es la privatización o no del agua: es la inversión en el sector, porque cada día es más cara su obtención.
Y lo mismo se reproduce en otros temas, como la energía. Existe una convicción absolutamente errada que busca incrementar el subsidio al agua, a la energía, al gas, a los combustibles, argumentando que así se los puede hacer más accesibles para la población en general y para los más pobres en particular. En realidad ocurre todo lo contrario: cuanto se utilizan los recursos públicos para subsidiar los servicios, en los hechos lo que se hace es pagar por esos servicios por otra vía, por la fiscal, pero al mismo tiempo se anula la posibilidad de que los mismos crezcan, mejoren, se desarrollen. En la misma medida en que es un porcentaje cada vez menor de la población la que paga por el agua, también el costo, para los que pagamos, se dispara, pero, al mismo tiempo, se estrechan las posibilidades de que accedan a ese servicios los sectores que no cuentan con él o que no lo obtienen de forma mínimamente satisfactoria. Cristóbal Jaime, el presidente de la Comisión Nacional del Agua, proponía días atrás incrementar las tarifas hasta un cien por ciento para garantizar, precisamente, tarifas justas que permitan la reinversión en el sector. Puede ser lógico, pero la pregunta es cuál es el porcentaje de usuarios que pagamos por el agua. Preguntarnos además, cuál es ese enorme porcentaje que no cuenta con el agua como un servicio público y que termina accediendo a ella por diversas vías (entre ellas las llamadas pipas) a un costo exorbitante y en condiciones de sanidad deplorables. Debemos preguntarnos también que hacemos con el saneamiento, con las aguas negras, con su procesamiento. No estamos teniendo las respuestas adecuadas para esos temas y, evidentemente tampoco estamos contando con los recursos suficientes como para garantizar esos servicios.
Por eso, entre otras razones, es ficticia, es falsa, la discusión sobre la privatización o no del agua (como es falsa para la energía, la petroquímica o tantos otros temas que se han convertido, al mismo tiempo, en un tabú y un objeto de explotación demagógica en nuestra agenda política y económica nacional). En los hechos, más del 90 por ciento del agua del mundo está en manos públicas, del Estado y nadie, ni las empresas privas del sector, se propone su “privatización”. La pregunta es cómo hacer para satisfacer todos los servicios relacionados con el agua que requieren buena parte de las grandes ciudades, como por ejemplo, las ciudades de México, Guadalajara o Monterrey, recurriendo sólo al capital público. No alcanza, no es suficiente, se requiere de mucho más y se necesitan no sólo los recursos sino también la tecnología desarrollada por el sector privado.
En realidad, de esa manera funciona el mundo moderno en todos estos aspectos y ello no implica renuncia alguna de la soberanía estatal: al contrario, todos los servicios relacionados con el agua terminan siendo regulados por el estado y eso es lo que garantiza la soberanía sobre el sector.
El otro es el camino del atraso sistemático. De la falta de recursos, de la destrucción del medio ambiente y el deterioro de la calidad de vida. Resulta increíble que cuando cientos de miles, millones en realidad, de personas en nuestro país no tienen acceso al agua como un servicio público, algunos quieran insistir en una forma de proporcionarlo que es el mismo que nos ha llevado a la actual situación.
El tema del agua está involucrado en la seguridad nacional, en la calidad de vida, en la preservación ecológica, en los derechos humanos, en la productividad, en el conocimiento, en la gobernabilidad del país. Lo que algunos no entienden es que el punto central para que el sistema sea funcional es que se garantice que el agua sea accesible para todos y que en todos los ámbitos se le otorgue su justo valor. No hay peor política hidráulica que aquella que no le permite tener acceso al agua a la gente. Y ello no tiene nada que ver con la privatización o no de ese servicio. El tema es demasiado serio como para caricaturizarlo hasta llevarlo a ese ridículo.