El caso del juez sexto de distrito en materia penal federal, José Luis Gómez Martínez, no es excepcional. De la misma manera que este juez ha decidido en una decena de ocasiones que personas involucradas con el cártel de Sinaloa son siempre inocentes, así hayan sido detenidas con siete millones de dólares o con un arsenal, otros jueces, en diferentes momentos, también han otorgado la libertad a personajes ligados al crimen organizado con decisiones incomprensibles.
Lo escribe Gilles Lipovetsky en El crepúsculo del deber: “la demanda social de una información responsable acompaña la quiebra de todas las religiones seculares: cuanta menos fe en el futuro, más se intensifica la importancia de la fidelidad a los acontecimientos del presente; cuando menos ideología mesiánica dando una visión del mundo, más aumenta la preocupación por la recogida, selección y presentación de hechos puntuales; cuanto menos se detentan las claves de la historia, más se impone el valor mínimo de la honestidad en la presentación cotidiana de la información”. Ese es el compromiso, el intento que haremos en este espacio, desde hoy en esta nueva casa, Excélsior. En estas épocas de mesianismo ideológico, simplemente seguiremos presentando la información con honestidad y fidelidad.
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El caso del juez sexto de distrito en materia penal federal, José Luis Gómez Martínez, no es excepcional. De la misma manera que este juez ha decidido en una decena de ocasiones que personas involucradas con el cártel de Sinaloa son siempre inocentes, así hayan sido detenidas con siete millones de dólares o con un arsenal, otros jueces, en diferentes momentos, también han otorgado la libertad a personajes ligados al crimen organizado con decisiones incomprensibles.
Las historias son muchas. Un juez de Guadalajara, Amado López Morales decidió que Héctor Luis El Güero Palma no era narcotraficante, pero además, pese a que fue detenido con un arsenal en su poder, decidió que por acopio de armas sólo merecía un año de cárcel. Al entonces comandante de la Policía Judicial Federal que lo custodiaba, Apolinar Pintor, decidió también exonerarlo, porque ese funcionario público, dijo el juez, protegía al Güero Palma porque era su amigo, no porque se le pagara por ello. Cuando fue detenido en Nuevo Laredo, el líder de la banda de Los Texas, Arturo Martínez Herrera, el mismo juez López Morales desechó los cargos pese a que fue detenido con 36 armas largas y diez kilos de cocaína y marihuana. Lo condenó por asociación delictuosa con una pena de dos años, conmutables por una multa de 144 mil pesos. Cuando la sentencia fue revisada, un tribunal unitario condenó a Martínez Herrera a 40 años de prisión.
Otro juez notable, éste oriundo de Oaxaca, fue Humberto Ortega Zurita. Algunas de sus decisiones fueron de antología. Dos hombres fueron detenidos en un automóvil portando seis kilos de cocaína pura, el juez los absolvió declarando que nadie podía acreditar que la cocaína efectivamente fuera suya. Poco después, una mujer fue detenida en un autobús en el Istmo: llevaba pegados al vientre, tres kilos de cocaína pura. Para el juez no hubo dudas: la mujer quedó en libertad porque consideró que “no portaba la droga concientemente”. En 1998, el juez Ortega Zurita se “suicidó” de varias puñaladas en el pecho.
Hubo muchos más. Todos sabemos que el sistema de impartición de justicia no funciona adecuadamente. Pero también que existen reaseguros, instituciones para intentar poner orden en ese caos. Lo insólito del caso del juez Gómez Martínez no son sus decisiones sino la negativa constante del Consejo de la Judicatura Federal para tomar alguna medida en su contra: no es admisible que el juez Gómez Martínez deje en libertad, sin avisar al ministerio público a una detenida con siete millones de dólares producto del lavado de dinero de los Beltrán Leyva; o que considere inocentes a un grupo de 16 sicarios, del mismo grupo criminal, detenidos con 28 armas largas, 12 lanzagrandas y diez mil cartuchos o incluso que decida ignorar, concientemente, ocho cintas con conversaciones entre el mismo Beltrán Leyva y el ex director de giras de la presidencia de la república, Nahum Acosta, simplemente porque no confía en el peritaje respecto a si la voz que se escuchaba en ellas era, efectivamente, del famoso narcotraficante. Tampoco que en prácticamente todos éstos (y muchos otros) casos, los tribunales en segunda instancia hayan cambiado drásticamente las sentencias e incluso denunciado la “ineptitud y desconocimiento de la materia penal” del citado juez.
No, lo realmente grave es que este juez parece estar protegido en el Consejo de la Judicatura Federal, tanto que no sólo no se lo sanciona sino que incluso es ascendido a coordinador de los jueces federales del penal de La Palma. En todos los otros casos que conocemos de jueces que han actuado de manera similar, alguno de ellos terminó en la cárcel, otros fueron silenciosamente dados de baja, otro se “suicidó”. Lo inaceptable, en el caso de Gómez Martínez, es que la complicidad provenga del más alto tribunal de justicia de nuestro país.