Cuando el Congreso no termina de salir del esquizofrénico proceso de aprobación de las reformas a la ley de radio y televisión, los diputados que votaron dicha iniciativa se encuentran con otra, igual de polémica, compleja y de enorme influencia en el sector productivo nacional, que esperemos que en esta ocasión se den tiempo de revisar con atingencia, porque de ser aprobada sin cambios, como fue presentada, provocará graves daños a la seguridad jurídica de múltiples empresas. Se trata de la Ley Federal de Competencia.
Cuando el Congreso no termina de salir del esquizofrénico proceso de aprobación de las reformas a la ley de radio y televisión, los diputados que votaron dicha iniciativa (dicen ahora, sin haberla leído) se encuentran con otra, igual de polémica, compleja y de enorme influencia en el sector productivo nacional, que esperemos que en esta ocasión se den tiempo de revisar con atingencia, porque de ser aprobada sin cambios, como fue presentada, provocará graves daños a la seguridad jurídica de múltiples empresas. Se trata de la Ley Federal de Competencia.
De la misma manera que nadie podía poner en duda que el país necesitaba una nueva ley de radio y televisión, tampoco nadie duda que se requiere de una nueva ley de competencia económica. La ley actual es 1993 y desde entonces el mundo económico y empresarial ha cambiado tanto que el marco legal debe, también, modificarse. El problema, como sucedió con la ley de radio y televisión, es que en la iniciativa de ley de competencia coexisten propuestas positivas con otras que resultan inaceptables si de lo que se trata es de fomentar el mercado y la competencia.
Los mayores problemas devienen de la transformación de la propia Comisión Federal de Competencia (institución de donde salió la iniciativa de ley) en una suerte de juez y actor sin control externo del proceso, ampliando en de tal forma sus atribuciones que vulneran la seguridad jurídica elemental de las empresas. Por ejemplo, si se aprobara la ley sin cambios, la CFC podrá abrir averiguaciones previas; corregir los errores que hubiera cometido el denunciante para fortalecer la misma; reunir las pruebas y acusar al presunto responsable; calificará las pruebas; emitirá resolución sobre las mismas y resolver las apelaciones que se presenten respecto a sus propias decisiones. Es más, se establece que las multas que cobre la CFC se quedarán en las arcas de la propia institución.
La comisión, además, podrá ingresar a los domicilios de las empresas a inspeccionar o decomisar documentación sin orden de un juez, incluso sin denuncia previa, una atribución que vulnera el texto constitucional. Podrá aplicar sanciones y suspensiones antes de escuchar a las partes y de demostrar que se ha cometido un delito.
La iniciativa va más allá: hace responsables de una eventual sanción a todos los miembros de un mismo grupo empresarial, por nexos directos o indirectos, aunque no tengan participación en las prácticas sancionadas. En otras palabras si, por ejemplo, una empresa fuera sancionada por alguna práctica ilegítima en telecomunicaciones, la sanción podría extender a otras empresas comerciales del grupo aunque no tuvieran nada que ver con el sector. Incluso empresas independientes a la sancionada (o hasta competidoras) pueden ser castigadas si la CFC considera que su conducta coincide, voluntaria o involuntariamente, con la práctica sancionada.
La competencia desleal debe ser combatida: lo que sucede es que para ello no puede vulnerarse la seguridad jurídica mínima de las empresas, no puede desplazarse al poder judicial y no se puede crear una instancia todo poderosa, sin ningún control institucional externo, cuyas atribuciones quedan en manos de la discrecionalidad del funcionario en turno, particularmente cuando todo indica que podrán venir tiempos turbulentos en la política y en las instituciones.
Los diputados ya se equivocaron al aprobar en siete minutos la ley de radio y televisión, aunque esa reforma fuera necesaria. No deberían equivocarse nuevamente: es necesario adecuar la ley de competencia, pero no se puede dejar tanto en manos de la discrecionalidad de un grupo de actuales o futuros funcionarios, que no deberán rendir cuentas a nadie.