Es muy difícil estar en contra de la decisión de la Suprema Corte de investigar si en la detención de Lydia Cacho se violaron sus derechos individuales. La detención de Lydia y las posteriores grabaciones entre Kamel Nacif y, entre otros, el gobernador Mario Marín eran tan contundentes que hacían casi inevitable esa intervención. En sólo dos oportunidades la Corte ha ejercido ese derecho: en 1946, con motivo del asesinato de unos campesinos panistas en Guanajuato y en 1995 por la matanza de Aguas Blancas.
Es muy difícil estar en contra de la decisión de la Suprema Corte de investigar si en la detención de Lydia Cacho se violaron sus derechos individuales. La detención de Lydia y las posteriores grabaciones entre Kamel Nacif y, entre otros, el gobernador Mario Marín, eran tan contundentes que hacían casi inevitable esa intervención. La misma se realizó a petición de ambas cámaras del congreso y sólo en dos oportunidades la Corte ha ejercido ese derecho: con motivo, en 1946, del asesinato de unos campesinos panistas en Guanajuato y en el 95 por la matanza de Aguas Blancas.
La decisión no estará exenta de dificultades legales en el caso de Mario Marín: si se basan las acusaciones en las cintas divulgadas, el problema será que las mismas se obtuvieron de forma ilegítima. Quizás el punto central de la investigación deba centrarse entonces en el propio proceso de detención y traslado de Lydia de Quintana Roo a Puebla. La dificultad estriba en que las bases legales son relativamente endebles y el tema, obviamente, ha adquirido un grado de politización tal donde casi cualquier decisión de la Corte que pudiera ser considerada favorable a Marín, lógicamente será rechazada por la sociedad y los partidos. ¿Por qué, entonces, la Corte se arriesga a adoptar un caso con tanta repercusión popular pero tan difícil de encauzar legalmente?.
Tengo la impresión de que el caso Marín se convertirá en una suerte de globo de ensayo de la Corte de cara al futuro. Y no sé si eso es bueno o malo. La atracción del caso Marín se basó en el párrafo segundo del artículo 97 constitucional. Pero el párrafo tercero dice los siguiente: “la Suprema Corte de Justicia está facultada para practicar de oficio la averiguación de algún hecho o hechos que constituyan la violación del voto público, pero sólo en los casos en que a su juicio pudiera ponerse en duda la legalidad de todo el proceso de elección de alguno de los poderes de la Unión. Los resultados de la investigación se harán llegar oportunamente a los órganos competentes”. Nunca ha sido utilizada esa prerrogativa de la Suprema Corte pero si analizamos el escenario electoral que se presenta de cara al dos de julio, si le sumamos el hecho de que Andrés Manuel López Obrador ha reiterado una y otra vez que no aceptará un resultado electoral adverso y las constantes alusiones a todo tipo de complots y trampas provenientes no sólo de sus adversarios sino también de diversas instituciones, incluyendo el IFE y el Trife, no es descabellado pensar que existe la intención (o por lo menos la posibilidad) de que las elecciones terminen en las manos de la Suprema Corte, como por cierto sucedió con los comicios estadounidenses del año 2000.
Por eso, también, la presión del propio ex jefe de gobierno a la Corte. Recordemos que desde que comenzó la historia del desafuero, uno de los objetivos preferidos de López obrador ha sido la Corte y en particular su presidente don Mariano Azuela. No es ajeno a ello la propia lucha política, en ocasiones inocultable, que se ha generado en la Corte, en particular con posiciones muy encontradas entre el presidente Azuela y su antecesor don Genaro Góngora, al que se considera como muy cercano a López Obrador. Además, en diciembre del 2006 habrá renovación de poderes en la propia Corte.
La politización de la Corte es algo inevitable. Por primera vez en la historia posrevolucionaria, desde la reforma del 94, tiene verdadero poder y autonomía y las presiones políticas no podían quedar fuera de ella. Por eso, tampoco sería descabellado que, de la misma forma en que ahora decidió tomar entre sus manos esa papa caliente que es el caso Marín, pasado el dos de julio pudiera decidir atraer nada más y nada menos que la indagación sobre la legalidad del proceso electoral. No es una simple elucubración: ese momento puede estar mucho más cerca de lo que creemos.