El Distrito Federal es la entidad del país con mayores índices de corrupción en los servicios públicos. Ha ocupado, casi sin interrupciones, ese lugar desde la primera medición realizada por Transparencia Mexicana, en el 2001. La corrupción cuesta, nos decía el presidente del consejo de Transparencia Mexicana, unos dos mil millones de dólares al año y lo que gastamos en ella, constituye un impuesto indirecto de aproximadamente el 8 por ciento promedio de nuestros ingresos y equivale a cuatro puntos del PIB.
El Distrito Federal es la entidad del país con mayores índices de corrupción en los servicios públicos. Ha ocupado, casi sin interrupciones, ese lugar desde la primera medición realizada por Transparencia Mexicana, en el 2001. En esta ocasión, detrás del DF están el estado de México, Tabasco, Hidalgo y Guerrero. La corrupción cuesta, nos decía Federico Reyes Heroles, presidente del consejo de Transparencia Mexicana, unos dos mil millones de dólares al año y lo que gastamos en ella, constituye un impuesto indirecto de aproximadamente el 8 por ciento promedio de nuestros ingresos y equivale a cuatro puntos del PIB. Cabe destacar que esta encuesta nacional, levantada en más de quince mil hogares, no mide la corrupción que generan o sufren las empresas: éstos son los números de la corrupción familiar, la que afecta en forma directa a la ciudadanía.
Por eso mismo, las excusas que ofreció el jefe de gobierno capitalino, Alejandro Encinas, sobre el tema son vergonzosas. Según Encinas, esos índices crecen en el DF porque la ciudad de México es la sede de los poderes federales y en ello se suman entonces denuncias de mordidas y corrupción “por ejemplo, en aduanas y garitas que son jurisdicción federal”. El problema obviamente no es ése: los estados mejor calificados en el tema son Querétaro, Chiapas, Baja California Sur, Sonora y Guanajuato y en todos ellos hay “garitas”, en muchos de ellos aduanas, unos son muy ricos, otros muy pobres y sus niveles de corrupción están muy por debajo del Distrito Federal. Peor aún es el discurso de que la corrupción es “un problema de cultura y de la sociedad”: ¿es muy diferente la “cultura” de los queretanos a la de los capitalinos?. Obviamente no, sobre todo si se asume que Querétaro era, al inicio de estas mediciones, uno de los estados con los índices de corrupción más altos del país y en un par de años, siguiendo las recomendaciones de la propia Transparencia Mexicana, se transformó, hoy, en el estado de menor corrupción. La diferencia no está en la cultura social sino en la voluntad política de las autoridades de cambiar, de erradicar la corrupción. Y ésta, a pesar de lo que diga Encinas, está más viva que nunca en la capital. Dice el jefe de gobierno, para refrendar su discurso sobre el origen cultural de la corrupción, que, según “lo que alcanzó a ver” el sector de la población que más mordidas da es el de mayor nivel de escolaridad. Es una verdad a medias: sí es el que otorga más mordidas, según el estudio, porque tiene mayor poder económico y también porque de esa manera busca agilizar los trámites. También porque buena parte de esos trámites, como por ejemplo, todo lo relacionado con la construcción o con la autorización de un comercio o una empresa, sin ese lubricante que es la mordida, en la ciudad de México simplemente es intransitable.
Pero “alcanzó a ver” mal Encinas: el dato que le debería interesar es que en los hogares más pobres el costo de la corrupción se lleva hasta el 24 por ciento de los ingresos de esas familias. Y en ellas, ese impuesto indirecto no se va en “aduanas y garitas” sino en algo mucho más simple: en la mordida que tienen que dar para que se recoja su basura; para que haya alguna, mínima, vigilancia policial; para que llegue una pipa con agua. Esa es la peor corrupción y la que no ha podido solucionar el GDF por su política clientelar, por su relación con grupos como los Francisco Villa o los bejaranistas, que son los que “cobran” en las colonias más populares ese “impuesto indirecto” llamado mordida para otorgar desde una vivienda hasta servicios básicos.
En otro ámbito de la corrupción, se nota que el jefe de gobierno capitalino hace mucho que no va a ninguna de las oficinas de licencias de la ciudad, porque podría comprobar cómo sin un gestor y un “apoyo económico” es casi imposible realizar algún trámite, incluso con “mordidas” que parecen bien intencionadas. Por ejemplo, en la delegación Benito Juárez (que por cierto gobierna el PAN) para otorgar cualquier permiso de construcción o de remodelación, antes de que se entregue el mismo se debe pasar a la oficina del delegado Abdalá Akabani y allí una secretaria, de acuerdo a las características del permiso, informa cuántas computadoras (se establece incluso la marca y configuración que debe tener ésta) se deben entregar a la delegación para obtener el permiso. Si no hay computadoras no hay permiso. Las autoridades argumentan que se trata de un mecanismo para otorgar computadoras a las escuelas. Sólo hay dos problemas: primero, que no está estipulado en ninguna ley que se debe pagar ese impuesto indirecto que ha establecido la delegación y por lo tanto es ilegal; segundo, que esas computadoras se entregan en las escuelas (eso se supone) como una contribución de la delegación y eso es falso. Se trata, bien o mal intencionada, de un acto de corrupción y eso se repite cotidianamente en todos los ámbitos de gobierno del DF.
Y ello no debería asombrarnos porque el estudio sobre corrupción también permite inferir que las entidades que menos interés han puesto en la transparencia son, además, las que mayores problemas de corrupción tienen. Y la transparencia es, sin duda una de las tareas pendientes de la administración López Obrador-Encinas.
Por supuesto que la corrupción es uno de nuestros mayores problemas nacionales (incluso el índice de corrupción aumentó, a nivel nacional, del 8.5 en el 2003 al 10.1 en el 2005), pero no es un destino inexorable ni mucho menos una clave cultural: como dijimos, Querétaro, en tres años pasó de los últimos lugares al primero o Chiapas, desde que automatizó los servicios de pagos y licencias, entre muchos otros, ha estado siempre en los primeros lugares. La diferencia no está en la cultura sino en la voluntad política. Y nada la vulnera más a ésta que los compromisos derivados del clientelismo.