Tengo una opinión formada sobre ambos hechos, pero a ciencia cierta no sé si hubo violaciones sexuales de las mujeres detenidas en Atenco. Tampoco sé si los spots que muestran a René Bejarano embolsándose miles y miles de dólares confirman, como dice el PAN, que el ex jefe de gobierno es un peligro para México. Pero me temo que los integrantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tampoco lo saben, pero se han apresurado a sentar posición, uno en el caso de las mujeres de Atenco, el otro en torno a los spots de las campañas electorales, por simple afán protagónico o quizás porque pensaron que estaban haciendo lo que se esperaba de ellos para ser políticamente correctos.
Tengo una opinión formada sobre ambos hechos, pero a ciencia cierta no sé si hubo violaciones sexuales de las mujeres detenidas en Atenco. Tampoco sé si los spots que muestran al ex coordinador de campaña y secretario particular de López Obrador, René Bejarano, embolsándose miles y miles de dólares confirman, como dice el PAN, que el ex jefe de gobierno es un peligro para México. Pero me temo que los integrantes de instituciones tan importantes como la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en sus respectivos ámbitos de competencia, tampoco lo saben, pero se han apresurado a sentar posición, uno en el caso de los mujeres de Atenco, el otro en torno a las spots de las campañas electorales, por simple afán protagónico o quizás porque pensaron que estaban haciendo lo que se esperaba de ellos para ser políticamente correctos. Se equivocaron en los dos casos porque no actuaron como lo que son: instituciones del Estado mexicano, y prefirieron mostrarse como actores políticos (cuando deben ser sólo árbitros) o, en el mejor de los casos, porque confundieron sus papel con el de unas organizaciones no gubernamentales.
El caso de la CNDH y Atenco es grave. Insisto: no prejuzgo lo sucedido con las mujeres detenidas el 4 de mayo pasado, aunque las condiciones de la detención y el traslado hacen parecer por lo menos improbable, las violaciones que se han denunciado. Pero el hecho es que fuera de las denuncias presentadas ante la propia CNDH, esta institución tampoco tiene pruebas de que esos hechos hayan sucedido y las denunciantes, en ningún caso, han accedido siquiera a realizarse un estudio ginecológico que permitiera confirmar esos dichos. Lo cierto es que la CNDH se embarcó en legitimar las denuncias apenas horas después de que éstas se habían presentado y luego, esta semana se vio obligada, porque lo había prometido, a dar a conocer un “informe preliminar” que no sólo parece estar fuera de sus ámbitos de responsabilidad sino que ha tenido el mérito de confundir y dejarla mal parada con todo el mundo por la pretensión, precisamente, de quedar bien con todos.
Carlos Marín lo dice muy bien en Milenio cuando describe como todos los periódicos se fueron con titulares diametralmente diferentes sobre el tema, desde la afirmación de La jornada de que “según la CNDH fueron siete las mujeres violadas en Atenco”, hasta la cabeza del propio Milenio que afirma que “ni una violación fue probada”. En realidad, ésta última es la posición correcta porque el informe de la CNDH lo que dice es que se recibieron siete denuncias, pero que no han podido comprobar ninguna. Sin embargo, la confusión la propició la propia Comisión porque el “informe preliminar” fue tan confuso, que transformaron la presentación del lunes en un galimatías donde cada uno pudiera sacar la conclusión que fuera más adecuada a sus intereses. Como dice Marín, la confusión en todo caso no es de los medios, fue sembrada por la propia CNDH. Una ONG dedicada a los derechos humanos, puede apresurar conclusiones, puede adelantar juicios y exponer la opinión de sus integrantes: una institución como la Comisión Nacional debe exponer la verdad legal una vez concluida sus investigaciones, la diferencia es enorme. Algo similar ocurre con el Trife. El presidente del tribunal, Leonel Castillo, basó su decisión en exigir que se sacaran del aire una serie de spots que criticaban a López Obrador con el argumento de que los ellos “están afectando a la ciudadanía y minando los deseos de participación”. Si unos y otros, se preguntó, “se endemonizan (sic) ¿quién quiere participar en el infierno de los ciudadanos?”. Sintaxis aparte, lo expresado por Castillo es, simplemente, un juicio de valor como cualquier otro: quizás sería preferible una campaña electoral absolutamente propositiva, que se basara en los “futuros programas o planteamientos” propuesto por los partidos y coaliciones. Pero las campañas electorales, en ninguna democracia, funcionan así. Las campañas son cada vez más personalizadas y se basan no sólo en los programas sino también en la personalidad de quien aspira a gobernarnos. Y no creo que sea un error tomar en cuenta las denuncias que en uno u otro sentido pueden hacer los partidos y candidatos respecto a sus adversarios. Para no irnos demasiado atrás: ¿usted cree que la personalidad y los colaboradores de Díaz Ordaz, de Echeverría, de López Portillo, de De la Madrid, de Salinas, de Zedillo o de Fox no han tenido influencia en la historia reciente del país? En las democracias actuales, aunque al magistrado Castillo no le guste, la exhibición de la personalidad de los candidatos es clave para que los electores puedan formarse una opinión, aunque ésta no sea plenamente fiel, de cómo podrían gobernarnos. Y en ocasiones ello termina siendo, incluso, más importante que muchas de las propuestas que ese candidato pueda presentar. Y ello se aplica a López Obrador, pero también a Calderón, a Madrazo, a Mercado y a Campa. ¿De dónde saca el Trife, como dice en su resolución, que “las expresiones contenidas en los mensajes no son aptas ni idóneas para fomentar el voto razonado de los electores”? A mi me recuerdan, más que a un tribunal electoral a los antiguos censores que decidían que películas o escenas podíamos ver en un cine o en televisión que no “afectaran” nuestra moral o valores. Ese no es el papel del Trife.
El IFE ya había resuelto, no sin conflictos, ese punto, pero el Trife quiso exhibir su protagonismo con una decisión desacertada, pero que, además, termina debilitando tanto al Instituto como al Tribunal, porque no es la primera vez que muestran diferencias profundas de criterio en temas básicos como el de la publicidad electoral. Algo nada halagüeño tomando en cuenta el panorama electoral que se presenta.