La economía mexicana es la 12 en el mundo, sin embargo nuestra competitividad esta evaluada debajo del lugar 50 a nivel internacional. Uno de los capítulos decisivos para establecer la competitividad de un país pasa por la calidad de su educación. Un estudio reciente de la OCDE para que México alcance la calidad educativa de las naciones industrializadas, se requerirían 50 años: si se quiere alcanzar el nivel de nuestro principal socio comercial, Estados Unidos, necesitaríamos 70 años.
La mexicana es la 12 economía del mundo, sin embargo nuestra competitividad está evaluada debajo del lugar 50 a nivel internacional. Uno de los capítulos decisivos para establecer la competitividad de un país pasa por la calidad de su educación. Según un reciente estudio de la OCDE para que México alcance la calidad educativa de las naciones industrializadas, siguiendo la ruta actual, se requerirían 50 años: si se quiere alcanzar el nivel de nuestro principal socio comercial, Estados Unidos, necesitaríamos 70 años. La calidad de nuestra educación se ha convertido en una traba para el desarrollo.
En muchas oportunidades hemos sostenido en este espacio que la posibilidad de que López Obrador alcance la presidencia de la república implicaría un regreso al pasado que en muchos sentidos resulta preocupante. Pero pocas cosas he visto algo con mayor preocupación que el mensaje que presentó ante los rectores de las universidades públicas en el encuentro de la ANUIES en Veracruz. No sé quien asesora en estos temas a López Obrador pero lo que dijo es, lisa y llanamente, una barbaridad: el candidato sostuvo que de llegar a la presidencia pondrá fin a los rechazados en la universidad y el presupuesto de las universidades públicas ya no se condicionará a la calidad de la enseñanza sino a la cobertura de su matrícula. Dijo más López Obrador: aseguró que él quisiera “que hubiera calidad en la enseñanza, pero en un país como el nuestro eso, aunque es importante, no es lo más urgente, lo más urgente es la cobertura”. Fue más allá: dijo que el principal punto que trató con los rectores fue eliminar la existencia de jóvenes rechazados porque la calidad se utiliza “como pretexto” para que no ingresen los que reprueban el examen de admisión.
La intención puede ser buena: otorgarle mayor oportunidad a los jóvenes e incluso algunos dirían que serviría para sacarlos de la calle. Pero la propuesta de López Obrador provocaría daños irreversibles a nuestro sistema educativo y productivo, sería un golpe fatal a la competitividad del país y al propio futuro de esos jóvenes. Primero, ¿quién le dijo a López Obrador que todos los jóvenes, sin excepción, deben y pueden ir a la universidad?. En ningún país del mundo las cosas funcionan así: de la misma manera que no todos los jóvenes están capacitados para estudiar una carrera universitaria, no todos están capacitados para ser buenos técnicos u obreros. De nada sirve abrir las universidades públicas a todo el que lo desee: para estudiar una carrera universitaria se requiere un nivel de conocimientos y de capacidad determinados. Adicionalmente si partimos de la base de que no debe haber rechazados y si López Obrador considera que el no aprobar los exámenes de ingreso es sólo un “pretexto”, se debería concluir que lo mismo ocurriría con las evaluaciones a lo largo de su carrera. En otras palabras, con sólo ir a la universidad cualquier joven estaría en condiciones de obtener por lo menos su licenciatura.
El problema no es la cobertura universitaria sino la calidad. Las universidades públicas necesitan más presupuesto pero para mejorar su calidad, para competir en condiciones de equidad con las universidades privadas, para poder darle a sus egresados mayores oportunidades en el mercado de trabajo. ¿Qué sentido tendría que todos los jóvenes pudieran ingresar a la universidad si, cuando concluyan sus estudios el mercado de trabajo estaría cerrado para ellos?¿cree López Obrador que algún empresario va a contratar a un egresado de una universidad donde se pregona que la calidad de la enseñanza no importa?.
El propio López Obrador dice que construirá 30 nuevas universidades y 200 preparatorias con un costo de 123 mil millones de pesos. ¿Con base en qué dice el candidato que las necesitamos?. Hoy casi el 50 por ciento de los jóvenes de 15 años están fuera del sistema educativo y no lo están por falta de espacios: abandonan sus estudios porque buscan un empleo y como no existen las suficientes oportunidades en educación técnica y en oficios, terminan realizando las peores labores o emigrando a Estados Unidos. No necesitamos 30 universidades públicas más, como tampoco necesitamos algunos cientos de miles de licenciados en derecho, en comunicación o en sociología adicionales: el país requiere una enorme cantidad de trabajadores calificados, de mejores técnicos en todos los oficios, para ellos sí hay mercado laboral. Si hubiera menos demagogia y mayor sentido común, esos recursos se deberían destinar a desarrollar, como en todos los países que han logrado su industrialización, universidades de alto nivel junto a una extensa, amplia, red de tecnológicos y escuelas que permitan aprovisionar el mercado con trabajadores que tengan los conocimientos suficientes como para desarrollar su labor en el mundo laboral actual. Hoy no necesitamos más médicos de los que ya tenemos: necesitamos más enfermeras, más técnicos en el área médica, más personal que no requiere una carrera universitaria para insertarse en el mercado de trabajo.
La propuesta de López Obrador, además, termina siendo profundamente elitista: lo único que lograría sería deteriorar la calidad de las universidades públicas hasta hacerles imposible competir con la privadas, que por supuesto continuarán apostando a la calidad y a seleccionar a sus estudiantes y aprovisionando al mercado laboral de alto nivel. No es, finalmente, nada nuevo: un esquema similar utilizó Luis Echeverría después del 68, masificando las universidades y diciendo que lo importante era la cobertura y no la calidad. Los resultados fueron desastrosos y las universidades públicas terminaran perdiendo preeminencia ante las privadas. Es profundamente injusto para nuestras universidades públicas y para los jóvenes que no recibirán la educación que están buscando y que una vez egresados no podrán trabajar en su carrera. La clave de la educación superior está en la calidad y para darle oportunidades a los jóvenes lo que hay que implementar es un sistema educativo integrado al mercado laboral. Lo otro es demagogia pura.