Todas las campañas utilizan un doble lenguaje: las propuestas suelen ir de la mano de la descalificación de sus adversarios, la campaña positiva tiene que ir acompañada de la negativa, es importante presentar lo que se propone hacer un candidato con el país como demostrar que es mejor que sus adversarios. Y que mejor que hacerlo mostrando sus defectos.
Los spots negativos terminan estando en la esencia nos guste o no, de la competencia electoral, pero el problema no son los spots negativos, sino la guerra sucia.
Todas las campañas utilizan un doble lenguaje: las propuestas suelen ir de la mano de la descalificación de sus adversarios, la campaña positiva tiene, necesariamente que ir acompañada de la negativa. No por una perversidad intrínseca de los políticos, sino por un hecho obvio: es tan importante presentar lo que se propone hacer un candidato con el país como demostrar que es mejor que sus adversarios. Y qué mejor que hacerlo mostrando sus defectos. Por eso, los spots negativos terminan estando en la esencia, nos guste o no, de la competencia electoral.
Pero el problema no son los spots negativos, sino la guerra sucia. Y López Obrador ha decidido lanzarse de lleno a ella. Tres ejemplos: los dirigentes partidarios desde el martes en la noche están negociando un acuerdo de gobernabilidad para reconocer el resultado electoral y establecer bases de trabajo comunes a partir del 3 de julio. El presidente del PRD, Leonel Cota Montaño, aceptó firmar el acuerdo el martes pero dijo que en principio aceptarían el acuerdo pero que “se reservaban el derecho a manifestarse”. Pero a la misma hora que los presidentes de los partidos estaban reunidos en la ciudad de México, el candidato de la alianza por el bien de todos, López Obrador, estaba en Tapachula. Allí, dijo que le querían “regatear” el triunfo el dos de julio y advirtió sobre el posible “fraude electoral” que se cometería en su contra. Por una parte, un acuerdo para reconocer resultados, por el otro la denuncia del fraude. Guerra sucia.
El mismo día del debate, en la mañana, sufrió un atentado la señora Cecilia Gurza, esposa del empresario detenido Carlos Ahumada. La señora Gurza ofrecería ese día una conferencia de prensa y mostraría una serie de cinco videos que involucraban, entre otros, al representante del PRD ante el IFE, Horacio Duarte. Diez balazos recibió la camioneta de la señora Gurza, quien al momento del atentado iba acompañada de sus hijas. El acto de intimidación tuvo éxito: la esposa de Ahumada decidió no presentar los videos. Pero la investigación de la procuraduría capitalina ha sido insólita. No ha dedicado ni un minuto a buscar a los presuntos responsables y apenas ocurridos los hechos ya había descalificado la versión del atentado. Hizo detenciones, sí, pero de los choferes de la familia y descubrieron que uno de ellos era sospechoso porque tenía “antecedentes penales” y era ex policía. Les hicieron pruebas de radizonato de sodio que salieron negativas pero de todas maneras los mantuvieron detenidos un día y los presionaron para que “confesaran”; divulgaron ante los medios la versión de que había contradicciones entre los dichos de las presuntas víctimas y algunos medios lo aceptaron acríticamente. Algunos dirigentes perredistas recordaron el autoatentado de José Murat. La pequeña diferencia fue que en ese caso, la PGR realizó una larga y minuciosa investigación donde no entregó presunciones sino pruebas periciales, incluyendo el nombre de las personas que habían hecho los disparos. La procuraduría del DF no investigó el atentado contra Gurza; no descubrieron de qué arma son los casquillos percutidos; la camioneta objeto del atentado, cuando era trasladada a la PGJDF, se “zafó” de la grúa y se estrelló contra otros automóviles, perdiendo valor pericial (casualmente lo mismo que hizo la procuraduría de Oaxaca con el caso Murat); hablaron de cámaras de seguridad pero dicen que las cintas, proporcionadas por las víctimas, no se ven bien. No investigaron a nada ni a nadie, salvo a la familia atacada y a los trabajadores que colaboran con ella.
El hecho es que el atentado contra Cecilia Gurza logró varios objetivos: impidió la presentación de los videos; intimidaron a Ahumada y su esposa, no pagaron costos y terminaron acusando a las víctimas de ser los victimarios. Y han utilizado esas denuncias ya no como publicidad negativa sino como parte de la guerra sucia.
En la noche del debate, López Obrador ejecutó otra obra de guerra sucia. Presentó, apurado por el tiempo, una acusación contra un cuñado de Felipe Calderón, que en su momento no identificó, el cual, dijo, había ganado dos mil 500 millones de pesos y no pagaba impuestos. Han pasado 72 horas y no ha podido comprobar los hechos. Lo cierto es que la empresa involucrada, una consultora y operadora de sistema de informática, Hildebrando, en la que participa como accionista Diego Zavala, hermano de Margarita Zavala, junto con otros empresarios, es una empresa con veinte años de antigüedad, de las más calificadas en el sector, que desde antes del inicio de la administración Fox ya tenía contratos con algunas empresas públicas como PEMEX, Liconsa, la secretaría de Hacienda y luego con el propio gobierno del DF. De todas formas, la mayor parte de su operación se ha realizado con empresas privadas. Durante el periodo de Calderón en la secretaría de Energía, no obtuvo ningún contrato de esa dependencia. Y está al día en su pago de impuestos. Los papeles que mostró López Obrador son copias que no se sabe de dónde salieron y que no justifican las cifras manejadas por el candidato, mucho menos la supuesta evasión de impuestos. En realidad, regresando nuevamente al caso Ahumada, los documentos de AMLO recuerdan aquellos estados de cuenta bancarios que presentó René Bejarano contra Rosario Robles, con depósitos millonarios, que resultaron ser falsos. Robles, en su momento, presentó contra Bejarano una denuncia penal por falsificación de documentos, denuncia que la PGJDF, hasta ahora, ha ignorado. Es un capítulo más de la guerra sucia. Una guerra en la que sus adversarios no han caído. Podrían preguntar, por ejemplo, ¿de qué viven López Obrador y su familia, realmente viven con 40 mil pesos mensuales?¿cuándo AMLO ha mostrado una declaración de impuestos?¿realmente quiere el candidato debatir su historia familiar y la de sus principales colaboradores? Quizás sus adversarios no lo han hecho, simplemente por escrúpulos o porque comprenden que la guerra sucia se sabe cuando comienza, no cuando acaba.