Desde el poder nos han mentido tanto que cuando las mentiras provienen de sectores sólo en apariencia ajenos a éste, muchos terminan aceptándolas sin verificar su verosimilitud. López Obrador y otros dirigentes políticos de su partido, han desarrollado esa habilidad hasta el límite y les ha dado magníficos dividendos. Cuando acusa a Calderón, con una evidente mentira, es éste el que tiene que demostrar que no ha cometido un delito. Si se le recuerda al propio López Obrador los claroscuros de su historia familiar y personal, o la cantidad de personajes alrededor suyo que han tenido graves acusaciones penales, ni él ni los suyos deben rendir cuentas.
Desde el poder nos han mentido tanto, se han cometido tantas arbitrariedades, que cuando las mentiras provienen de sectores sólo en apariencia ajenos a éste, muchos terminan aceptándolas, sin verificar su verosimilitud. López Obrador y otros dirigentes políticos de su partido, han desarrollado esa habilidad hasta el límite y les ha dado magníficos dividendos: cuando se mostraron los famosos videos de Bejarano, Imaz y Ponce Meléndez en lugar de investigar y exigir el castigo a los culpables, se “descubrió” el complot en su contra; cuando acusa a los empresarios, a “los ricos”, las “elites” o los de “cuello blanco”, paradójicamente no es él quien debe demostrar la veracidad de sus acusaciones, sino los acusados los que deben demostrar que son inocentes. Cuando acusa a Calderón, con una evidente mentira, de tener un cuñado que no paga impuestos, es éste el que debe demostrar que no ha cometido un delito, por más que el candidato perredista no haya probado sus acusaciones. Si se le recuerda al propio López Obrador los claroscuros de su historia familiar y personal, o la cantidad de personajes alrededor suyo que han tenido graves acusaciones políticas o penales, ellos o sus familiares más cercanos, nos encontramos con que estamos ante otro complot. Ni él ni los suyos deben rendir cuentas.
Pues ahora tendrán que hacerlo. Los documentos que presentó el periódico El Economista sobre la forma en que se financia de manera subterránea la campaña lopezobradorista, coloca en negro sobre blanco lo que se sospechaba de tiempo atrás. La operación, según los documentos, comenzó en abril del 2003 cuando Claudia Sheimbaum Pardo, en un documento enviado al equipo más cercano del todavía jefe de gobierno, explica cómo se deben buscar mecanismos de financiamiento “que no puedan ser contabilizados en los topes de campaña”. Los documentos están firmados con las iniciales de la autora CSP. Otros documentos están firmados por Alberto Pérez Mendoza (APM, coordinador de defensa del voto de López Obrador) y Nicolás Mollinedo Bastar (NMB, director de logística de AMLO). La operación financiera, según esos documentos, la dirigió otro cercano amigo, Octavio Romero Oropeza, ex oficial mayor del GDF y responsable de las finanzas del candidato.
El documento de CSP, según El Economista, dice que se deben obtener recursos “buscando proveedores afines y darles proyectos de obra (distribuidor vial, segundo piso del Periférico y Viaducto y otras vialidades) y pagarles a tiempo para que no incurran en gastos financieros y pedirles su apoyo económico en retribución”. Sugiere identificar los proveedores más proclives y pedirles sobreestimaciones, facturación parcial y pagar el resto por fuera. “Con alguno de ellos, agrega Sheimbaum, quedaremos en deuda, sin embargo al llegar a la presidencia se les recompensará con más proyectos”. Más adelante, en otros documentos, se enumeran las fuentes de recursos e incluso quiénes se deben encargar de cada uno de ellos: Alberto Pérez Mendoza y Sheimbaum se encargaron de “disuadir” a las empresas constructoras que pudieran estar descontentas con la sobrefacturación e incluso especifican, en el llamado Documento 9, Nota Informativa Confidencial que deben hablar con el “maestro” (se supone que el procurador Bátiz) para que asigne un ministerio público leal si se presentan casos. En prensa, César Yañez debe “vigilar a los comunicadores que se beneficiaron con asignaciones presupuestales de promoción y que podrían voltearse en los últimos dos meses de campaña”. Incluso plantea “emprender acciones” contra los comunicadores que considera enemigos.
Marcelo Ebrard y Jesús Ortega, debían buscar al apoyo de la hermandad policíaca y verificar que el 40 por ciento de los ingresos se depositen en las cuentas “blancas” de la campaña. También Ebrard y Ortega debían ocuparse de los taxis piratas y deslindar al PRD de grupos como los Montaña, Pantera y Asamblea de Barrios. Pérez Mendoza era el responsable de las “aportaciones” de los giros negros y los aportes provenientes del programa de viviendas.
Ya en octubre del 2004, Pérez Mendoza, en otro documento, hace una evaluación del operativo y considera que fue un acierto encarga a Sheimbaum del segundo piso y no a la secretaría de finanzas porque éstos, “podrían ser imprudentes con su perfeccionismo”. Del metrobús asegura que dejará “excedentes importantes”. Los giros negros proporcionan “excelentes ingresos” pero advierte que algunos delegados “han abusado al tomar su parte”. Existen, asegura, muchos “cabos sueltos” en el tema de los taxis y microbuses tolerados y piratas, pero no con los ambulantes, “controlados por Bejarano y Padierna”. La hermandad policial “ha colaborado generosamente” y el blindaje legal de la asociación “es absoluto”. El programa de vivienda ha sido “todo un éxito” y “hemos entregado, dice, grandes cantidades de dinero a miembros activistas del partido y a personas físicas afines”.
Hasta allí los documentos, pero todo checa. La operación comienza en abril del 2003, cuando comienza también, por ejemplo, el chantaje a Ahumada (y las filmaciones de éste). ¿Quiénes reciben el dinero de Ahumada?: Bejarano y entre otros, Imaz, el esposo de Claudia Sheimbaum, ésta ya ha cargo de las obras del distribuidor vial y el segundo piso, pese a desconocer absolutamente el tema. ¿A dónde iba a parar el dinero que entregaban Ahumada y otros empresarios? Pues a la campaña, pero ¿era para la del 2003 o para el fondo que se estaba creando para el 2006? ¿Por qué se mantiene a Sheimbaum a pesar de ese cargo de corrupción sobre su esposo? Porque es la pieza clave de la operación. ¿Quiénes estaban sentados en primera fila en el IFE el día de la toma de protesta de López Obrador? Los empresarios beneficiados con las obras viales y de vivienda del GDF, por adjudicaciones directas. ¿Por qué tanto empeño en reventar el instituto de transparencia? Para blindar la información. Todas las piezas encajan. Ahora esperemos, por lo menos, una explicación del candidato López Obrador.