Dice el artículo 115 fracción VII de la Constitución que ?el Ejecutivo Federal tendrá el mando de la fuerza pública en los lugares donde resida habitual o transitoriamente?, en este caso en el Distrito Federal donde reside actualmente el Ejecutivo Federal. En otras palabras: la designación del secretario de seguridad pública del DF está en manos del presidente de la república y si bien el jefe de gobierno de la capital tiene sus atribuciones ?ejercer las funciones de dirección de los servicios de seguridad pública de conformidad con el Estatuto de Gobierno?, es evidente que la designación de su responsable y el ?mando? de la policía capitalina reside en el ejecutivo federal.
Dice el artículo 115 fracción VII de la Constitución que “el Ejecutivo Federal tendrá el mando de la fuerza pública en los lugares donde resida habitual o transitoriamente”, en este caso en el Distrito Federal donde reside actualmente el Ejecutivo Federal. La misma norma se ratifica en el artículo 122, base quinta, inciso E: “en el Distrito Federal será aplicable respecto del presidente de los Estados Unidos Mexicanos lo dispuesto en fracción VII del artículo 115 de esta Constitución”. En otras palabras: la designación del secretario de seguridad pública del DF está en manos del presidente de la república y si bien el jefe de gobierno de la capital tiene entre sus atribuciones “ejercer las funciones de dirección de los servicios de seguridad pública de conformidad con el Estatuto de Gobierno”, es evidente que la designación de su responsable y el “mando” de la policía capitalina reside en el ejecutivo federal.
El bloqueo realizado desde el domingo pasado por un grupo pequeño de personas (nunca han pasado los dos mil 500, distribuidos en los 47 campamentos que estrangulan el centro de la ciudad desde el Zócalo hasta la Fuente de Petróleos, cruzando todo Paseo de la Reforma) viola diversas normas legales, incluyendo el bando emitido por el propio López Obrador, cuando era jefe de gobierno, que permitía la libre manifestación pero prohibía el bloqueo de las vialidades primarias de la ciudad. Viola el derecho al libre tránsito, al libre comercio, limita el acceso al trabajo, ocasiona costos altos a la industria, el comercio, el turismo, a los sectores gastronómico y hotelero, ha producido daños graves a la infraestructura capitalina y ha generado, además, la justa indignación cotidiana de millones de ciudadanos. No sólo el gobierno del Distrito Federal, encabezado por Alejandro Encinas, ha respaldado por todos los medios materiales posibles (violando también la ley) el bloqueo, sino que el propio Encinas ha dicho que no hará respetar el bando emitido por su propia administración y que si eso implica “asumir un costo político” que lo asumirá gustoso.
Pues bien, el primer costo político que tendría que asumir Encinas es que el presidente de la república, ejerciendo sus atribuciones constitucionales, debiera remover al actual secretario de seguridad pública, Joel Ortega, y reemplazarlo por un hombre o mujer que garantice el respeto a la propia institución y que no la ponga, como hoy ocurre, al servicio de un grupo de manifestantes. La policía del DF, incapaz de afrontar la lucha contra la inseguridad cotidiana en la ciudad, sirve para coordinar el bloqueo, para realizar los cierres de calles que los manifestantes demandan pero jamás se coloca del lado de la ciudadanía. Mucho menos hace cumplir la legislación vigente.
Algunos considerarán que cambiar al secretario de seguridad pública local implicaría que éste ordenara el desalojo de los bloqueadores. No tiene porqué ser así: la dirección de esa fuerza la debe tener el jefe de gobierno, pero una cosa es tener la dirección de una fuerza de seguridad y otra obligarla a actuar fuera de la ley. Que sean Encinas o López Obrador los que ordenen si el bloqueo se queda o se va, por lo menos hasta que la ciudadanía se harte de ese chantaje, pero que la policía del DF no sea un instrumento político al servicio de un ex candidato.
Lo es en muchos sentidos: uno práctico, evidente, basado en la colaboración cotidiana con quienes están bloqueando las vialidades primarias de la ciudad y destruyendo las obras de remodelación que a un costo altísimo presumía la administración capitalina. Designar un nuevo jefe policial garantizaría además, por lo menos intentar cerrar algunas de las vías que financian este movimiento: los enormes recursos que provienen de las policías bancaria y auxiliar, estimados en miles de millones de pesos anuales y que siempre han sido la caja negra de los gobiernos capitalinos, de los anteriores y de los actuales; significaría intentar cortar (o por lo menos dificultar) también ese flujo ilegítimo de recursos que transita por esas vías proveniente de los giros negros y del narcomenudeo. Implicaría dejar de dar protección a grupos ultrarradicales (como los Francisco Villa y otros) que suelen ser organizaciones de base de grupos armados y que, también en más de una ocasión, terminan otorgando protección al narcomenudeo y los giros negros.
Los elementos que se conjugan en este proceso no son diferentes a los que intervinieron en Tláhuac cuando fueron linchados e incinerados un grupo de policías federales con la indiferencia de la policía local y que ocasionó la salida de Marcelo Ebrard de la SSP-DF: una combinación de intereses políticos, con la protección a grupos armados, narcomenudeo y grupos ultrarradicales. Una corte a esa red de protección no se dio en Tláhuac y en la actualidad hay víctimas pero ni un solo responsable de los hechos. Hoy, el ejecutivo federal tiene la oportunidad de ejercer sus atribuciones y tratar de cortar esa red de corrupción que coloca a la mayor corporación policial del país al servicio de un interés partidario, que se podrá considerar por algunos legítimo pero que está fuera de cualquier ámbito de competencia institucional.
Insistimos, no para con ello tomar una decisión represiva: si López Obrador y Encinas quieren seguir “pagando el costo” de mantener el bloqueo, que lo paguen. Pero la policía capitalina no puede estar para respaldar ni ése ni cualquier otro movimiento y mucho menos para financiarlo por mecanismos subterráneos. ¿Qué se afectarán así muchos intereses y que puede haber inestabilidad generada por los propios mandos policiales afectados? Sí, puede ser. Pero también cuando asuman los próximos presidente y jefe de gobierno se podrán establecer, de una vez, reglas más claras para la operación de una corporación clave para la seguridad pública, que no puede estar al servicio de un grupo, de ninguno.