Al momento de escribir estas líneas estaba en su recta final la sesión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, desahogando los más de 300 juicios de inconformidad presentados por los partidos, sin que ocurrieran, hasta ahora, novedades significativas. Mientras se desahoga este proceso, el foco rojo más importante para la estabilidad política parece no estar en los desangelados plantones lopezobradoristas, sino en la muy compleja situación que se vive en Oaxaca, que cada día más parece ser una suerte de prueba de laboratorio de lo que se propone para el futuro de la llamada ?resistencia civil?.
Al momento de escribir estas líneas estaba en su recta final la sesión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, desahogando los más de 300 juicios de inconformidad presentados por los partidos, sin que ocurrieran, hasta ahora, novedades significativas. Mientras se desahoga este proceso, el foco rojo más importante para la estabilidad política parece no estar en los desangelados plantones lopezobradoristas, sino en la muy compleja situación que se vive en Oaxaca, que cada día más parece ser una suerte de prueba de laboratorio de lo que se propone para el futuro de la llamada “resistencia civil”.
Hay elementos comunes pero también muchas diferencias. Comencemos por el principio: el gobierno de Vicente Fox tiene un origen indudablemente legítimo, democrático y los índices de aceptación presidencial siguen siendo altos, mucho más, por ejemplo, que los de López Obrador, que se han venido deteriorando en forma constante desde el dos de julio hasta ahora. El de Ulises Ruiz es el resultado de una elección que fue calificada como legítima por el TEPJF, pero que estuvo marcada por muchas irregularidades y por una ley y un sistema electoral local anacrónico. Más grave que eso, el antecesor de Ruiz, el ahora diputado José Murat, encabezó uno de los gobiernos más cuestionados, autoritarios y corrupto de las últimas décadas, un gobierno jalonado por incidentes como el autoatentado de Murat, la ruptura de los consensos sociales básicos y por un hecho que es determinante para lo que estamos viviendo en la actualidad: la amnistía disfrazada que otorgó Murat a todos los dirigentes del EPR presos luego de los ataques armados de esa organización en Tlaxiaco y la Crucecita, Huatulco, en 1996. Recordemos que allí estaba la verdadera dirección del EPR, sus cuadros más experimentados y con una red social más amplia: controlaban un municipio, tenían una sólida inserción en la sección 22 del magisterio y contaban con una estrategia muy definida de guerra popular prolongada (GPP). La derrota que sufrieron en el 96, con la desarticulación de prácticamente toda su estructura en Oaxaca, de la mano con las escisiones de grupos más aventureros que dieron origen al ERPI, entre otros, los había dejado sin capacidad operativa. La amnistía (no sólo la de Murat, sino también la que otorgó el gobierno del DF a cuadros que ahora son claves en la rearticulación de todo el movimiento como Ana María Vera Smith) no sólo se las regresó por completo, sino que les permitió modificar sus tácticas siguiendo el mismo patrón estratégico de la GPP.
La GPP está basada en tres frentes: el partidario, que corresponde, en este caso, al llamado Partido Democrático Popular Revolucionario, el ala militar conformada por el EPR y el frente amplio que se representaría con bastante precisión en lo que hoy es la Alianza Popular por el Pueblo de Oaxaca (APPO). En el 96, cometieron el grave error de culminar la primera fase de la operación, consolidando una estructura relativamente confiable y con muchos recursos provenientes de distintos secuestros (como los Joaquín Vargas, Alfredo Harp y Angel Losada), pero lanzaron ataques militares que demostraron su debilidad en ese sentido, los aislaron de la población y dejaron al descubierto a muchos de sus operadores. Casi todos terminaron detenidos. Pero al salir de la cárcel amnistiados por Murat, regresaron a sus principios y se concentraron en el llamado frente de masas: en la penetración en la sección 22 y en la relación con diversos grupos radicales en otras partes del país como el CGH en la UNAM, las organizaciones como el Frente Popular Francisco Villa y sus derivados, que crecieron al cobijo del gobierno de López Obrador en el DF, particularmente por los lazos que tejieron con ellos los miembros de la corriente que sigue encabezando René Bejarano y que se ha fortalecido con la presidencia local del partido en manos de Martí Batres. No es una estrategia nueva: es la misma que llevó a cabo el que podría ser considerado como el hermano mayor del EPR, Sendero Luminoso, el grupo peruano que dirigía Abimael Guzmán, quien estudió en China entre 1965 y 69 con uno de los fundadores de lo que ahora es el EPR, Florencio El Güero Medrano, un joven michoacano que organizó grupos armados en Oaxaca, Michoacán, Querétaro y Morelos. Desde aquellos años se mantuvieron relaciones entre Sendero y los distintos grupos que terminaron dando origen al EPR, utilizando éste último métodos muy similares a sus hermanos peruanos, comenzando por crear una base social propia penetrando en el gremio magisterial. En Perú, el origen del movimiento fue Ayacucho, en México se intenta que sea Oaxaca.
La estrategia fue exitosa en Oaxaca, porque había condiciones objetivas para ello: cuadros con mayor formación e inserción social, penetración real en el magisterio, una sociedad cansada y enojada por muchos agravios, un gobierno autoritario que, además, desatendió el conflicto magisterial en sus inicios y cuando quiso retomar el control ya había perdido la posibilidad de hacerlo. Y luego del fallido desalojo de junio, la cosas se pusieron sencillas para el EPR que ya había tomado control de la APPO: allí se congregó buena parte de la disconformidad social acumulada, incluyendo numerosos sectores y personalidades que nada tienen que ver con el espíritu y la ideología de ese grupo armado pero que quieren, legítimamente, cambios en el estado.
En este diagnóstico está también la posibilidad de encontrar una salida al conflicto: se deben reunir las partes, aislar a los radicales de ambos extremos, establecer una agenda de cambio profunda y realista comenzando desde las instituciones de gobierno y demostrar que el diálogo puede rendir frutos, con propuestas legítimas que dejen de lado las demandas fundamentalistas. Depende sobre todo de los gobiernos local y federal dar el primer paso.