Como una suerte de agradecimiento a los gobernadores de la Conago que aprobaron en ?lo general? el plan antinarcotráfico en la reunión de Nuevo Vallarta pero que, a petición del gobernador de Sonora lo enviaron a ?comisiones? para, supuestamente terminar de establecer algunos ?detalles? y las partidas presupuestales necesarias para hacerlo funcionar, el narcotráfico mató en la mañana del martes al director de seguridad pública del municipio de Linares, Nuevo León, Enrique Barrera Narváez; horas después fue hallado muerto el director del DIF en Tonalá, Jalisco, Francisco Avendaño y, en el mismo municipio más tarde se encontró asesinada a una pareja.
Como una suerte de agradecimiento a los gobernadores de la Conago que aprobaron en “lo general” el plan antinarcotráfico en la reunión de Nuevo Vallarta pero que, a petición del gobernador de Sonora, Eduardo Bours, lo enviaron a “comisiones” para, supuestamente terminar de establecer algunos “detalles” y las partidas presupuestales necesarias para hacerlo funcionar, el narcotráfico mató en la mañana del martes al director de seguridad pública del municipio de Linares, Nuevo León, Enrique Barrera Narváez; horas después fue hallado muerto el director del DIF en Tonalá, Jalisco, Francisco Avendaño y, en el mismo municipio más tarde se encontró asesinada a una pareja. En la mañana de ayer, le tocó el turno al ex subdirector de la policía ministerial estatal de Tamaulipas, Silvestre Bañuelos, que había dejado ese cargo apenas el viernes pasado y fue asesinado al llegar a su casa en Ciudad Victoria.
El lunes, cuando hablamos en este espacio del proyecto de seguridad pública que analizaba la Conago, cometimos un error de apreciación: pensamos que con la aprobación en general de un proyecto que no era, como se dijo, producto de una iniciativa sólo del gobernador de Nuevo León, Natividad González Parás, sino de un grupo de gobernadores y de funcionarios federales del área, no se establecería (no es posible hacerlo en forma estricta cuando quedan menos de tres meses de gobierno) un programa acabado, pero se daría la señal para comenzar a trabajar en él. Lo importante, decíamos, eran las señales que estarían dando los gobernadores de que sí están dispuestos a colaborar eficazmente en la lucha contra el narcotráfico y la violencia. Pero los gobernadores cambiaron las señales y aprobaron un plan que, como manda la tradición cuando no se quiere abordar un tema, después de aprobado fue enviado, de última hora y vía solicitud de Bours, a “comisiones”. No sé cuáles fueron las motivaciones del gobernador de Sonora para impulsar esa acción, apoyada por otro grupo de mandatarios, pero lo que resulta claro es que fue un error político grave que simplemente, envió a los narcotraficante el mensaje de que en los próximos meses, por lo menos hasta que termine esta administración, muchos de los gobernadores no están dispuestos a involucrarse en la lucha contra el narcotráfico.
No se trata de calificarlos como mejores o peores, porque éste, además, no es un tema partidario. Mientras González Parás y Zeferino Torreblanca pugnaban por la puesta en marcha del citado plan, Bours o Francisco Ramírez Acuña, minimizaban el problema. Ramírez Acuña llegó a declarar que en su estado “tenemos condiciones de seguridad aceptables. Nos surge un problema de narcotráfico, opinó, pero no son problemas de todos los días ni son los jaliscienses los que están metidos en eso. El narcotráfico, agregó, es un asunto de seguridad nacional, de hecho Jalisco ha traído menos problemas”. El gobernador, que por cierto aspira a ser secretario de gobernación, no tiene la menor idea de qué se trata el narcotráfico.
Algunos gobernadores creen, o nos quieren hacer creer, que, porque en sus estados no hay una violencia pública extrema como la que vemos cotidianamente en otros puntos de la república, allí no hay problemas, que su gente, como dice Ramírez Acuña “no está metida en eso”. En un estado como Jalisco o como Sonora no es verdad que no haya una fuerte presencia del narcotráfico. En Jalisco, el control casi total lo tiene Ignacio Coronel y en Sonora los hermanos Beltrán Layva, ambos de la “federación” (como le dicen en la DEA) que encabeza Joaquín El Chapo Guzmán. Los sicarios de esta organización, que están literalmente en guerra con los Zetas en Michoacán, suelen refugiarse en Jalisco, como lo puso de manifiesto la detención en esa entidad, la semana pasada, de un comando de diez personas que trabajaban para el cártel de Sinaloa, aliado en Michoacán con la organización de los hermanos Valencia. En Sonora, el control de los Beltrán Leyva es casi total, el mismo se extiende a buena parte de Sinaloa y a otros estados, como Guerrero, donde protagonizan el enfrentamiento central con los Zetas.
Se podría abundar mucho más sobre el tema, pero estos datos, sólo tienen sentido para colocar a los gobernadores en su realidad. No hay estados que no tengan problemas con el narcotráfico y mucho menos Jalisco o Sonora. Lo que hay son estados con un control hegemónico de una organización lo que disminuye los enfrentamientos públicos pero que suele estar basado en una fuerte penetración en las policías municipales y estatales para garantizarlo, y estados en los cuales ese control está en disputa y que generan una mayor cantidad de hechos de sangre. De la misma manera hay gobernadores preocupados por el problema y otros que lo ven como ajeno…hasta que les estalla en la cara.
El punto central que contenía el plan aprobado pero enviado a “comisiones”, es el control federal sobre las policías estatales y municipales. Resulta obvio que por allí pasan los mayores problemas: al jefe de la Agencia Estatal de Investigación de Nuevo León, Marcelo Garza, lo mataron cuando estaba sin custodia y se alejó de su automóvil para atender una llamada interna de la corporación y quedó desprotegido. Al jefe de policía de Linares alguien le retiró la custodia, precisamente la mañana en que al salir de su casa fue ejecutado. El ex subdirector de la PME de Tamaulipas, dejó su cargo el viernes y el martes, ya sin custodia, fue asesinado. En plazas como Acapulco, Nuevo Laredo, Apatzingan, Tijuana o Uruapan, el enfrentamiento entre los grupos del narcotráfico suele ser protagonizado por las propias policías locales.
Por supuesto que ningún plan elaborado a 75 días de que concluya una administración revertirá esta situación. Pero lo importante era enviar una señal, mostrar voluntad política. Los gobernadores desperdiciaron, una vez más, esa oportunidad.