El tema Oaxaca sigue estando en la primera línea de las preocupaciones políticas nacionales. Son demasiados los temas que se cruzan en el conflicto oaxaqueño como para encontrar salidas fáciles para el mismo, pero éstas son ya imprescindibles.
El tema Oaxaca sigue estando en la primera línea de las preocupaciones políticas nacionales. Son demasiados los temas que se cruzan en el conflicto oaxaqueño como para encontrar salidas fáciles para el mismo, pero éstas son ya imprescindibles.
En las últimas horas se han acrecentado las presiones para la intervención de la fuerza pública federal para recuperar el centro de la capital del estado, en manos de los manifestantes de la APPO desde hace ya casi 150 días. El lunes representantes de todos los partidos en el congreso estatal se apersonaron en Los Pinos (un día en que el presidente Fox estaba fuera de México, en la asamblea general de la ONU, en Nueva York) para reclamar la presencia de la Policía Federal Preventiva en Oaxaca. En el senado, mientras tanto, se decidió respaldar la decisión de la anterior legislatura de considerar que no existen elementos para desaparecer los poderes en la entidad. En la secretaría de Gobernación, los diálogos con la APPO han sido en buena medida estériles: a pesar de que las delegaciones de la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca y de la sección 22 del sindicato de maestros, suman nada más y nada menos que de 28 miembros (14 por cada organización) resultó que los únicos acuerdos que se habían logrado, los del jueves pasado, que consistían en regresar los vehículos secuestrados por los manifestantes y desalojar las oficinas de gobierno, no han sido aceptados por los grupos de la APPO. Hoy se espera una nueva reunión en Gobernación y parece por lo menos difícil esperar que se pueda llegar a un acuerdo. Si no hay mayor flexibilidad, la intervención será inevitable.
En buena medida, el centro del conflicto está en que los grupos más duros de los manifestantes no aceptan otra salida que la renuncia del gobernador Ulises Ruiz y la desaparición de poderes en la entidad. Es más, esa renuncia y esa desaparición de poderes, para algunos grupos ultrarradicales, debe ser el requisito para apenas comenzar a negociar con el gobierno federal o el local. En el otro ámbito, en el sector más duro del gobierno estatal, nucleado en torno al ex secretario de gobierno, Jorge Franco, se considera que no debe haber concesión alguna y la fuerza pública debe intervenir para desalojar a los manifestantes sin más. No parece ser esa, por lo menos hoy, la posición del gobierno estatal que estaría dispuesto a emprender negociaciones de fondo.
Entre los gobernadores de la CONAGO, como se puso de manifiesto en la reunión de Nuevo Vallarta, hay consenso en que la salida de Ulises Ruiz no es aceptable. No es que el gobernante oaxaqueño despierte enormes simpatías entre sus pares, sino que todos los mandatarios, los del PRI, del PAN o del PRD, son concientes de que si se acepta la caída de un gobernador por presiones políticas, todos podrían estar el día de mañana en las mismas condiciones. Por eso la salida del gobernador, como imposición de un grupo, no la consideran aceptable ni viable.
En el senado el tema podría negociarse quizás con mayor flexibilidad que en la secretaría de Gobernación, que está en el tramo final de la administración y que, además, tardó demasiado en tomar el tema en sus manos y cuando lo ha querido hacer, ya parecía estar fuera de cauce. Pero el margen de negociación en el senado también es estrecho: si los grupos duros de la APPO no quieren aceptar nada diferente de la caída del gobernador y los gobernadores (y los partidos) rechazan esa posibilidad, el escenario no parece ofrecer condiciones para una salida concertada.
Sin embargo, haciendo un ejercicio político, esa posibilidad existe: se trata de aislar a los sectores más duros de los dos polos y hacer concesiones mutuas, aunque ello implique costos. En el ámbito de la APPO, existe un justificado cansancio social en Oaxaca por el virtual secuestro de la ciudad que esas organizaciones han impuesto y que incluso no recibiría nada mal la presencia de fuerzas policiales federales en la ciudad. Las pérdidas son inmensas y han llevado al borde de la quiebra a la economía oaxaqueña, los niños ni siquiera han podido terminar el anterior ciclo escolar y son numerosas las familias que, lisa y llanamente, ante la realidad de que sus negocios están quebrando, el turismo ha huido, sus hijos no pueden asistir a clases, ante una inseguridad pública galopante (¿quién garantiza, hoy, la seguridad más elemental en Oaxaca?), han decidido dejar la ciudad, trasladarse a otros estados con sus inversiones y negocios, o simplemente, buscando una mejor calidad de vida. Oaxaca no merece esa realidad ni ese destino.
Por otra parte, los sectores duros del priismo local son impresentables, incluso en el propio priismo. Parece existir conciencia de que en el estado se han postergado las reformas que son una realidad en buena parte del país: desde la electoral hasta las de la justicia, todo ello aderezado con un autoritarismo excesivo, aún para los parámetros del viejo régimen, acompañado por una falta de operación política que dejó crecer un conflicto magisterial hasta la ingobernabilidad política y que ha llevado, también, a participar en la protesta a sectores que ninguna relación tienen con los grupos radicales que la encabezan. El gobierno local debe rectificar y asumir, como parte de una agenda plural, esa realidad.
Por eso, quizás se pueda y se deba desalojar del centro de la ciudad a los grupos más radicales y hacer intervenir a la PFP, pero, al mismo tiempo, debe haber cambios importantes en la política local, se debe generar una apertura significativa y se deben sacar adelante toda la larga serie de reformas postergadas desde tiempo atrás. Pero, quizás tanto o más importante que las reformas lo que debe cambiar es la actitud hacia la sociedad, los organismos civiles y los partidos. La forma es fondo. La intolerancia sólo debería caber para enfrentar a los intolerantes.