En las últimas semanas, una y otra vez la pregunta recurrente en todos los ámbitos es quiénes integrarán las áreas de seguridad pública y nacional en la próxima administración asumiendo que ése es no sólo uno de los mayores riesgos para la estabilidad política sino un capítulo de gobernabilidad, la economía, las relaciones internacionales.
El problema, sin duda pasa y pasará por los encargados de esas áreas, pero tanto como los nombres es importante el diseño institucional y el marco legal en el que se desarrolla esa lucha contra el crimen organizado y la delincuencia en general.
En las últimas semanas, una y otra vez la pregunta recurrente en todos los ámbitos es quiénes integrarán las áreas de seguridad pública y nacional de la próxima administración, asumiendo que ése es no sólo uno de los mayores riesgos para la estabilidad política sino un capítulo clave para la gobernabilidad, la economía, las relaciones internacionales. Un área, además, en la cual el balance de estos seis años de la administración Fox resulta, indudablemente, negativo.
Pero la pregunta, siendo importante, está mal formulada. El problema, sin duda, pasa y pasará por los encargados de esas áreas, pero tanto como los nombres es importante el diseño institucional y el marco legal en el que se desarrolla esa lucha contra el crimen organizado y la delincuencia en general: los hombres adecuados deben participar de un sistema institucional eficiente y realmente operativo. Por principio de cuentas, por ejemplo y para regresar a los inicios del actual sexenio, uno de los errores de diseño fue quitar a las áreas de seguridad de la secretaría de Gobernación, creando una secretaría específica cuyas actividades, si no existe la coordinación suficiente, como ocurrió, chocaban con las de otras dependencias. Tampoco se desarrolló y profundizó en el sistema nacional de seguridad pública y no fue hasta después de la marcha contra la inseguridad que se mandaron iniciativas de fondo al congreso, mismas que no fueron atendidas en forma pertinente. En ese contexto no se avanzó prácticamente nada para integrar una policía federal de alcances mucho mayores a los actuales o por lo menos para coordinar a las policías estatales y municipales con las fuerzas federales.
Se podría abundar mucho más en el tema y debe hacerse en los próximos días. Pero uno de los capítulos que suele estar escondido cuando se aborda el diseño institucional necesario para luchar contra la inseguridad es el del ámbito judicial. Hoy existen graves problemas en la letra de la ley y en el espíritu con el que ella se aplica para combatir el crimen organizado. Es verdad que, como en todos los ámbitos, en el poder judicial, entre los jueces, existen espacios de corrupción y temor cuando se deben enfrentar casos relacionados, sobre todo, con el crimen organizado. Pero sería un error pensar que la mayoría del poder judicial está afectado por ese mal: la enorme mayoría de los y las jueces son honestos y tratan de realizar eficientemente su trabajo. El problema es que nada está en su favor: ni las leyes, ni la estructura, ni la comprensión legal del crimen organizado y por supuesto tampoco su protección.
Nuestros jueces, comenzando por los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la mayor parte de los casos, no tienen experiencia alguna en la lucha contra el crimen organizado y estamos combatiendo éste prácticamente con los mismos instrumentos con los que la justicia se enfrenta a la delincuencia común.
El tema no se llega a comprender plenamente e incluso no se cuenta con la información y la experiencia como para hacerlo. Y si no se comienza a armar el nuevo andamiaje institucional para atacar la inseguridad y la delincuencia organizada desde la propia cima del poder judicial será poco lo que se podrá avanzar en ese ámbito. En la actualidad, no es ninguna novedad ver que después de largas investigaciones, incluso al costo de vidas, se detienen personajes que son dejados en libertad o que pasan años detenidos sin que siquiera se pueda dictar una sentencia en su contra. Y pocas cosas contribuyen más a fortalecer al crimen organizado, que esa situación de vulnerabilidad legal y personal de los hombres y mujeres encargados de hacer justicia contra ese tipo de delincuentes.
En noviembre dejará su cargo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Juan Díaz Romero, un hombre que ha realizado una magnífica carrera en el poder judicial de nuestro país. La salida del ministro Romero, un hombre especializado en temas administrativos y laborales, abrirá un espacio, por lo tanto, para colocar en la Suprema Corte a un nuevo ministro que realmente esté especializado en un tema que los demás integrantes de la Corte no conocen, como es el crimen organizado. El presidente deberá enviar en las próximas semanas una terna al Senado de la república para que éste designe al próximo ministro.
Hay un grupo de hombres y mujeres, algunos conocidos públicamente, otros no, que han tenido una labor notable en la lucha contra el crimen organizado. Pero, sin duda, ninguno parece estar mejor capacitado y ha trabajado más en el tema, desde el ámbito de la procuración de justicia pero también legal, que el actual subprocurador José Luis Santiago Vasconcelos, que desde hace once años, y partiendo áreas eminentemente judiciales, ha recorrido todo el escalafón de la lucha contra el crimen organizado: conoce el tema en profundidad, tiene una amplia experiencia y capacidad jurídica pero además llevaría con él todo un bagaje de propuestas y conocimientos que serían un verdadero revulsivo en la Suprema Corte y el consejo de la judicatura a la hora de analizar cómo debe enfrentar el poder judicial el desafío del crimen organizado.
Dice la Constitución que los nombramientos de ministros de la SCJN deberán recaer en “personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia, o que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica”. Santiago Vasconcelos es uno de esos raros casos en los que se cumple todos los requisitos en las dos vertientes señaladas por la Constitución pero cuyo nombramiento como ministro, además, sería especialmente oportuno cuando la nueva administración se apresta a establecer toda una nueva estrategia para combatir la criminalidad organizada.