Hoy será un día clave para el conflicto político que azota Oaxaca. Lo será por muchas razones, una de ellas porque aunque parezca increíble y a pesar de que la sección 22 del sindicato de maestros lleva, en los hechos, desde mayo sin dar clases en el estado, todos siguen cobrando su salario: estamos ante un levantamiento contra el estado financiado por el propio estado. No debíamos asombrarnos: el gobierno del DF que dice encabezar Alejandro Encinas es el que financia el movimiento lopezobradorista y la historia se ha repetido hasta la nausea.
Hoy será un día clave para el conflicto político que azota Oaxaca. Lo será por muchas razones, una de ellas porque aunque parezca increíble y a pesar de que la sección 22 del sindicato de maestros lleva, en los hechos, desde mayo sin dar clases en el estado, todos siguen cobrando su salario: estamos ante un levantamiento contra el estado financiado por el propio estado. No deberíamos asombrarnos: el gobierno del DF que dice encabezar Alejandro Encinas es el que financia el movimiento lopezobradorista y la historia se ha repetido hasta la nausea. Pero el caso de Oaxaca es más peculiar aún porque estamos ante un movimiento cuya demanda base, para negociar cualquier otra cosa, es nada más y nada menos que la renuncia del gobernador del estado.
Es verdad que por una de esas cosas extrañas que ocurren en nuestra vida política, siempre que los maestros se ponían en paro en Oaxaca, los salarios se le siguieron pagando. Pero eso se hacía, aunque fuera un juego perverso de poder, para garantizar un espacio de negociación con el propio sindicato. Lo que ha transformado en esta ocasión las cosas, es una suma de omisiones y errores de todos los actores que deben ser tomados en cuenta.
En primer lugar del gobierno local. Se equivocó mucho el gobierno de Ulises Ruiz en todo este proceso por la convicción de que tenían un control del estado (que va de la mano con la forma autoritaria de ejercer el poder) que no se podía romper y que lo llevaron, luego de una elección no sólo disputada sino también plagada de irregularidades, a tratar de fortalecer la mano dura en lugar de buscar una mayor legitimación con base en acuerdos y reformas; una dedicación excesiva del gobierno estatal a la campaña electoral federal y la idea de que las cosas, más temprano o más tarde, se solucionarían con arreglos tradicionales con los dirigentes magisteriales. Todo mientras el gobierno federal durante meses no comprendió la magnitud del conflicto y decidió, lisa y llanamente no intervenir en él, inmovilizado por el proceso electoral y post electoral. Quizás no hubiera sido tan grave si solamente no se hubiera intervenido por esas razones, el problema es que además no se lo hizo porque durante demasiadas semanas se subestimó la participación de grupos de superficie de organizaciones armadas que trascienden por supuesto las demandas magisteriales. Esos grupos pueden ser minoritarios, pero a través de la APPO le daban una expresión pública y de masas a su estrategia
El magisterio oaxaqueño cometió el mismo error. La sección 22 no es la APPO ni sus dirigentes pertenecen, salvo una pequeña minoría, a organizaciones de base del EPR. Pero también alargaron el conflicto y lo radicalizaron para respaldar la campaña de López Obrador a nivel nacional, tanto que se les fue de las manos hasta el límite de que el grupo del llamado Frente Popular Revolucionario (la organización de base, pública, del EPR oaxaqueño) logró dividir al movimiento magisterial y a sus dirigentes. Este fin de semana, mientras la dirigencia que encabeza Enrique Rueda está convocando a una consulta para regresar a clases este lunes, otro grupo está marchando con la APPO rumbo al DF, con la extraña demanda (que demuestra cuál es su verdadero talante político) de que no haya consulta a la base para decidir el curso de acción.
El hecho es que mientras el grupo más duro de la APPO marcha hacia el DF, el gobierno capitalino envía dos mensajes contradictorios: el jefe de policía, Joel Ortega dice que los appistas no tendrán las mismas facilidades que en Oaxaca (quiso decir las mismas facilidades que tuvo López Obrador, durante los 45 días de plantón en el Centro histórico y Reforma) pero el secretario de gobierno, Ricardo Ruiz asegura que no se impedirá el derecho de manifestación, que se les otorgarán facilidades e incluso hizo de analista político al asegurar que el conflicto se debe al intento de desalojo intentado en junio por el gobierno estatal. Ulises Ruiz ha decidido que los maestros que no regresen a clases serán despedidos y no cobrarán su salario, y podría aprovechar la situación para restaurar el orden en el centro de la ciudad respaldado por muchas fuerzas y sectores que nunca apoyaron al gobernador pero que ya no pueden seguir tolerando la situación.
De esa manera, todos ellos mandarían el conflicto a la capital del país para que el costo sea pagado por el gobierno federal, al tiempo que se intenta atar de manos al éste en dos sentidos: a través del PRI (con base en acuerdos establecidos por Manuel Espino sin la aceptación del presidente electo Felipe Calderón) porque el tricolor ha hecho de la inmovilidad del gobernador una carta tan dura como la APPO de su renuncia. Mientras que al lopezobraorismo (aliado con el GDF) le urge un enfrentamiento violento en la capital (mismo que propiciará todo lo que pueda) para legitimar su devaluada estrategia de resistencia civil, más deteriorada aún por la fría recepción de López Obrador en la campaña de Tabasco.
La pregunta que queda pendiente es donde está la política en todo esto: porque paradójicamente la salida al conflicto de Oaxaca no es tan compleja. El secreto está en aislar a los duros de todas las corrientes con base en un verdadero pacto de gobernabilidad en el que participen todos los principales actores políticos del estado, que agende las reformas postergadas desde hace años, incluyendo las del magisterio local y su rezonificación, y que abra la administración local a las distintas fuerzas política y sociales que llevan ocho años excluidas del mismo. Todo lo demás, quitar salarios, ejercer presiones incluso la utilización de la fuerza pública puede ser útil o no en ese contexto, pero un conflicto político no puede resolverse ignorando la política.