Le sucedió al sobrino de un cercano colaborador. Una noche de la semana pasada, en Oaxaca el joven llegaba a su casa en su automóvil y se encontró con que había una barricada que le impedía el paso. Con otro vecino, que quería también ingresar con su automóvil a su domicilio, trató de abrir un espacio para poder pasar. Sonaron desde la sombra una ráfaga de disparos: el vecino murió en el momento, el joven recibió un tiro en el estómago y los ?protectores? de la barricada decidieron, además, incendiar su carro. Nada de eso, como sucede con muchas otras víctimas anónimas de esa locura política en que se ha convertido Oaxaca, salió en los periódicos ni en los noticieros. Esa sangre no cuenta cuando se habla de evitar el uso de la fuerza en la ciudad.
Le sucedió al sobrino de un cercano colaborador. Una noche de la semana pasada, en Oaxaca el joven llegaba a su casa en su automóvil y se encontró con que había una barricada que le impedía el paso. Con otro vecino, que quería también ingresar con su automóvil a su domicilio, trató de abrir un espacio para poder pasar. Sonaron desde la sombra una ráfaga de disparos: el vecino murió en el momento, el joven recibió un tiro en el estómago y los “protectores” de la barricada decidieron, además, incendiar su carro. Nada de eso, como sucede con muchas otras víctimas anónimas de esa locura política en que se ha convertido Oaxaca, salió en los periódicos ni en los noticieros. Esa sangre no cuenta cuando se habla de evitar el uso de la fuerza en la ciudad.
En realidad, la vida subterránea que transcurre por debajo del conflicto oaxaqueño no está en la prensa. Lo que nos quedan son las declaraciones, sobre todo las más insensatas: “quieren ahogar en sangre la lucha” declaran los dirigentes de la APPO que no dudan en disparar contra vecinos que están cometiendo el grave delito de querer entrar a sus casas. “La caída de Ulises sería una grave ruptura del orden constitucional” dicen los más acérrimos defensores del gobernador que no han hecho, ni él ni ellos, la más mínima autocrítica del porqué del deterioro notable de la situación en el estado. El diputado perredista Juan Guerra, que alguna vez fue un hombre sensato, sostiene que Carlos Abascal es igual que Francisco Franco, “que por la mañana iba a misa y por la noche ordenaba fusilamientos de republicanos”, olvidando que en el caso Oaxaca, no ha habido fusilamientos de ningún tipo, y que, en todo caso, los hechos de justicia por mano propia los ha protagonizado la APPO, cuyos dirigentes distan de poder compararse con los republicanos españoles de los años 30, en todo caso quizás pudieran compararse con aquella agrupación anarquista que terminó matando a tantos republicanos en Barcelona defendiendo su verdad que le entregó la plaza al franquismo.
La suma de tonterías que se dicen en torno al tema Oaxaca, sólo puede justificarse por el caudal de intereses políticos que se han puesto en juego en un conflicto que, de haber sido atendido en su oportunidad, hoy no tendría porqué existir.
Pero cuando decimos que debió haber sido atendido en su oportunidad, hay fechas concretas que van mucho más atrás que el inicio formal del conflicto magisterial. Podríamos ir más atrás pero comencemos con el 18 de marzo del 2004, cuando el entonces gobernador José Murat se inventó aquellos de un atentado para disimular los estragos de una noche loca, hechos que dejaron impune la muerte de un policía. Esa impunidad fue más notable aún cuando, luego de la precisa investigación de la PGR que concluyó que se trataba de un autoatentado, las autoridades federales decidieron no hacer nada al respecto y le permitieron al ahora diputado incluso premiar a sus custodias involucrados en los hechos (hoy uno de ellos es de los jefes de policía de Ulises Ruiz) para sacar acuerdos legislativos que al final nunca prosperaron. Continuaron cuando no se hicieron las reformas electorales pendientes, antes del proceso local, o cuando, en plena campaña electoral se asesinó a dos militantes de la entonces alianza PAN-PRD-Convergencia, en hechos de los que existen filmaciones y fotos para identificar a los culpables, y no pasó nada: en realidad sí sucedió algo, uno de los responsables directos es hoy diputado local. Se acrecentó cuando la elección tuvo múltiples vicios que no fueron atendidos por el consejo estatal electoral. O cuando el mismo día de toma de posesión de Ulises Ruiz, su secretario de gobierno, Jorge Franco, ordenó ocupar las instalaciones del periódico Noticias, ocupación que se mantiene hasta el día de hoy.
Hasta esas fechas, se remontan los orígenes de este conflicto. Es verdad que desde hace 26 años la disidencia magisterial, año con año, marcha y se manifiesta en el estado exigiendo mayores prerrogativas, algunas de ellas incomprensibles para un estado tan pobre como Oaxaca, tan incomprensibles que parecen ser, simplemente, un chantaje político más. Pero este año esas manifestaciones adquirieron tal dimensión, los grupos ultrarradicales de dentro y fuera de la sección 22 pudieron adquirir tal peso, porque aprovecharon una coyuntura que combinaba los viejos agravios impunes; el enojo de un amplio espectro de la ciudadanía; la soberbia de un gobierno estatal que siempre presumía de salirse con la suya; la atención del mismo en las elecciones federales; la apuesta del propio magisterio por López Obrador y la prescindencia del gobierno federal durante todo el periodo electoral. Desarmar esa trama será por lo menos difícil, pero no lo es tanto: una y otra vez se debe insistir en que el secreto está en aislar a los duros de ambos bandos y buscar acuerdos en los espacios de comunicación entre las corrientes alejadas de los extremos.
En ese sentido, hoy será un día decisivo para firmar el futuro de la crisis en Oaxaca: de lo que suceda en el encuentro al que ha convocado el secretario de Gobernación, Carlos Abascal, a buena parte de los principales actores del conflicto, dependerá qué actitudes se deberá esperar de esos mismos actores y de las autoridades en el futuro.
Porque la palabra que define hoy a Oaxaca es la ingobernabilidad. Y sin ella, todo lo demás será superfluo. Puede ingresar la PFP y recuperar para la ciudadanía el centro histórico de la ciudad, puede poner orden y hacer que las cosas de alguna manera funcionen en el ámbito de la seguridad. Pero eso no implica recuperar la gobernabilidad y ninguno de los principales antagonistas ha hecho nada por tratar de recuperar espacios, enmendar errores, buscar principios de convivencia. En la mesa deberá estar a discusión la legítima intervención de la fuerza pública, pero también la salida del gobernador.