Ningún partido político, ningún gobierno, de cualquier color, está libre de la posibilidad de verse infiltrado por el narcotráfico. Las policías municipales y estatales, lo mismo que las delegaciones federales establecidas en buena parte del país, se han convertido en un objeto preciado de penetración por el crimen organizado que las utiliza como instrumentos de protección y operación.
Ningún partido político, ningún gobierno, de cualquier color, está libre de la posibilidad de verse infiltrado por el narcotráfico. Las policías municipales y estatales, lo mismo que las delegaciones federales establecidas en buena parte del país, se han convertido en un objeto preciado de penetración por el crimen organizado que las utiliza como instrumentos de protección y operación.
Por eso siempre se debe ser en extremo cuidadoso cuando se analiza el tema y olvidarse de las generalizaciones fáciles o de aquellos que aseguran que por ser de derecha o de izquierda, de territorios con mayor pobreza o riqueza, creen que ni ellos ni los suyos se verán contaminados. Son tan peligrosos e ingenuos como los que consideran que el crimen organizado es, simplemente, un derivado de la pobreza, que combatiendo ésta se elimina a aquel. No podría haber mejor noticia para el crimen organizado y el narcotráfico y por eso, ciertas organizaciones del mismo se han dado a la tarea de penetrar a grupos que enarbolan esa bandera porque saben que así terminan sirviendo a sus intereses.
Eso ya ha pasado y pasa en el priismo y el panismo, sucede con la iglesia y las fuerzas armadas, y está sucediendo en los lugares que gobierna el PRD con una regularidad y una forma de actuar tan distintivas, que resulta increíble que algunas de esas autoridades no lo hayan detectado a tiempo. El narcotráfico interviene en la lucha política: no es verdad que no están interesados en ella. Como norma general cuanto menor control del Estado haya, o cuanto más ocupadas estén las fuerzas públicas atendiendo otros conflictos, mayor es su propio margen de operación y más fuertes se hace su penetración en las fuerzas de seguridad locales.
El cártel del Golfo, el que nominalmente encabeza Osiel Cárdenas, aunque la operación del mismo ha recaído cada vez más en el jefe de los llamados Zetas, Heriberto Lazcano, es una de las organizaciones que más activamente está participando en política. En el libro De los Maras a los Zetas, que escribimos con Víctor Ronquillo (Grijalbo, 2006), documentamos cómo, por ejemplo, Osiel Cárdenas ordenaba desde la prisión de La Palma, trabajar a sus abogados con organizaciones de derechos humanos para defender sus posiciones y en los hechos, Osiel terminó estructurando a su defensa y a la de otros presos casi como un símil de las agrupaciones de defensa de los presos políticos características de los 70 y 80. Pero los Zetas han ido más allá: han participado en diferentes campañas electorales apoyando a grupos y candidatos para ocupar territorios que estaban bajo control de otras organizaciones. Estas seguramente también lo hicieron, pero en el caso de los Zetas resulto demasiado evidente. Y la norma parece ser que apostaron por los perredistas: así han iniciado una verdadera guerra en Michoacán y Guerrero, asoman en Oaxaca, están, sin duda, en el Distrito Federal. No es sólo, ni siquiera, una opción ideológica: es una operación de simple conveniencia. Si López Obrador apuesta a la inestabilidad, el narcotráfico gana; si obliga a que la mitad de la PFP quede estacionada en el DF para prevenir acciones violentas, el narcotráfico gana; si insiste en que el crimen organizado existe sólo porque hay pobreza, el crimen organizado, que es un fenómeno bastante alejado de la pobreza y que maneja miles de millones de dólares anuales, está agradecido. Si en Oaxaca, un territorio fértil para el narcotráfico, se genera un situación de ingobernabilidad, ellos también ganan. No se basan para ello en la ideología sino que abusan de la incomprensión del fenómeno por esos actores políticos.
No se debe malentender lo que decimos: estamos convencidos de que los mandatarios Zeferino Torreblanca, Lázaro Cárdenas Batel, Alejandro Encinas y el próximo gobernante capitalino, Marcelo Ebrard, no son parte de ese entramado, son personajes honestos, pero sus entidades han sido atrapadas y cuanto más tiempo tarden en asumirlo más difícil será atacar el problema. Eso ya lo saben Torreblanca y Cárdenas y trabajan en ese sentido. En el DF, atrapados en el discurso lopezobradorista que imposibilita asumir la realidad como es, siempre se ha subestimado el problema y las declaraciones de muchos de sus funcionarios caen en el ridículo. No nos equivoquemos: en el DF actúan todas las organizaciones del narcotráfico y hay un sinnúmero de grupos que atienden el mercado interno, en la enorme mayoría de los casos con la tolerancia y el beneplácito de las policías locales y de varias otras autoridades. Ello es notable en Iztapalapa, Xochimilco, Milpa Alta, en el centro de la ciudad. Se percibe en ciertas operaciones inmobiliarias y mercantiles que no podrían explicarse sin el lavado de dinero.
Y es notable también por la escalada de violencia que se ha registrado en el DF en los últimos meses. En este año, hay registrados más de 50 casos de ajustes de cuentas, incluyendo el asesinato de varios mandos policiales importantes, tanto de las áreas federales como locales, como el caso de Miguel Villanueva, uno de los jefes de inteligencia de la PFP, ejecutado la semana pasada o el inexplicado e inexplicable de Luis Alfonso Belmar, asesinado en el Viaducto por unos custodias o del coordinador de finanzas de la oficina de Alejandro Encinas.
La explicación de que se trata sólo de casos aislados no es siquiera lógica: alguno de ellos podrá serlo pero o los ladrones se han vuelto tan arriesgados como selectivos o estamos ante una guerra (ni siquiera encubierta) por el control de zonas en la capital que se agudiza con el cambio de poderes tanto en la ciudad como en el ámbito nacional. Así debe ser entendido.