Algunos dicen que la vida fuera del presupuesto resulta un calvario para ciertos políticos y por eso se aferran, como el mandatario oaxaqueño Ulises Ruiz, a su cargo, a pesar de que desde ambas cámaras le han llegado exhortos para que solicite licencia, avalados incluso por los legisladores de su propio partido. Pero las razones por las cuales Ulises Ruiz se resiste a abandonar esa responsabilidad no pasan por las expectativas vitales del gobernador sino porque su salida puede dejar al descubierto todo el entramado del manejo financiero en el estado durante los últimos ocho años, con repercusiones que llegan mucho más lejos que el zócalo oaxaqueño.
Algunos dicen que la vida fuera del presupuesto resulta un calvario para ciertos políticos y por eso se aferran, como el mandatario oaxaqueño Ulises Ruiz, a su cargo, a pesar de que desde ambas cámaras le han llegado exhortos para que solicite licencia, avalados incluso por los legisladores de su propio partido.
Pero las razones por las cuales Ulises Ruiz se resiste a abandonar esa responsabilidad no pasan por las expectativas vitales del gobernador sino porque su salida puede dejar al descubierto todo el entramado del manejo financiero en el estado durante los últimos ocho años, con repercusiones que llegan mucho más lejos que el zócalo oaxaqueño. No es verdad, como dijo en la tribuna el actual diputado José Murat, que el manejo de los recursos federales del ramo 33 durante su administración (de 1998 al 2004) fue transparente y escrupulosa, y tampoco que la secretaría de la Función Pública hubiera respaldado ese manejo.
En realidad, nadie sabe cómo se utilizaron esos recursos y su uso dista de haber sido auditado. Durante los años de su administración, los enfrentamientos del gobernador Murat con el gobierno federal, tanto con el encabezado por Ernesto Zedillo como con el de Vicente Fox, fueron incesantes, lo que no impidió, como se comprueba con las cifras oficiales, que se triplicara el presupuesto del ramo 33 en estos ochos años, sin que se percibiera ningún resultado social palpable. No se deben simplificar las cosas, pero, por ejemplo, sólo en concepto de gasto social, este año le deberían haber correspondido más de 4 mil pesos a cada habitante de Oaxaca, independientemente de su edad y condición social. Estaríamos hablando de más de 20 mil pesos para una familia con tres hijos. Pero si nos concentramos en los habitantes que viven en condiciones de pobreza (a donde se tendría que destinar ese recurso) estaríamos hablando de unos 17 mil pesos por persona al año. Resulta evidente, que si vemos los rubros involucrados en las siete partidas del ramo 33, no existen avances significativos en ninguno de esos campos.
Esos recursos no fueron auditados porque se presentó, como dijimos, una controversia constitucional ante la SCJN que apenas se acaba de resolverse en agosto pasado y en contra del gobierno estatal. La pregunta es obvia: ¿cómo podrían auditarse recursos que estuvieron durante años sujetos a esa controversia?. La auditoria, después de la resolución de la Corte, comenzó en las últimas semanas, al mismo tiempo que se agudizaba el conflicto en Oaxaca, y en ella participa tanto la Auditoria Superior de la Federación como la secretaría de la Función Pública
En la columna Frentes Políticos de Excélsior se dice que esos recursos podrían haberse utilizado, sobre todo, para financiar varias campañas políticas: primero, la de Roberto Madrazo a la presidencia del partido; también la del propio Ulises Ruiz al gobierno del estado; la de Madrazo para la presidencia de la república y la de José Antonio Aguilar Bodegas para el estado de Chiapas. No deja de ser significativo que la de Ulises para la gubernatura se convirtiera en una victoria pírrica y que las dos campañas siguientes hayan acabado en derrotas, particularmente la de los candidatos priistas en Oaxaca el pasado dos de julio.
Pero la pregunta es cómo se sustraen esos recursos del presupuesto. Y para conocer la respuesta no debemos comprobar si se ejerció el gasto o no, ya que evidentemente para efectos de la revisión de la cuenta pública de un congreso condescendiente como el oaxaqueño, eso no es problema. El punto, y por ello la resistencia a las auditorias de la Secretaría de la Función Pública y de la Auditoria Superior de la Federación, es la supervisión del gasto y de la obra. El tema no es saber si se construyó un camino o no, sino cómo se construyó, dónde, en qué condiciones se ejecutó la obra y cuánto costó ésta. En la diferencia entre el costo real y el registrado, entre la calidad de la obra, las condiciones y el cumplimiento de las especificaciones, es donde se cuela el dinero. Son muchos los alcaldes o concesionarios de distintas obras que aseguran que la operación es sencilla: para ejecutar una obra reciben, por ejemplo, la mitad de los asignado pero facturan por el total, esa es la diferencia que se queda en manos de las autoridades locales que, cuando cuentan con mayoría legislativa propia obtienen la aprobación de la cuenta pública local casi en automático.
Por eso fue tan importante el papel que jugaba, por ejemplo, Miguel Angel Cuellar Aguilera, coordinador de desarrollo estatal en la administración Murat, un hombre que estaba inhabilitado por diez años por la secretaría de la Función Pública por los malos manejos que había tenido como delegado de la Sedesol en el estado, precisamente con los recursos del ramo 33. Es por lo menos extraño que, luego de su destitución en el ámbito federal, el funcionario fuera contratado por el gobierno estatal para otorgarle el manejo de los recursos que había, en su posición anterior, administrado con “negligencia” y “violación a las leyes y la normatividad”.
Por eso la clave es la supervisión y la auditoria autónoma para saber cómo se ejecutaron los recursos. Y ello va mucho más allá del ramo 33 y abarca casi todo el presupuesto, sobre todo en estados como Oaxaca, que reciben el 98 por ciento de sus recursos de las arcas federales. Por eso también el tema clave para comprender el conflicto oaxaqueño pasa por el dinero: las ramificaciones de la historia del actual enfrentamiento van tan lejos como la elección de Madrazo al frente del PRI, las elecciones de Oaxaca, de Tabasco y de Chiapas, las federales del 2003 y del 2006. Y son demasiados los actores involucrados. Por eso, hay gobernadores que no quieren que ni se aborde el tema o legisladores que prefieren que se discuta lo que sea de política y gobernabilidad pero que la vertiente del dinero no se incluya en el debate.