Para nadie debería ser un secreto que la guerrilla existe en México. Esos grupos, la mayoría de las veces muy minoritarios existen desde hace décadas. Sus centros de operación han sido casi siempre los mismos: Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Morelos, Hidalgo, Puebla y el oriente de la Ciudad de México.
Los bombazos de la semana pasad, en el PRI, el Tribunal Electoral y un par de sucursales bancarias, demuestran más que su fortaleza, su debilidad y la capacidad de manipulación que sufren estas organizaciones de parte de grupos del poder político.
Para nadie debería ser un secreto que la guerrilla existe en México. Esos grupos, la mayoría de las veces muy minoritarios, existen desde hace décadas y van reciclándose en nombres y organizaciones de acuerdo con la coyuntura y su propia realidad. Sus centros de operación han sido casi siempre los mismos: Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Morelos, algunas zonas de Puebla e Hidalgo, el oriente de la Ciudad de México. Nunca han pasado, salvo ocasiones peculiares (desperdiciadas casi siempre por su poca capacidad política) de ser organizaciones casi testimoniales, sin una capacidad operativa real.
Los bombazos de la semana pasada, en el PRI, el Tribunal Electoral y un par de sucursales bancarias, demuestran más que su fortaleza, su debilidad y la capacidad de manipulación que sufren estas organizaciones de parte de grupos del poder político. No es posible comprender, desde ningún punto de vista, cómo esta acción que se atribuyó un grupo de cinco organizaciones armadas, puede fortalecer sus objetivos. En primer lugar, no deja de ser por lo menos extraño que un operativo para cuya realización no se necesita más que un comando de tres o cuatro personas, sea “firmado” por cinco grupos armados diferentes: nada de ello puede hacernos presumir fortaleza de estas organizaciones, sino todo lo contrario. Tampoco parece apoyar mucho a la APPO: al contrario, fortalece la idea de que esa organización es controlada por grupos ultras y que éstos, a su vez, son manipulados por grupos de poder que fueron financiados por los últimos gobiernos oaxaqueños (el jueves y viernes en este espacio vimos cómo se distribuyó el dinero del ramo 33 entre ellos). Tampoco ayuda, desde esta lógica, a algunos de los dirigentes de grupos armados oaxaqueños, que en los últimos años y después del fiasco de sus acciones armadas de 1996, han decidido impulsar una vía de “insurrección”, como la que estamos viviendo en Oaxaca, más que de “golpes militares” que, aunque fueran de muy bajo impacto, siempre les generaron respuestas muy duras de parte de las fuerzas de seguridad (desde los sufridos en los Loxichas hasta la detención de los hermanos Cerezo Contreras, que en realidad se apellidan Cruz Canseco y son hijos de los fundadores y de los principales dirigentes del EPR).
En realidad, se han dado una suma de situaciones que han catalizado las divergencias entre estos grupos armados y mientras un polo de ellos parece haberse aferrado más a tratar de “agudizar las contradicciones”, a través de acciones de estas características, otros tratan de treparse a las posiciones, cada día también más ultras, del lopezobradorismo. No deja de ser significativo que el objetivo de los atentados de la madrugada del lunes hayan sido el PRI (léase Oaxaca); el Tribunal Electoral (léase el supuesto fraude contra López Obrador, al que se refieren, casi en los mismos términos, el propio López Obrador, la APPO, el EPR y las cinco organizaciones que se atribuyen los atentados) y las sucursales de Scotiabank. Al respecto, la única lectura posible de este objetivo, fuera del rechazo a todo el capital financiero en general (lo que recuerda las consignas pintadas en las paredes de Oaxaca, de “fuera los turistas, muera el imperialismo”), pudiera estar en la lejana relación de ese banco con el conflicto minero, lo cual vuelve a ser inducido por el comunicado de los cinco abajo firmantes, cuando, en primer lugar de los “eventos represivos” que señalan como detonante de su acción, colocan el intento de desalojo de Sicartsa, por encima de los casos de Atenco, Guerrero, Chiapas y Oaxaca. Y por cierto, el explosivo utilizado, suele usarse en la minería.
Lo cierto es que estas cinco organizaciones que firman el documento tienen un origen común: el desprestigiado ERPI, que se fue dividiendo en diversos grupos de la mano con su deterioro. Además de algunos militantes oaxaqueños, el centro de operaciones de este grupo está en Guerrero y Morelos, con fuerte presencia en el oriente de la ciudad de México, donde gozan de la protección de autoridades locales (recordemos el episodio de Tláhuac), a través de organizaciones vecinales, que suelen ser parte del Frente Francisco Villa y sus ramificaciones y de los restos del Consejo General de Huelga de la UNAM, que se han apresurado a llegar a Oaxaca, para agudizar el conflicto y marginar a dirigentes con origen en el EPR, como el líder de la sección 22 del sindicato, Enrique Rueda.
Decíamos que las posibilidades de manipulación que existen sobre estos grupos es muy alta. En el pasado, se ha conocido cómo, en Guerrero, algunos de sus dirigentes asesinaron a un funcionario del entonces equipo de campaña de Zeferino Torreblanca (el mismo día en que el ahora gobernador ganó, por el PRD, la alcaldía de Acapulco), para desplazar a un grupo interno del futuro gobierno municipal, a cambio de unos departamentos de interés social. En las últimas fechas, la relación de esas organizaciones con grupos del crimen organizado parecen ser cada vez más evidentes, sobre todo en la zona de Atoyac; sus apariciones públicas parecen ser parte de una provocación, más que de una acción política, compartible o no, pero benéfica para su causa, y ello incluye desde la aparición de un comando armado en Oaxaca con uniformes impecables y sin uso previo hasta los bombazos del pasado lunes.
La manipulación de estos grupos no es una posibilidad sin sustento. Acabamos de publicar el libro Nadie Supo Nada, donde se demuestra cómo el comando que intentó secuestrar y terminó asesinando a Eugenio Garza Sada en los 70 (y con él buena parte de la Liga 23 de Septiembre) estaba infiltrado y pudo ser manipulado por el gobierno de Luis Echeverría. ¿Por qué sus descendientes oaxaqueños y guerrerenses más directos, como los relacionados con Murat o Figueroa, no podrían ahora continuar con esa tarea?