El conflicto en Oaxaca ha entrado a una etapa de aparente calma, que ha permitido que la Policía Federal Preventiva comience a abandonar paulatinamente el estado, que algunos de los miembros de la APPO hayan recobrado su libertad, con una sección 22 del SNTE que ha roto con la asamblea popular y que busca reacomodarse ante el inminente lanzamiento de otra sección local, leal al liderazgo nacional del sindicato, la que le quitará, por lo menos, la mitad de sus afiliados a la 22. Pero el árbol no tendría que tapar el bosque. La situación en Oaxaca está lejos de haberse solucionado.
El conflicto en Oaxaca ha entrado a una etapa de aparente calma, que ha permitido que la Policía Federal Preventiva comience a abandonar paulatinamente el estado, que algunos de los miembros de la APPO hayan recobrado su libertad (con fianzas pagadas por el gobierno estatal, ya que la propia APPO se negó a hacerlo), con una sección 22 del SNTE que ha roto con la asamblea popular y que busca reacomodarse ante el inminente lanzamiento de otra sección local, leal al liderazgo nacional del sindicato, la que le quitará, por lo menos, la mitad de sus afiliados a la 22.
Pero el árbol no tendría que tapar el bosque. La situación en Oaxaca está lejos de haberse solucionado. El gobernador Ulises Ruiz, profundamente cuestionado, ha decidido no renunciar a su puesto y ha lanzado la iniciativa de reforma de las instituciones del estado, que estaba pendiente de hace ya demasiado tiempo. La idea no es mala, el problema es que quedan muchas dudas respecto a su ejecución y a la verdadera voluntad de cambio que pudiera animarla. Existen, en este sentido, tres posibilidades: realizar una reforma de ornato, que cambie algo para que todo siga igual; acceder a una reforma similar a la que piden los grupos más radicales (y que suelen ser también los más corruptos, estilo Flavio Sosa) que, paradójicamente, termina siendo coincidente con la primera; o realizar una verdadera reforma, que incluya las demandas de lo que constituye el verdadero adversario del priismo más tradicional: la oposición democrática en el estado, la fuerza que en una próxima elección podría arrebatarles el poder. En última instancia la reforma que se plantea tiene como objetivo, entre otras cosas, abrirle esa posibilidad a una oposición, que se vio bloqueada en forma casi brutal hace dos años.
Hay algunos signos que permiten ser poco optimistas de cara al futuro de la reforma lanzada el martes. Es verdad que en la comisión encargada de la misma hay gente de mucho valor personal y político, pero faltan otros tantos y preocupa mucho más que el secretario técnico de la misma sea el ex senador Héctor Sánchez. Preocupa porque la carrera de Sánchez ha estado marcada por demasiados vaivenes políticos e ideológicos y el ex perredista, ha terminado siendo un cercano aliado de José Murat. Héctor Sánchez y Flavio Sosa cuando rompieron con el PRD fueron parte de la tristemente célebre ala campesina, cuyo principal objetivo fue apropiarse y luego, cuando no pudieron hacer lo primero, tratar de destruir el partido Alternativa Socialdemócrata. Antes, ambos habían integrado un partido fantasma, llamado Unidad Popular, cuyo único objetivo fue quitarle votos a la candidatura única de la oposición que representaba Gabino Cué, apoyado por el PRD y el PAN, además de otras fuerzas como Convergencia. Logró en parte su objetivo, porque arrastrando parte del electorado de la COCEI, Sánchez logró cerca de 3 por ciento de los votos, el doble de la diferencia que le permitió, pese a todas las irregularidades, a Ulises derrotar a Gabino.
Cuando Sánchez reapareció en el terreno político nacional, con el ala campesina intentó reventar la candidatura de Patricia Mercado y terminó apoyando la de Víctor González Torres, el famoso Dr. Simi, que tan lejos parecía de los objetivos de un partido socialdemócrata como Alternativa. Pero el tema no era la ideología, sino la búsqueda, patrocinada, de espacios de poder. El socio de Sánchez, Flavio Sosa, reapareció entonces, reciclado, como fundador y líder de la APPO, pero también como integrante del consejo nacional del PRD (lo que ese partido desmintió durante semanas, hasta que el propio Flavio fue detenido y asumió, el partido, su defensa). Para entonces, Murat y su sucesor Ulises, habían roto políticamente: daba la casualidad de que Ruiz quería ser el gobernador y no una suerte de virrey y no se pudo poner de acuerdo con sus antecesor, que comenzó entonces a impulsar los movimientos que lo desestabilizaron.
Ello ocurrió por sus propios y numerosos errores. El primero y principal de ellos se llamó Jorge Franco, uno de sus hombres más cercanos y su primer secretario de gobierno, que en apenas horas en el cargo ya había cometido un abuso tras otro. El primero, la invasión a las instalaciones del periódico Noticias. Franco controló una policía local plagada de corrupción y logró, mientras pensaba que ello era una demostración de fuerza, romper no sólo con sus adversarios externos sino incluso con muchos que hubieran podido ser sus aliados internos. La sucesión de medidas autoritarias se sucedieron y fueron desde la cerrazón oficial para el trato con la oposición hasta la decisión de deshacerse del palacio de gobierno y de las instalaciones del congreso, para convertirse en una suerte de gobierno trashumante. Cuando Ulises despidió, por lo menos formalmente, a Franco, el estado ya estaba desmoronándose. Para reemplazarlo llamó a uno de los principales operadores de Murat, Heliodoro Díaz, que en realidad estaba allí para intentar reemplazarlo. Debieron pasar seis meses de destrucción de la gobernabilidad, de una violencia inédita, de pérdidas materiales enormes, de un rezago político difícil de evaluar, para que la intervención de la PFP finalmente salvara a Ulises Ruiz. Pero esa fue una acción preventiva de Estado, no una salida.
Hoy la PFP ha comenzado a retirarse y Ulises intenta reconstruir algo de la gobernabilidad perdida: ha regresado las instalaciones de Noticias, ha pagado la fianza de los presos de la APPO, ha llegado a un acuerdo económico con la sección 22, ha convocado a esta reforma del Estado. La pregunta es si está motivado a cambiar las cosas o simplemente se trata de aplicar la vieja receta del Gatopardo, de cambiar algo para que todo siga igual. Hay que darle el beneficio de la duda, pero la designación de Héctor Sánchez para coordinar la reforma no es, en este sentido, ninguna buena señal.