El dato es contundente y refleja el que constituye, muy probablemente, el principal desafío para el 2007. Ayer, la asociación civil Alternativa 21 y el programa de Litigio de Interés Público del CIDE exhibieron pruebas que demuestran que por lo menos 71 de los 75 indígenas sentenciados con penas que van de los 24 a los 33 años de prisión por participar en el terrible matanza de Acteal, de la que hoy se cumplen nueve años, son en realidad inocentes.
El dato es contundente y refleja el que constituye, muy probablemente, el principal desafío para el 2007. Ayer, la asociación civil Alternativa 21 y el programa de Litigio de Interés Público del CIDE exhibieron pruebas que demuestran que por lo menos 71 de los 75 indígenas sentenciados con penas que van de los 24 a los 33 años de prisión por participar en el terrible matanza de Acteal, de la que hoy se cumplen nueve años, son en realidad inocentes.
En Acteal fueron brutalmente masacradas 45 personas, en su mayoría mujeres y niños. Luego de muchas confusiones, de un proceso que provocó la caída, primero, del gobernador Julio César Ruiz Ferro y más tarde del secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet, la PGR, entonces encabezada por Jorge Madrazo realizó una amplia investigación que terminó con casi un centenar de detenidos y sentenciados, la mayoría indígenas. A nueve años de los hechos, sin embargo, las pruebas demuestran que la gran mayoría de los detenidos son, en realidad, inocentes; que cinco de ellos sí reconocieron haber formado parte del grupo que mató a los habitantes de Acteal y que lo hicieron junto con otras cuatro personas que aún permanecen en libertad. Como se actuó bajo una decisión política, no se siguió esa línea y se terminó sentenciando a más de 70 personas que no habían participado en los hechos, mientras que parte de los verdaderos responsables permanecen en libertad. Los participantes en Alternativa 21 y el programa de Litigio del CIDE piden ahora a la Suprema Corte que atraiga el caso y haga justicia, estableciendo, además, nuevos parámetros para indagar y sentenciar este tipo de investigaciones.
El tema es ejemplificador porque, independientemente de las irregularidades que permean el caso Acteal, nos recuerda cuál es uno de nuestros principales pendientes en la agenda nacional. La administración de justicia es un problema grave que requiere de soluciones en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Nadie puede dudar que desde la reforma de diciembre del 94, ha habido avances en el poder judicial del país y particularmente en la Suprema Corte. La Suprema Corte tiene una intervención cada vez mayor en la cosa pública y ha obtenido reconocimiento y respeto por ello. Pero no es suficiente.
Nuestro sistema de justicia está todavía lejos de las exigencias sociales y de los propios desafíos que debe enfrentar. Que 71 de los 75 detenidos y sentenciados en Acteal se esté demostrando ahora que en realidad son inocentes, es tan terrible como que algunos de los principales narcotraficantes del país lleven una década o más en prisión y todavía no puedan tener una sentencia en firme; o que las cárceles estén llenas de personas que cometieron delitos menores mientras que es casi imposible pisarla si se tienen recursos suficientes para pagar una defensa de primer nivel, salvo que exista consigna política en contra.
Cuando hablamos de los grandes temas de la seguridad pública, solemos referirnos a las policías, a los esquemas de seguridad, a la coordinación interinstitucional y entre los diferentes niveles de gobierno, de información e inteligencia, incluso cada vez más de la participación ciudadana. Y todo ello es importante porque sin esos elementos no hay seguridad pública. Los pasos que se han dado en este sentido en las últimas semanas son importantes precisamente por ello, porque comienzan a configurar la percepción de que esos nuevos esquemas pueden funcionar y porque se han tomado medidas concretas que los fortalecen, comenzando por la propuesta de creación del Cuerpo Policial Federal. En la PGR, mientras tanto se está trabajando para convertir esa instancia en una fiscalía general y, de la mano con ello fortalecer y darle nuevas prerrogativas y formas a la acción de los ministerios públicos, tratando de convertirlos, a su vez, en fiscales, en representantes de la sociedad. Todo ello, si fructifica y es organizado y tratado con inteligencia, puede ser de enorme utilidad para el futuro.
Pero el punto débil sigue estando en la hora de impartir justicia. Y no se trata siquiera de los grados de corrupción, eficiencia o intimidación que pueda haber sobre los jueces. Lo que no funciona es el sistema en sí mismo, creado y desarrollado para otra época, para otros tipos de delitos, para otra realidad. Mucho se ha insistido, por ejemplo, en el tema de los juicios orales: no son una panacea pero a través de esa vía se han logrado avances importantes en la impartición de justicia y sobre todo en hacerla más clara y expedita. En América Latina varios países han tenido buenas experiencias al respecto, como Colombia. pero sobre todo Chile.
Es una reforma necesaria y urgente, que tendrá, sin duda, que establecerse en forma paulatina y ordenada, porque implica realizar modificaciones de todo tipo e incluso reconfigurar a los propios abogados. Pero tan difícil no es porque varios estados (Chihuahua, Nuevo León, Estado de México) ya llevan un trecho avanzado sin encontrar obstáculos insalvables. Por supuesto que los juicios orales serían sólo un capítulo de una reforma que debe ser mucho mayor. Pero sería un buen inicio. El problema es que en el propio poder judicial es donde parece haber mayor resistencia a ese cambio. En alguna medida es lógico, pero entonces debe ser desde allí donde se venzan las mismas.
El dos de enero se elegirá al nuevo presidente o presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No estaría nada mal comprometer a los ministros a elegir con base en una agenda de reformas que, por supuesto, debe involucrarlos, en primer término, a ellos mismos.
PD: con motivo de estas fiestas de fin de año, este autor se tomará unos días de vacaciones. Nos vemos en este mismo espacio el próximo 8 de enero. Le deseo la mayor de las felicidades en estos días y durante el próximo 2007.