Mientras el lunes Gerardo Fernández Noroña recurría, una vez más, a su deporte favorito, o sea arrojarse al paso de las comitivas presidenciales en Palacio Nacional, la mayoría de los gobernadores del país decidían en los hechos relanzar, con todas sus funciones, el sistema nacional de seguridad pública y dedicar un porcentaje importante de los fondos destinados a la seguridad, a establecer sistemas únicos de operación y a combatir el narcomenudeo. En esa misma reunión se designó a Roberto Campa Cifrián como secretario ejecutivo del sistema.
Mientras el lunes ese freak de la política nacional llamado Gerardo Fernández Noroña recurría, una vez más, a su deporte favorito, o sea arrojarse al paso de las comitivas presidenciales en Palacio Nacional, la mayoría de los gobernadores del país, incluyendo los perredistas, decidían en los hechos relanzar, con todas sus funciones, el sistema nacional de seguridad pública y dedicar un porcentaje importante de los fondos destinados a la seguridad, a establecer sistemas únicos de operación y a combatir el narcomenudeo. En esa misma reunión se designó al ex candidato presidencial de Nueva Alianza, Roberto Campa Cifrián, como secretario ejecutivo del sistema. Campa es un hombre que, a diferencia de su antecesor, Miguel Angel Yunes, no tiene experiencia en el ámbito de la seguridad, pero mantiene una muy buena relación con la gran mayoría de los gobernadores del país, incluyendo los perredistas: como se recordará, Campa fue uno de los muy pocos diputados, entonces todavía en el PRI, que votó en contra del desafuero de López Obrador y su relación con Ebrard siempre fue buena, de mucho tiempo atrás.
El hecho es que el relanzamiento del sistema de seguridad pública es una pieza fundamental en el nuevo esquema que se ha implementado: a los operativos para recuperar el control territorial de varias zonas del país y a la coordinación de las fuerzas federales, debçia corresponder un nivel de coordinación similar con estados y municipios. Salvo personajes que tienen una agenda peculiar sobre el tema, no puede haber divergencias importantes en el objetivo de recuperar el control y la gobernabilidad de los distintos territorios que permanecían bajo la égida del narcotráfico. La seguridad se ha convertido en un elemento de cohesión política en un país dividido después de las elecciones. Y a partir de esos acuerdos pueden procesarse otros, estrictamente políticos y basados en la confianza ganada en el ámbito de la seguridad. El proceso puede convertirse en un círculo virtuoso que recupere el diálogo y la negociación entre las distintas fuerzas políticas en aspectos que nada tienen que ver, en la superficie, con la recuperación de la seguridad pública.
En este sentido, existe un difundido temor entre distintos sectores de que las medidas de control territorial y otras, entre ellas las extradiciones, podrían terminar siendo contraproducentes y ocasionar represalias que modificaran esa situación. Nadie puede descartar hechos violentos, respuestas de los grupos del narcotráfico, pero se parte de supuestos incorrectos para presagiarlos. El más común es el caso de Colombia a principios de los 90, con la famosa historia de los extraditables, encabezados por Pablo Escobar y que devino en una brutal oleada de violencia en la nación hermana. No es el ejemplo correcto por varias razones. Una es casi obvia: México y Colombia tienen diferencias estructurales profundas en el tema del narcotráfico. En aquellos años los cárteles de Medellín y Cali, tenían, sobre todo los primeros, una parte muy importante de los funcionarios y legisladores en su nómina, el propio Pablo Escobar había sido diputado por Medellín e incluso había sido enviado como parte de la delegación oficial del congreso colombiano a la toma de posesión de Felipe González en España. Ese control político iba de la mano con el territorial, casi total en Medellín y Cali (a pesar de que los hermanos Rodríguez Orejuela eran enemigos a muerte de Escobar y de sus estrategias) y de otras como Cartagena y la propia capital, Bogotá. Finalmente, esos grupos, sobre todo el de Escobar, ocultaban sus intenciones bajo un discurso antiimperialista que les permitió establecer estrechísimas relaciones con las organizaciones armadas que operaban en Colombia, particularmente con el M-19 y en menor medida con las FARC y el ELN. La alianza con el M-19 fue tan sólida que coordinaron en forma conjunta la toma de la Suprema Corte de Justicia que terminó con una masacre pero que permitió desaparecer buena parte de los expedientes que allí se guardaban de investigaciones contra el propio Escobar y su gente. En ese marco, agudizado por la confrontación entre los cárteles de Medellín y Cali (que en contraposición a Escobar y sus lazos con la guerrilla, financiaron el surgimiento de los llamados paramilitares), las extradiciones, cuando el estado era profundamente permeado por el narcotráfico; cuando no se tenía control territorial de la mayor parte del país, incluyendo las principales ciudades; cuando existía un fuerte movimiento guerrillero aliado a los narcotraficantes y una lucha feroz y muy violenta entre ellos, no podían sino fracasar: los narcotraficantes desafiaban a un Estado debilitado y sin determinación, sin control sobre buena parte de su territorio.
El ejemplo que debe observarse es el que vino años después. Luego de que el presidente César Gaviria canceló las extradiciones, vino un largo proceso que terminó desmantelando a los cárteles de Medellín y Colombia. Con la llegada al poder de Alvaro Uribe, comenzó otra estrategia que se basó en la recuperación del control de las grandes ciudades y de buena parte del territorio que estaba en poder del narcotráfico, de las guerrillas de izquierdas y de los grupos paramilitares, también relacionados con el negocio de la droga. Uribe recuperó los territorios (menos la zona en guerra del sur del país, en las fronteras con Ecuador y la franja fronteriza con Venezuela, donde se asientan la FARC y el ELN convertidos en prominentes narcotraficantes); centralizó las labores policiales; depuró a su propio partido; realizó una profunda reforma judicial y a partir de allí reanudó las extradiciones. Desde que Uribe tomó el poder extraditó a 450 narcotraficantes y no ha habido represalias porque las instituciones y las políticas del Estado lo han impedido. Ese es el ejemplo que debe analizarse, no el de hace veinte años.