Como suele suceder en la política nacional, un tema que ocupa durante semanas las primeras planas, repentinamente desaparece para dar paso a otro que, a su vez, también termina siendo reemplazado por otro. No tenemos una agenda nacional: tenemos momentos que ocupan mayor o menor atención, lo que impide darle continuidad a los procesos y consolidar las transformaciones que el país requiere.
Como suele suceder en la política nacional, un tema que ocupa durante semanas las primeras planas, repentinamente desaparece para dar paso a otro que, a su vez, también termina siendo reemplazado por otro. No tenemos una agenda nacional: tenemos momentos que ocupan mayor o menor atención, lo que impide darle continuidad a los procesos y consolidar las transformaciones que el país requiere.
Oaxaca tendrá elecciones en agosto para diputados locales, y en octubre para renovar las 570 presidencias municipales, la mayoría de ellas de usos y costumbres pero que son las que siempre las suscitan mayor pasión entre los oaxaqueños. El estado no figura ahora en las primeras planas pero regresará cuando la Función Pública dé a conocer los resultados de las auditorias que está realizando a distintos ex funcionarios estatales.
En los hechos podría ser una oportunidad para que Ulises Ruiz rompa definitivamente con el que presentándose como su protector se convirtió en su peor enemigo. En estos años, ha estado bajo la presión de una elección cuestionada. Inició su administración con la sombra de un José Murat que quería establecer un maximato en el estado, necesario, por otra parte, para tapar la larga serie de corrupciones que jalonaron su gobierno. Ruiz estuvo muy involucrado en la campaña de Roberto Madrazo, al tiempo que Murat se distanciaba de éste, coqueteaba con López Obrador, y los acuerdos que hubiera podido tejer el gobernador se deshacían, por la presión contrapuesta de Murat y la dirigencia de la sección 22 y luego de la APPO, que apostaban al triunfo de AMLO. Tuvo que concluir la transición, tuvo que estar a punto de asumir el poder Calderón, para que finalmente se actuara en una Oaxaca que estaba siendo destrozada.
El escenario parece haberse modificado. Por una parte, la sección 22 finalmente ha reconocido la legitimidad del gobierno estatal y ello puede ser decisivo para el futuro. No ha sido una concesión graciosa: además del deterioro del movimiento en sí, el surgimiento de la sección 59, controlada por Elba Esther, ha generado una crisis en la 22. Los movimientos realizados la semana pasada para evitar que hubiera clases en más de 250 escuelas que laboran con maestros contratados por los padres de familia y que están, en su mayoría afiliados a la sección 59, es un hoyo en la línea de flotación de un grupo sindical que ha controlado durante 27 años el sistema educativo del estado dejándolo con los índices de calidad educativa más bajos de todo el país. Con el magisterio dividido y la APPO desfondada, el margen de operación del gobierno estatal (y del federal en el estado) es mucho más amplio.
La APPO tuvo oxígeno y espacio porque, entre otras razones, había sido financiado por el ahora diputado Murat. Y ésta es una oportunidad que Ulises Ruiz no debería dejar pasar: en el proceso de normalización del estado, un papel central lo tienen las auditorias que está llevando la federación y que buscan explicar, como publicamos en este espacio desde el año pasado, a dónde fueron a parar casi 90 mil millones de pesos que se perdieron en la administración del actual legislador. Hay tres funcionarios que, por lo pronto, saldrán muy mal librados, que están en el centro de las investigaciones de la Función Pública federal y que son de los operadores más cercanos de Murat en el estado: Juan Díaz Pimentel, quien quiso ser candidato porque ya era socio del ex gobernador y está siendo investigado por desvíos que suman miles de millones de pesos. Es tan cercana la relación de Díaz Pimentel con el ex gobernador que podría colocar a éste directamente en una situación muy comprometida. Aurora López Acevedo, fue secretaria de transporte y fue la operadora de muchos recursos del anterior gobierno. Se ha comprobado que durante su gestión se autoadjudicó, mediante procesos fraudulentos, cuatro mil concesiones de taxi, además de los autorizados para circular como piratas, todas esas unidades pagaron, como mínimo 30 mil pesos por sus permisos. Estaríamos hablando, sólo de los pagos de los permisos para circular, de unos 120 millones de pesos. La ex funcionaria, se asegura, está prófuga.
El tercer funcionario, también bajo investigación de la SPF es el ex secretario de finanzas de Murat, Flavio Baylis, su amigo desde la época juvenil y quien se encargó del financiamiento de las organizaciones opositoras, entre ellas la APPO (como detallamos en este espacio en noviembre pasado). Además, las auditorias están comprobando que Baylis, con Díaz Pimentel, eran los encargados de extorsionar a los presidentes municipales pidiéndoles que contrataran las constructoras impulsadas por el propio gobierno (y asociadas con esos funcionarios, con el entonces gobernador y su hermano Kaim) para que no les fueran retenidos sus recursos, sobre todo del ramo 33. Recordemos que durante ese sexenio el ramo 33 sumó miles de millones de dólares y, hasta que en agosto pasado, la Corte aceptó que podía ser auditados por la federación, el gobierno de Murat se había negado a rendir cuentas sobre ellos.
Uno de los principales empresarios involucrados es Carlos Guzmán Gardeazabal, propietario de la empresa COVICO, que tiene un contrato exclusivo, otorgado por el gobierno de Murat a través del instituto de educación de Oaxaca, con la sección 22, mediante el cual proporciona todos los electrodomésticos y línea blanca que el estado financia para el magisterio, lo que generó compras a ese empresarios por una suma superior a los 800 millones de pesos anuales. Curiosamente, Díaz Pimentel, Baylis, Guzmán (se asegura que el propio Murat) ya están buscando acuerdos con el PRD de cara a las elecciones de este año, lo que ha provocado, incluso, que los grupos cercanos a Convergencia tomen distancia en el asunto. El problema es que los resultados de las auditorias podrían ser públicas antes de que formalicen cualquier acuerdo.