En la comparecencia del jueves, del secretario de la Defensa, general Guillermo Galván Galván pasó prácticamente desapercibido, un dato clave para comprender el deterioro de la situación de seguridad que vivimos. Durante el sexenio pasado, dijo el secretario de la Defensa, se registraron en el ejército mexicano 107 mil 128 deserciones. O sea, si se sumaran el total de deserciones, contra el número total de efectivos militares, tendríamos que esa cifra equivale a poco más de un tercio del total. En lo que va de este sexenio el número de deserciones supera las 5 mil, unas mil al mes. Obviamente no todos los que desertan de las fuerzas armadas se incorporan a la delincuencia organizada, aunque en el imaginario colectivo perdura la imagen de los Zetas originales, aquellos miembros de los Gafes de Tamaulipas que fueron a ese estado para detener a Osiel Cárdenas y terminaron primero formando el principal círculo de protección de éste, luego se convirtieron en sicarios y hoy, sus supervivientes y sucesores, son los que controlan la mayor parte de la estructura del cártel del Golfo.
En la comparecencia del jueves, del secretario de la Defensa, general Guillermo Galván Galván pasó prácticamente desapercibido, un dato clave para comprender el deterioro de la situación de seguridad que vivimos.
Durante el sexenio pasado, dijo el secretario de la Defensa, se registraron en el ejército mexicano 107 mil 128 deserciones. O sea, si se sumaran el total de deserciones, contra el número total de efectivos militares, tendríamos que esa cifra equivale a poco más de un tercio del total. En lo que va de este sexenio el número de deserciones supera las 5 mil, unas mil al mes. Obviamente no todos los que desertan de las fuerzas armadas se incorporan a la delincuencia organizada, aunque en el imaginario colectivo perdura la imagen de los Zetas originales, aquellos miembros de los Gafes de Tamaulipas que fueron a ese estado para detener a Osiel Cárdenas y terminaron primero formando el principal círculo de protección de éste, luego se convirtieron en sicarios y hoy, sus supervivientes y sucesores, son los que controlan la mayor parte de la estructura del cártel del Golfo.
Esa situación no ha vuelto a repetirse con tanta intensidad, y sin duda, la principal causa de las deserciones se debió a razones económicas (durante el sexenio pasado se deterioró en forma importante el presupuesto militar y los salarios de los oficiales y la tropa prácticamente no tuvieron incrementos en los seis años, a un nivel tal que un mismo suboficial que pasaba de las fuerzas militares a la PFP, cumpliendo las mismas funciones, terminaba ganando mucho más en la corporación policial que en la militar). También es verdad que el deterioro económico se combina en muchas ocasiones con trabajos arriesgados y duros, como el que le toca realizar a los miles de soldados que año con año participan en las tareas de erradicación de cultivos de drogas. Pero no cabe duda que de esas más de cien mil deserciones del sexenio pasado una parte se debió a la cooptación del crimen organizado.
Si no fuera así, el general secretario no hubiera anunciado, también en la comparecencia del jueves, que será presentada al congreso una iniciativa de ley para modificar el código de justicia militar para que los militares y desertores de la fuerza militar que participen en actividades de delincuencia organizada, entre ellas el narcotráfico, serán acusados del delito de traición a las fuerzas armadas. Si se aprobara la iniciativa quienes cometan en delito de traición (que en este sentido debería ser entendido como participar estando en activo o habiendo desertado previamente, en actividades de crimen organizado) podrían ser castigados, según el código de justicia militar con penas de 30 a 60 años de prisión, independientemente de las penas que les correspondan por delitos contemplados en los códigos civiles.
El tema es fundamental porque esa utilización de conocimientos castrenses en beneficio del narcotráfico se ha dado en muchas oportunidades y se deben, por lo tanto, establecer medidas muy estrictas para evitar ese traslape de las fuerzas de seguridad al sicariato. Es importante que se tomen esas medidas en las fuerzas militares porque son en buena medida el sostén de las políticas contra el crimen organizado y si bien se debe trabajar para reducir el número de deserciones y las causas, sobre todo económicas, que la causan (en eso ya se tomaron medidas desde el inicio de este sexenio que no solucionan el problema de fondo pero que constituyen un avance al respecto), también deben aumentar los costos, de todo tipo, para quien traicione a las instituciones en un contexto que ha sido calificado como de una guerra contra el narcotráfico.
Y ello debería ampliarse, obviamente de diferente manera pero con la misma intención, a las fuerzas policiales, a las federales pero también y en forma destacada a las municipales y estatales. Estas son más numerosas y tienen mayor capacidad operativa en sus ámbitos de influencia, sumadas, que todas las fuerzas federales, incluyendo las militares. Los policías estatales y municipales superan los 400 mil mientras que incluyendo al ejército y la marina, las federales apenas si alcanzan los 300 mil. En los últimos tiempos ha habido todo tipo de deserciones entre las fuerzas policiales. Apenas esta semana se informó que luego de una serie de ataques de grupos del narcotráfico a puestos policiales en Sonoro, cien de los 700 policías de Hermosillo habían abandonado la corporación. Sin duda, algunos de ellos lo habrán hecho por su relación con el crimen organizado, pero otros simplemente se fueron por miedo. Debe haber, en este sentido, una carrera policial de mucho mayor largo aliento que la actual, que establezca los suficientes estímulos, materiales y morales, como para conservar dentro de las fuerzas de seguridad a sus integrantes, para que consideren que el costo de abandonar la fuerza es demasiado alto como para hacerlo con ligereza pero que el traicionar y colaborar con el “enemigo” (léase el crimen organizado) genera la posibilidad de un castigo tal que disuada cualquier tentación en ese sentido.
La iniciativa que anunció el secretario de Defensa es un capítulo decisivo en esa lucha que se denomina guerra contra el narcotráfico a falta de un término mejor para designarla. Ojalá se avance en ella, pero ojalá también la misma se amplíe al conjunto de las fuerzas de seguridad, incluyendo policías locales y federales. Con una adición: los cárteles están contratando militares retirados de otras latitudes, sobre todo de Centroamérica, para entrenar y operar a sus grupos de sicarios: si en sus países esos personajes también obtuvieron entrenamiento policial o castrense y lo están utilizando en contra del Estado mexicano, deberían tener castigos similares al de cualquier mexicano que estuviera en esa misma condición. De lo contrario, simplemente se fomentará la “importación” de sicarios.