Los hechos de Sonora del miércoles pasado con su secuela de 24 muertos, 13 vehiculos incautados con un alto nivel de blindaje, un centenar de armas de alto poder decomisadas han permitido hacer un diagnóstico bastante claro de cómo están las cosas en el ámbito del combate contra el narcotráfico. El gobernador Eduardo Bours en ocasiones se ha equivocado en sus declaraciones respecto a la presencia del narcotráfico en su entidad, pero en esta ocasión acertó en ordenar la intervención de las fuerzas de seguridad y luego en demandar una investigación.
Los hechos de Sonora del miércoles pasado, con su secuela de 24 muertos, 13 vehículos incautados con un alto nivel de blindaje, un centenar de armas de alto poder decomisadas, han permitido hacer un diagnóstico bastante claro de cómo están las cosas en el ámbito del combate contra el narcotráfico. El gobernador Eduardo Bours en ocasiones se ha equivocado en sus declaraciones respecto a la presencia del narcotráfico en su entidad, pero en esta oportunidad acertó claramente: primero, en ordenar la intervención de las fuerzas de seguridad estatales ante la detección del grupo de narcotraficantes que había llegado hasta Cananea, y luego en demandar una investigación respecto a cómo un grupo tan numeroso podía sobrepasar tantos controles y recorrer tantos kilómetros sin ser detectado ni avisadas las fuerzas federales.
Ello permitió poner de manifiesto varias cosas. Primero, la zona norte de Sonora está prácticamente abandonada en términos de seguridad territorial. Hemos recorrido en alguna oportunidad (y lo registramos en este espacio) esa zona, desde Altar hasta la frontera, y fue imposible encontrar, siquiera, una patrulla, mientras por allí se desplazan decenas de camionetas dedicadas al tráfico de gente que tiene en Altar, precisamente, su centro de operaciones. Ese tramo de la frontera, es uno de los más desprotegidos y no es casual que allí se estén concentrando no sólo los traficantes de gente sino también de drogas. Por otra parte, con epicentro en Agua Prieta, existe una sólida organización relacionada con el narcotráfico, y particularmente con los hermanos Beltrán Leyva, que no sólo opera en casi toda la costa del Pacífico, sino que además recibió, el sexenio pasado, la protección, directa o indirecta, de las propias autoridades federales y de un sector del partido en el poder. La historia está más que documentada a ambos lados de la frontera y sería hora de que se tomarán medidas en el asunto.
Se confirmó también algo que se sabía desde tiempo atrás. Ninguna policía en el país, tiene el reconocimiento social de la Federal de Caminos. Y en parte es justificado: es una policía que se ve bien, con buen equipo, que suele ser atenta con quienes circulan por las diferentes carreteras del país y que erradicó la vieja costumbre de cobrar mordidas a la menor provocación. El problema es que esa corrupción se trasladó a lo macro, a los grandes negocios y mientras mejoraba la percepción ciudadana, se profundizaba la corrupción en relación con la circulación de grandes cargamentos de drogas, armas y contrabando en las carreteras del país.
Lo ocurrido en Sonora es claro, no se pueden recorrer cientos de kilómetros con semejante dispositivo criminal y que no pase nada, ni siquiera una advertencia a nivel federal. El secretario de seguridad pública, Genaro García Luna, que ya venía desarrollando una intensa actividad para realmente integrar a la antigua PFC a la nueva PFP (porque la integración en el pasado nunca fue real, tan no lo fue que incluso la Federal de Camiones conservaba mandos, equipos y hasta uniformes propios) con una fuerte resistencia de la estructura de esa corporación, aprovechó la oportunidad para destituir a los seis principales mandos de la misma, incluyendo a alguno de sus colaboradores, que no habían logrado poner orden en estos meses en esa fuerza policial. Lo ocurrido en Sonora también sirve para analizar otro aspecto. Para muchos, el desplazamiento de un contingente tan grande de narcotraficantes, enmarcado en la situación de violencia que se vive en algunos puntos del país, es una demostración de fuerza del crimen organizado y la confirmación de que éste se encuentra fuera de control. En realidad, los hechos indicarían exactamente lo contrario. No tiene sentido ni lógica, desde el punto de vista operativo, semejante desplazamiento de hombres y fuerzas en un territorio que, además, los deja expuestos, como ocurrió, a un enfrentamiento donde llevan todas las de perder. Es una muestra, en todo caso, de soberbia, de subestimación del Estado, de falta de inteligencia operativa y, también, de desesperación, de querer imponer condiciones en un plazo muy corto de tiempo porque el mismo se acorta y los negocios se están viendo afectados. De otra manera no se puede comprender lo sucedido. Se ha dicho que ese contingente era parte del cártel del Golfo y que llegó a Sonora para tratar de controlar esa zona. Puede ser aunque es más probable que tratara de rescatar los negocios en ese territorio del sector del cártel de Juárez que ha roto con los grupos de El Chapo Guzmán, el Mayo Zambada y los Beltrán Leyva, y que se ha aliado con los Zetas. O que fuera, consecuencia de otra alianza, que en la debilidad, ha concretado esta última organización con los Arellano Félix. De todas formas llama la atención que se esté intentando operar en territorios tan distantes y donde los apoyos resultan relativos, con un número tan alto de sicarios. Insistimos: no es una muestra de fortaleza sino de debilidad. Lo mismo que lo ocurrido con una treintena de sicarios que intentaron un movimiento similar en Aguililla, Michoacán, el viernes y que tuvieron que dejar carros y armas para huir a la sierra ante la presión del ejército.
¿Implica esto que disminuirá la violencia? En realidad no, sucederá probablemente lo contrario. Ante la debilidad y la desesperación, ante la presión, crecerá probablemente la violencia, incluso las más descarnada, para tratar de modificar la percepción de la ciudadanía. Y el Estado deberá redoblar sus esfuerzos porque está en un punto de inflexión en esta batalla: deberá redoblarlos en el propio ámbito de la seguridad, en el de la política-política y en la política social. En el primero, afinando la operación y coordinación, y en los otros dos, incorporándolos a una batalla que hasta ahora parece que les resulta ajena.