Nos tocó participar en el Informe Global sobre la Corrupción 2007, realizado por Transparencia Internacional y que se dio a conocer la semana pasada en Londres. Nuestro tema fue la corrupción que genera el narcotráfico y el crimen organizado en el sistema de justicia en México y qué tanto nuestros jueces y ministerios públicos han sido perneados por la corrupción.
Nos tocó participar en el Informe Global sobre la Corrupción 2007, realizado por Transparencia Internacional y que se dio a conocer la semana pasada en Londres. Nuestro tema fue la corrupción que genera el narcotráfico y el crimen organizado en el sistema de justicia en México y qué tanto nuestros jueces y ministerios públicos han sido perneados por la corrupción. “El sistema de justicia en México, dice desde el inicio el trabajo que realizamos para ese Informe Global, actúa de manera muy peculiar cuando se trata de procesar a delincuentes relacionados con el crimen organizado y, sobre todo, con el narcotráfico. Al ser considerado el narcotráfico un delito federal, debe ser atendido por los jueces de ese ámbito, con lo cual el sistema de justicia de los estados y municipios no se involucra en el proceso (tampoco los gobiernos y las policías locales). Ello deja el combate al narcotráfico en pocas manos que, por lo mismo se tornan más vulnerables tanto a la corrupción como a la presión, la amenaza o incluso las agresiones físicas de los delincuentes, pero también deja en manos de relativamente pocos jueces sus procesos: esos jueces no tienen protección especial alguna (desde principios de este año, agregamos ahora, algunos han comenzado a recibir esa protección) y son más susceptibles aún, tanto a la coerción como a la corrupción. “Plata o plomo” es el apotegma que se usa en el ámbito del narcotráfico para establecer las posibilidades que se abren ante un juez a la hora de encauzar a un narcotraficante. Por supuesto que el esquema se reproduce a lo largo y lo ancho de todo el sistema policial y de impartición de justicia. Ello no implica que no existan muchos agentes de seguridad, ministerios públicos y jueces honestos y que realizan eficientemente su labor. Pero en ese ambiente y con esas condiciones la corrupción puede penetrar en el sistema como la humedad”. Luego hacemos un largo relato de decisiones judiciales incomprensibles a favor de distintos delincuentes que, pese a su evidente relación o participación en el narcotráfico, donde si no ha intervenido la corrupción sólo pudieron haber sido explicadas por la coerción. De una u otra forma, la ausencia de ética y por lo tanto de seguridad jurídica, es la norma en este tipo de casos.
Pero se puede ir mucho más allá. La falta de seguridad jurídica no involucra sólo a los jueces o a los ministerios públicos, sino también a los abogados. En los últimos años hemos visto de todo: desde abogados defensores de narcotraficantes que se han convertido en los mensajeros y en ocasiones hasta en operadores de sus clientes, hasta la integración de grupos de esos abogados que se presentan como si se tratara de defensores de derechos humanos; estamos viendo como una de las federaciones de abogados autodenominada de izquierda se está haciendo cargo de la defensa de algunos narcotraficantes reconocidos y estamos viendo a abogados que utilizan la información que le arrebatan a sus clientes para montar negocios que les compitan ilegítimamente. Y es tan repudiable una cosa como la otra: en última instancia lo que no está regulada es la ética con la que se tiene que desempeñar esa responsabilidad.
Si no existe una seguridad jurídica plena porque las leyes tienen enormes huecos y permiten eludir su cumplimiento, también ello ocurre porque los jueces o los ministerios públicos pueden ser corrompidos. Pero también porque el resto del sistema no funciona y son demasiados los abogados que, sin un mandato ético estricto, traicionan a sus clientes o sus convicciones y responsabilidades.
Dicen los especialistas que la diferencia entre un sistema de justicia que realmente funciona de otro endeble y permeable, es que en los primeros las leyes son laxas pero se aplican de forma estricta. En los segundos, como el nuestro, las leyes son estrictas pero se aplican de forma laxa. Es la diferencia no sólo entre dos sistemas, sino también la que se establece entre la seguridad jurídica y su ausencia. Y en ese sentido nos hemos enfocado demasiado en el sistema de justicia en sí pero mucho menos en quienes trabajan en él.
No tenemos mecanismos para castigar a abogados irresponsables o cuando actúan con dolo para sus clientes, no hay un código ético que se deba respetar ni sanciones de la barra de abogados que castigue a quienes se apartan de la norma. En los últimos días, me ha tocado conocer desde casos escandalosos de participación de abogados en las estructuras operativas del crimen organizado, hasta casos mucho más terrenales pero no menos dramáticos: un empresario está preso porque contrató un abogado (y le pagó durante seis años) para que llevara un juicio mercantil que no debería tener ninguna complicación pero el abogado ni siquiera notificó a su cliente que debía comparecer ante el juez que llevaba el caso. El empresario prácticamente ha perdido su libertad y su patrimonio. El abogado simplemente dejó el caso, se quedó con el dinero y estará defraudando a otro cliente. No hay forma de encauzarlo. He conocido el caso de un abogado, de un prestigioso despacho, que utilizó la información que le proporcionó durante años su cliente, una poderosa empresa, para asociarse con sus competidores y ejercer una competencia a todas luces ilegal. Y presume de su impunidad.
La seguridad jurídica se ganará haciendo muchas de las reformas que están pendientes en el congreso. Pero al mismo tiempo quienes trabajan y viven dentro del sistema deben imponerse y exigirse un código ético estricto, que no admita desviaciones sin un castigo social y de sus propios pares. ¿Por qué podemos tener instituciones encargadas, por ejemplo, de arbitrajes médicos o de sanciones en ese ámbito a quienes no cumplen con su responsabilidad y en el mundo del derecho (o de la contabilidad, desde el ámbito micro al macro) sigue imperando la impunidad y discrecionalidad?