La justicia no puede ser aplicada a modo. Todas lo aceptan pero la mayoría de nuestros actores políticos prefieren que la ley se cumpla, sí, pero en los bueyes de su compadre. Los ejemplos son innumerables, pero esta semana han sido especialmente pródigos. Un caso paradigmático es el de Jorge Hank Rhon.
La justicia no puede ser aplicada a modo. Todos lo aceptan pero la mayoría nuestros actores políticos prefieren que la ley se cumpla, sí, pero en los bueyes de su compadre. Los ejemplos son innumerables, pero esta semana han sido especialmente pródigos. Un caso paradigmático es el de Jorge Hank Rhon.
El alcalde con licencia de Tijuana se registró como candidato del PRI, el PVEM y el partido Estatal de Baja California a gobernador del estado para los comicios de agosto próximo. Hank Rhon es un personaje controvertido y que en un sistema diferente al nuestro difícilmente se comprendería que pudiera llegar a esos niveles. Pero lo cierto es que su partido ahí lo puso y a fuerza de publicidad y recursos aspiraba a quitarle la gubernatura al PAN, que la detenta desde 1989.
El pequeño problema es que Hank Rhon no cumple las condiciones legales para ser candidato. La Constitución local establece en su artículo 42 que para ello se requiere no estar en ejercicio de algún cargo de elección popular y Hank, obviamente, no ha concluido aún su responsabilidad como alcalde de Tijuana, aunque haya pedido licencia. El PRI sabía perfectamente que el alcalde no estaba cumpliendo con la ley pero lo registró igual. Tan bien lo sabía que esa ley fue impulsada hace cinco años, cuando el factor Hank Rhon no aparecía siquiera en el panorama político, por Fernando Castro Trenti, para obstaculizar las designaciones panistas en el estado. La reforma se aprobó y ahora afecta a Hank Rhon, cuyo coordinador de campaña es nada menos que el propio Castro Trenti. El caso llegará hoy al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y si éste actúa con base en las leyes y no basado en las presiones políticas que está recibiendo, deberá confirmar la anulación de la candidatura que ya estableció su similar de Baja California.
Podrá gustar o no el ordenamiento legal bajacaliforniano (desde mi punto de vista es tan absurdo y anacrónico como la mayoría de las condiciones que se ponen para ejercer la mayoría de los cargos públicos), pero esa es la ley. Los priistas lo saben y resulta incomprensible que personajes de tanto peso como Beatriz Paredes o Manlio Fabio Beltrones estén hablando de “provocaciones”. Vaya, hasta en su libro La Traición, Roberto Madrazo (impulsor por cierto de Hank Rhon ¿o era al revés?) dedica largos párrafos, citando incluso a Octavio Paz, sobre el daño que causa desconocer la legalidad y arreglar las candidaturas ignorando las condiciones que impone la ley. Claro, se refería a otro candidato que en su momento tampoco cumplía con ellas pero al cual, por un acuerdo político coyuntural, se le permitió competir: fue el caso de López Obrador en el 2000 que no cumplía con el requisito de cinco años de residencia en el DF y, por lo tanto no debería haber sido candidato. En eso, Madrazo tiene toda la razón, pero entonces, ¿por qué tendría que ser distinto ahora el tratamiento para Hank Rhon?. Es evidente que no cumple con las condiciones que impone la ley. Si esas condiciones son injustas se hubieran podido modificar en su oportunidad. No fue así, las mismas están vigentes y se deben cumplir. Ojalá el caso sirva para evitar que continúen las mezquindades de los partidos políticos que suelen colocar restricciones a modo (externas o internas: ahí están los famosos candados priistas) que luego se vuelven en su contra. Se acepta el marco jurídico o no, se aceptan las reglas del juego comunes, establecidas por los propios partidos o no. Lo más increíble aún es que son varios los candidatos priistas para posiciones importantes en BC que están en la misma condición que Hank Rhon y nadie asumió la posibilidad de que los tribunales electorales echaran para atrás las mismas. Escribió Madrazo refiriéndose a López Obrador: “no cumplía con las obligaciones para ser candidato…lo que estaba en juego en ese momento era el respeto al estado de Derecho…nada le impedía ser candidato, pero lo que él quería era no cumplir con la ley…siempre quiere ganar a la mala, fuera de toda legalidad”. Es exactamente lo que está haciendo Hank Rhon y le consiente la dirigencia del PRI.
En el otro extremo del espectro político está la investigación de la Suprema Corte sobre el caso Puebla. Ayer, quienes impulsan la investigación contra el gobernador Mario Marín, vieron mano negra en la decisión de la Corte, con ocho votos contra tres, de diferir su decisión porque no se estaba cumpliendo con el derecho elemental de audiencia de uno de los inculpados, precisamente el gobernador cuestionado. Se podrá tener las más diversas opiniones sobre esta historia, incluyendo el manifiesto respeto por el trabajo de Lydia Cacho, pero lo que me asombra es que haya tres ministros de la Corte que consideren que se puede tomar una decisión de este tipo sin otorgarle el básico derecho de audiencia a los implicados: si eso lo debe hacer hasta el más bajo de los tribunales ¿cómo negarlo en la propia Corte?
Ello no nos aparta de un punto que en otras oportunidades hemos abordados: el peligro inherente de que la Corte termine asumiendo el papel más de actor que de árbitro de los procesos que llegan a sus manos, pero es un buen síntoma, incluso en este tema tan complejo y con tantas opiniones encontradas, que haga un esfuerzo por mantenerse, por encima de las presiones, en el papel de árbitro. Ni en el caso Hank Rhon que se resolverá en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ni en el de Mario Marín que está en la Suprema Corte, las decisiones deben ser políticas. Deben ceñirse, como en todos los otros casos, estrictamente a derecho. Si no utilizamos las leyes como norma básica para la convivencia política y los tribunales siguen, como lo hicieron una y otra vez en el pasado, decidiendo de acuerdo con la conveniencia política en curso o las encuestas de coyuntura, la sociedad seguirá descreyendo en la justicia.