El sábado se presentó el presupuesto de egresos, la iniciativa de ley de ingresos y el paquete fiscal para el año 2008. En la ceremonia en San Lázaro, el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, dijo que el crecimiento para el próximo año, con este presupuesto, será de 3.5 por ciento, dos décimas por encima de la inflación. Si hubiera reforma fiscal, después de todos los reacomodos que han realizado los legisladores, el crecimiento será, dijo Carstens, de 3.7 por ciento. Si nos vamos a los datos duros, resulta que toda la negociación de estos días, incluyendo la reforma fiscal y la filibustera reforma electoral que se han diseñado los partidos a su imagen y semejanza, todo eso, vale apenas dos décimas de punto de crecimiento. En términos relativos es muy poco, en términos absolutos no es casi nada para las necesidades del país.
El sábado se presentó el presupuesto de egresos, la iniciativa de ley de ingresos y el paquete fiscal para el año 2008. En la ceremonia en San Lázaro, el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, dijo que el crecimiento para el próximo año, con este presupuesto, será de 3.5 por ciento, dos décimas por encima de la inflación. Si hubiera reforma fiscal, después de todos los reacomodos que han realizado los legisladores, el crecimiento será, dijo Carstens, de 3.7 por ciento. Si nos vamos a los datos duros, resulta que toda la negociación de estos días, incluyendo la reforma fiscal y la filibustera reforma electoral que se han diseñado los partidos a su imagen y semejanza, todo eso, vale apenas dos décimas de punto de crecimiento. En términos relativos es muy poco, en términos absolutos no es casi nada para las necesidades del país.
Habrá que insistir en un tema ¿por dos décimas de crecimiento valdrá la pena doblar las manos hasta un punto en el cual se pondrá en debate la legitimidad de la elección del 2006?¿negociar la remoción de los consejeros del Instituto Federal Electoral a pesar de que tienen tres veces más aceptación que los legisladores o los partidos?¿establecer una reforma que nos dice que le quitará dinero a las campañas cuando en realidad incrementa los recursos para ella y no sólo no disminuye sino que aumenta las prerrogativas y atribuciones de todo tipo a los propios partidos? ¿Por dos décimas de crecimiento adicional valdrá la pena olvidarse de las candidaturas ciudadanas, restringir las opciones de crear nuevos partidos hasta hacerlo casi imposible; olvidarnos de la posibilidad de reelección de legisladores y presidentes municipales; otorgarle a los partidos no sólo la remoción sin causa justificada de los consejeros electorales sino, además, el control del propio IFE, vía la contraloría que elegirán los propios partidos para supervisar al consejo general del Instituto? En lo personal, ya lo hemos señalado en el pasado, no le veo sentido.
Comenzamos negociando una reforma fiscal que podría dar un agregado de 4 o 5 puntos del PIB. Hemos terminado con una que dará aproximadamente dos puntos del PIB, pero que obligará a aplicar impuestos quizás necesarios pero tan impopulares como el aumento a la gasolina y el diesel y que, después de todo el manoseo al que ha sido sometida, garantizará, apenas, nos dice Cartens, dos décimas de crecimiento adicional el año próximo. Peor aún: esa reforma fiscal raquítica está condicionada a una reforma electoral que jamás, desde 1994, los partidos se habían siquiera planteado proponer: desde las reformas de 89-90 y con los antecedentes del 94 y sobre todo del 96, todo el proceso de reformas electorales se ha enfocado a tratar de fortalecer a la ciudadanía, a los órganos autónomas en detrimento del voraz crecimiento de las élites partidarias. Cuanto mayor era la ciudadanización más se garantizaba que hubiera un árbitro que evitara la desconfianza ciudadana en los comicios generada por el juego sucio de los partidos en las campañas. Y resulta que ahora, después de la primera ocasión real en la cual los organismos autónomos tuvieron que estar a prueba, uno de los partidos grandes, el PRD, nos dice que no acepta el resultado porque no quiere, porque no ganó; el otro, el PRI, porque alguna razón freudiana lo obliga, una y otra vez, cada periodo de tiempo a tratar de deshacerse de su pasado e ignorarlo, porque esa es una forma de ignorar sus propias responsabilidades; el PAN lo acepta para que se vea que tiene “ánimo concertador” y, también, porque, como partido, independientemente de los intereses del gobierno federal, tiene intereses que defender. Si los otros entran en el juego, deben preguntarse los panistas, ¿porqué nosotros no?: pues porque están hipotecando su futuro, porque están llevando al gobierno federal a una trampa, porque en esta lógica ni siquiera vamos a reemplazar, en la cacareada reforma del Estado, al presidencialismo (que sigue siendo un sistema mucho más eficiente para países como el nuestro, cuando no va acompañado de atribuciones metaconstitucionales) por un parlamentarismo, porque los partidos acotan, también, los mecanismos para un verdadero sistema parlamentario (si fuera así promoverían las candidaturas independientes o la existencia de expresiones minoritarias o la reelección de legisladores). Vamos a lo que algunos han llamado un suerte de partidocracia: de gobierno de los partidos. Y más grave aún: nada de esto tiene como telón de fondo una verdadera reforma del Estado. Son, simplemente, los prolegómenos del 2012, de la ambición de posicionarse de cara a unas elecciones que se darán dentro de cinco años.
Es verdad que dentro del paquete fiscal o del electoral hay puntos positivos. También los hay en la reforma al régimen fiscal de PEMEX o, si los partidos se dignan comenzar a analizarlo, en las reformas al sistema de impartición de justicia o de seguridad (aunque las primeras declaraciones al respecto, permiten comprobar, una vez más, que podemos ir con mucha probabilidad hacia un nuevo frankenstein legal en ese ámbito), pero las reformas, todas ellas, deben valorarse en su integridad, por el sentido profundo que las marca: una reforma fiscal que afectará muchos intereses y que le dará a las oposiciones al gobierno una instrumento de campaña formidable (el alza de las gasolinas) a cambio de dos décimas de crecimiento del PIB, no vale la pena. Una reforma electoral que acorta los tiempos de campaña (quizás su mayor contribución) pero que en realidad aumenta el financiamiento a los partidos de 29.66 millones por día de campaña a casi 41 millones diarios, del cual, además se ahorrarán los partidos los gastos en radio y televisión porque los quieren gratis, no tiene sentido. Hay que negociar, hay que llegar a acuerdos, es verdad. Pero, ¿todo por dos décimas de crecimiento adicionales?