La mejor demostración del interés de los legisladores sobre las posiciones de los comunicadores respecto a la reforma electoral la tuvimos el martes: luego de cuatro horas de un debate que terminó siendo muy ríspido, con un grupo de legisladores francamente alejados de la realidad, éstos se tomaron un respiro de una hora para comer y pasaron a votar, sin tocarle una coma, el predictamen que ya tenían preparado. El debate con comunicadores duró más de cuatro horas, la votación se realizó en tres minutos. No había posibilidad ni siquiera de tomarse unos días para analizar el dictamen con mayor detenimiento. Era el ejemplo de legislación al vapor.
La mejor demostración del interés de los legisladores sobre las posiciones de los comunicadores respecto a la reforma electoral la tuvimos el martes: luego de cuatro horas de un debate que terminó siendo muy ríspido, con un grupo de senadores francamente alejados de la realidad (¿cuánto hace que no están en la calle; que no hablan con la gente; que no entienden el grado de desprestigio que, por esa soberbia, tiene el poder legislativo; cuánto hace que la mayoría de ellos salta de curul en curul, siempre como plurinominales o sea puestos por sus partidos, no por el electorado?), éstos se tomaron un respiro de una hora para comer un poco de sushi en sus oficinas y pasaron a votar, sin tocarle una coma, el predictamen que ya tenían preparado. El debate con comunicadores duró más de cuatro horas, la votación se realizó en tres minutos, y al momento de escribir estas líneas se llevaba al pleno del senado para sacarla lo más rápido posible: no había posibilidad ni siquiera de tomarse unos días para analizar el dictamen con mayor detenimiento como incluso algunos de los senadores lo propusieron. Era el mejor ejemplo de legislación al vapor.
No fue una estrategia torpe. Al contrario, mientras todos los comunicadores estábamos, estamos, ocupados en las posibles restricciones a la libertad de expresión (y también a los serios daños que la iniciativa ocasionará a la mayoría de las empresas de comunicaciones en el país), los legisladores aprobaron el derrocamiento del IFE, la destitución de sus consejeros, el establecimiento de un contralor que atará aún más a los consejeros a los caprichos partidarios, se distribuyeron entre los tres grandes partidos los tiempos de radio y televisión y el dinero para las campañas. Eso en el senado, porque al mismo tiempo en la cámara de diputados, sin que nadie se enterara, se aprobaba prácticamente toda la reforma fiscal, desde el nuevo impuesto empresarial a tasa única, que quedó en 16.5 por ciento en el primer año hasta el nuevo régimen fiscal de PEMEX; desde el impuesto a las gasolinas que aparentemente quedará en 4.5 por ciento hasta el impuesto de dos por ciento a depósitos en efectivo, llamado en contra de la informalidad, cuyo límite subiría a 25 mil pesos mensuales. Todo rápido, sin debates mayores, mientras se trasmitía en cadena nacional una suerte de monólogo compartido, de diálogo de sordos, de cuatro horas, en cadena nacional.
Una de las preguntas que debemos hacernos es el porqué de tanta prisa. Algunos de los que han participado en estas negociaciones nos dicen que la misma es necesaria porque sino, se revientan, desde fuera, los acuerdos, como ha pasado en otras oportunidades. Puede ser, pero lo que no parece ser coherente es el engaño. Por ejemplo, respecto a la reforma electoral, apenas el viernes 31 de agosto, platiqué en México Confidencial, por Cadena Tres, con los senadores Jesús Murillo Karam y Arturo Núñez, del PRI y el PRD, respectivamente y al martes siguiente con el diputado Diódoro Carrasco, del PAN. Todos ellos participaron en la negociación de la reforma electoral. En ninguna de esas entrevistas, cuando se les preguntó cómo iban a manejar el tema de los medios en las campañas dijeron lo que apenas unos días después terminó plasmado en el predictamen. Tampoco lo incluyó el documento que distribuyó Manlio Fabio Beltrones el mismo viernes 31 con los acuerdos de la reforma electoral que esa misma tarde había presentado. El predictamen que a estas horas está a punto de ser aprobado en el senado se dio a conocer con apenas unas horas de antelación a los grupos parlamentarios que tenían orden de votarlo sin discutirlo. Y así lo hicieron, por lo menos en primera instancia.
Insistimos ¿cuál es la prisa?. Quizás, como era el compromiso desde el martes de la semana pasada, cuando el tema se atoró con el debate sobre la destitución de los consejeros, sacar todas las reformas de una vez, en una sola jornada. Y, sólo como especulación, quizás hacerlo antes de que regresara el presidente Calderón de su gira. Y éste les dio todo el tiempo del mundo para hacerlo, porque tomó la ruta larga para regresar de la India, un viaje de 25 horas, con varias escalas, para arribar en la tarde de ayer a México, cuando todo, por lo menos en sus cámaras de origen, estuviera aprobado.
La duda es qué gana el presidente Calderón con todo esto. Sí, es verdad, se rompió una parálisis legislativa de una década, pero por lo que se ve los costos los pagará la sociedad y el propio presidente, en ese orden, sin que se perciban los beneficios: la reforma electoral violenta la autonomía de los órganos electorales, un gran triunfo del PRD, y genera un abierto enfrentamiento con la mayoría de los medios, que generará, si nadie detiene esa suma de abusos, un distanciamiento de los propios medios con el ejecutivo, al mismo tiempo que la legitimidad de la elección del 2006, por el espíritu de la reforma, queda cuestionada; la reforma fiscal sin duda tiene elementos útiles, pero ya López Obrador se encargó de señalar que el costo del aumento a las gasolinas lo pagará el presidente, aunque los mayores beneficiarios sean los gobiernos del DF y de los estados que se quedarán con esos recursos; la reforma al régimen fiscal de PEMEX es una reivindicación priista que está atada a la reforma fiscal, pero que no resuelve los problemas de la paraestatal. Cuando terminen de sacar el balance, después de todo este proceso, se comprobará que quien pagará los costos será el presidente Calderón, que no recibe, en contrapartida ni un gesto de generosidad política de parte de sus adversarios. Vamos, ni siquiera una condena formal, no tuvieron tiempo con tantas prisas, de los legisladores, a los ataques terroristas de este lunes cuyos costos económicos mínimos han sido estimados en 2 mil 500 millones de pesos sin que nadie, desde el Congreso. ¿Hasta dónde querrá seguir pagando los costos de la fiesta legislativa el presidente Calderón?