La declaración del procurador general de la república, Eduardo Medina Mora, respecto a que el EPR es una organización terrorista, tiene indudables repercusiones en términos políticos y de seguridad y debería representar, también, una nueva óptica en el tratamiento de esa organización. Recordemos que después de los primeros atentados, incluso se negó la existencia de éstos y se dijo que habían sido accidentes. Cuando se produjo la segunda tanda de acciones, se reconoció la autoría del EPR pero incluso una funcionaria de Gobernación terminó calificando a esa organización como de ?luchadores sociales que no tenían intención de dañar gente?. Tuvo que darse esta tercera serie de explosiones para que, desde la PGR, se le diera a los atentados esa denominación y se reconociera que estaban dañando no sólo la infraestructura sino la economía del país y que ponían en peligro a la población.
La declaración del procurador general de la república, Eduardo Medina Mora, respecto a que el EPR es una organización terrorista, tiene indudables repercusiones en términos políticos y de seguridad y debería representar, también, una nueva óptica en el tratamiento de esa organización. Recordemos que después de los primeros atentados, incluso se negó la existencia de éstos y se dijo que habían sido accidentes. Cuando se produjo la segunda tanda de acciones, se reconoció la autoría del EPR pero incluso una funcionaria de Gobernación terminó calificando a esa organización como de “luchadores sociales que no tenían intención de dañar gente”. Tuvo que darse esta tercera serie de explosiones para que, desde la PGR, se le diera a los atentados esa denominación y se reconociera que estaban dañando no sólo la infraestructura sino la economía del país y que ponían en peligro a la población.
Los datos, como decíamos la semana pasada, son contundentes: estamos hablando de afectaciones serias a todo el sistema nacional de distribución de gas natural; estamos hablando de 12 mil desplazados y de afectaciones por unos dos mil 500 millones de pesos a innumerables empresas, cuyos trabajadores no cobraron su salario por lo menos durante una semana. Eso, decíamos y lo reiteramos, se llama terrorismo. Y no es parte de la estrategia de un grupo que se denomina a sí mismo “progresista” y mucho menos se trata de “acciones de autodefensa”. No hay progresismo cuando se atenta contra la población y sus bienes y no se trata de autodefensa cuando se realizan ataques de alto riesgo con explosivos.
Según las leyes federales que se publicaron apenas el 28 de junio pasado, las penas por actos de terrorismo podrían alcanzar los 40 años de prisión y los de sabotaje hasta 20 años. El código penal federal describe los delitos de terrorismo como los que “utilizando sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares, material radioactivo o instrumentos que emitan radiaciones, explosivos o armas de fuego, o por incendio, inundación o por cualquier otro medio violento, realice actos en contra de las personas, las cosas o servicios públicos, que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad para que tome una determinación”. El de sabotaje, se inscribe también en la misma lógica: se lo considera responsable del mismo “al que dañe, destruya o ilícitamente entorpezca vías de comunicación, servicios públicos, funciones de las dependencias del Estado, organismos públicos descentralizados, empresas de participación estatal o sus instalaciones; plantas siderúrgicas, eléctricas o de las industrias básicas; centros de producción o distribución de artículos de consumo necesarios de armas, municiones o implementos bélicos, con el fin de trastornar la vida económica del país o afectar su capacidad de defensa”. Ambos delitos son considerados diferentes del terrorismo internacional y, evidentemente, las acciones cometidas por el EPR en Guanajuato, Querétaro y Veracruz, se inscriben en este tipo de delitos.
Con un agravante: si al ser considerados terroristas estos grupos quedan inscriptos en esa categoría en el ámbito internacional (como lo están las FARC y el ELN colombianos, al igual que los paramilitares de la UAC), entonces serían punibles también desde esa perspectiva y en este caso particular Estados Unidos los enmarcaría, como ha hecho con las organizaciones colombianas, en el contexto de la guerra antiterrorista internacional. Recordemos que, nos guste o no, para Estados Unidos, nuestro país (como Canadá) es parte de su seguridad interior. Por eso, México, en términos militares, está considerado dentro del llamado comando norte del departamento de Defensa, encargado desde el 11-S de la seguridad interior de la Unión Americana. Recordemos también, una vez más guste o no, que nuestras reservas petroleras y todo lo que tenga que ver con energía, son consideras estratégicas para Washington. Y el temor de un atentado en la frontera es una de sus mayores preocupaciones.
El EPR, o quien lo esté manejando en estos momentos, se ha equivocado con estas acciones terroristas, y se ha colocado en un espacio muy vulnerable. Esta organización con el paso de los años ha ido deteriorándose, ha sido infiltrada y ahora parece estar flotando en medio de fuertes contradicciones respecto a su propio pasado. Sus nuevos comunicados coinciden, casi en forma literal, con el discurso de López Obrador, sobre el “gobierno ilegítimo” y con términos que se escapan de su formación ideológica de un marxismo ortodoxo. Sea que hayan adoptado ese discurso por voluntad propia, sin establecer relación con otras fuerzas políticas, sea que éstas los están utilizando para exacerbar las confrontaciones o la desestabilización (recordemos los lazos que creó el lopezobradorismo con los sectores más duros, ligados a su vez con el EPR, de la APPO), lo cierto es que ese involucramiento de política partidaria con acciones armadas y, por otra parte con actos terroristas terminará siendo, tanto para quienes realizan las mismas como para quienes las patrocinan, un callejón sin salida.
El Estado mexicano puede mirar para otro lado o minimizar, una acción de propaganda armada, un petardo con panfletos en un banco, por ejemplo, o el robo de algún arma a un policía distraído. Pero no puede ignorar, incluso por sus compromisos internacionales, un acto terrorista. Tendrá que investigarlos a fondo y tendrá que tener resultados. Y en estos será tan importante saber quién colocó el explosivo en sí, como saber quien lo organizó y financió. El EPR ha perdido con estas acciones buena parte de la coraza que de alguna manera lo protegía y ahora, tarde o temprano tendrá que quedar al descubierto. Y el EPR tiene muchos socios, voluntarios o no, que deberían quedar, también, exhibidos.