Los escándalos derivados de la toma de la Catedral, entre otros, han ocultado uno de los procesos políticos más importantes de los últimos tiempos: la reforma al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, derivado de la reforma electoral aprobada en meses pasados. Y todo indica que los legisladores han aprovechado esta oportunidad para, literalmente, despacharse con la cuchara grande, para aprobar en la ley secundaria todo lo que no pudieron sacar en la reforma constitucional, incluyendo el control del IFE y de los medios de comunicación y las encuestas. Y el resultado final es mucho más preocupante de lo que fue la propia reforma constitucional.
Los escándalos derivados de la toma de la Catedral, entre otros, han ocultado uno de los procesos políticos más importantes de los últimos tiempos: la reforma al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, derivado de la reforma electoral aprobada en meses pasados. Y todo indica que los legisladores han aprovechado esta oportunidad para, literalmente, despacharse con la cuchara grande, para aprobar en la ley secundaria todo lo que no pudieron sacar en la reforma constitucional, incluyendo el control del IFE y de los medios de comunicación y las encuestas. Y el resultado final es mucho más preocupante de lo que fue la propia reforma constitucional.
Dice con toda razón Leo Zuckerman que lo que se busca es una reforma que otorgue el “control extremo” de los procesos. Hay que agregar que ese control extremo, como lo llama Leo, no queda en manos de las autoridades electorales sino, en última instancia de los propios partidos, que se convierten así en actores y árbitros, estableciendo un control que, fuera de ellos, impide a cualquier otro poder ya sea institucional o fáctico, tener presencia en el proceso político y electoral. Lamentablemente en ello se deja fuera, por completo, a la ciudadanía.
Pareciera que, salvo las formas, a lo que se está regresando es a la vieja época anterior a la creación del IFE, cuando las elecciones la controlaba un consejo en el que estaban representados directamente los partidos y lo presidía el ejecutivo federal a través de la secretaría de Gobernación. Ahora los consejeros no son representantes de los partidos pero con la reforma están concebidos como posiciones de los partidos y quien sea el consejero presidente fungirá como una suerte de representante de éstos, en lugar de del ejecutivo. Como si eso fuera poco, por encima del consejero presidente, los propios partidos designarán un contralor que tendrá autoridad sobre el consejo y, arriba de éste se ubicará la cámara de diputados con atribuciones como para destituir al consejero que considere “notoriamente inepto”. El IFE controlará, además, la publicidad en medios electrónicos y ahora adicionará, también a través del Cofipe, a los medios escritos; se otorga la atribución, incomprensible desde el punto de vista jurídico, de castigar a los medios que no cumplan con los lineamientos del Cofipe (una atribución que, insistimos, sólo puede tener la fiscalía electoral); establece el modelo “científico” que deberán seguir las encuestas (o sea sólo se podrá encuestar siguiendo el modelo oficial) y frena cualquier posibilidad de que existan candidaturas impulsadas por la ciudadanía, fuera del régimen de partidos. Se trata, efectivamente, de una estrategia de control extremo, al servicio de los partidos políticos hegemónicos.
Todos estos son puntos delicados, pero pocos como la atribución de destituir a los consejeros que se considere “notoriamente ineptos” vía la cámara de diputados. Entre lunes y martes, dos de los principales protagonistas de la reforma, Maria Amparo Casar y Jorge Alcocer, debatieron en sus columnas periodísticas sobre el tema. María Amparo llamó poderosamente la atención sobre esa reforma al Cofipe que acabaría de terminar con la autonomía del IFE, señalando, como han hecho ya otros analistas, que resulta inadmisible que los partidos sean, en otras palabras, jueces y parte del proceso. Alcocer defendió ayer la reforma y la equiparó con la situación que se establece con los jueces y el Consejo de la Judicatura, que es la que regula y puede sancionar, incluso por “notoria ineptitud” a los miembros del poder judicial. Pero se equivoca Alcocer con ese paralelismo, porque no hay tal: la Judicatura es un organismo separado de la Suprema Corte y es un ente regulador, en cuya integración participa activamente otro poder: el legislativo. Eso es lo que le da a la Judicatura ese margen de autonomía para poder intervenir en el poder judicial. Es verdad que la misma persona preside la Corte y el Consejo, pero el resto de sus integrantes son seleccionados por mecanismos y actores diferentes. En el caso electoral estaremos hablando de consejeros que serán elegidos por la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, o sea por los tres partidos mayoritarios, que estarán bajo el control de una Contraloría elegida por los propios partidos, que en caso de que esa contraloría así lo considere podrán ser apercibidos, sancionados y hasta destituidos por el liderazgo de la cámara de diputados, o sea por los propios partidos. No hay símil posible con el Consejo de la Judicatura. Como hemos dicho aquí y como dice Casar, hay un mecanismo establecido para destituir un consejero por “notoria ineptitud” y es el juicio político, que se norma por procedimientos rigurosos y establecidos. ¿Cuál es la necesidad de establecer otra vía que resulta, además, normada por consideraciones subjetivas y que depende de los mismos partidos que se supone que deberían ser objeto de control del IFE y no al revés?
Los mecanismos de control extremo, como diría Zuckerman, están condenados siempre al fracaso: por eso se creó el IFE y se abrió, aunque fuera parcialmente, a la ciudadanía el proceso. La reforma está volviendo a cerrar esos espacios para encontrarnos con un sistema electoral con diferente dueño pero tan cerrado, o más, que el anterior a 1994.
Ahí están los nombres
Ya se conocen los nombres de algunos de los agresores de la catedral y resultaron ser miembros destacados del PRD y uno de ellos, es uno de los principales y más cercanos operadores de Gerardo Fernández Noroña. La tesis de la provocación de derecha se ha caído y si el PRD no limpia sus aguas todo el partido terminará contaminado.