Muy pocos debates han sido tan mal enfocados por los más diversos actores que el que se deriva de las reformas al Código federal de instituciones y procedimientos electorales. El propio presidente Calderón ha intervenido con dos discursos que no han contribuido a esclarecer la situación y sí a establecer mayor confusión. Se trató de discursos incluso contradictorios entre sí y, además, que desmentían con sus actos lo que se estaba diciendo en el papel.
Muy pocos debates han sido tan mal enfocados por los más diversos actores que el que se deriva de las reformas al Código federal de instituciones y procedimientos electorales. El propio presidente Calderón ha intervenido con dos discursos que no han contribuido a esclarecer la situación y sí a establecer mayor confusión. Se trató de discursos incluso contradictorios entre sí y, además, que desmentían con sus actos lo que se estaba diciendo en el papel. No se puede avalar la autorregulación y al mismo tiempo reclamar regulación. ¿Cuál es el concepto de responsabilidad, hasta dónde llega el de libertad para el Ejecutivo?
Si el presidente se equivoca, mucho más errados están los legisladores con una reforma que constituye un evidente retroceso en casi todos los sentidos, anulando en el Cofipe incluso muchos de los aspectos positivos de la reforma constitucional, como la reducción del costo de las elecciones: como están planteando las cosas habrá más spots que antes y el costo será superior: sólo la central de medios que tendrá que crear el IFE para ocuparse plenamente de sus nuevas responsabilidades, tal y como están planteadas, superará los mil millones de pesos anuales, una cifra mayor a la que dicen los legisladores que ahorraron. Pero eso no es lo más grave: las nuevas reformas son inconstitucionales en muchos ámbitos, generarán una multitud de amparos y violentan las relación con los otros poderes de la Unión y la autonomía de los tres niveles de gobierno.
Argumentan los legisladores que se trata de documentos preliminares: puede ser, pero nada indica que hayan hecho cambios sustanciales a los mismos e incluso el sólo hecho de que se estén planteando seriamente la discusión de esos capítulos nos debe dejar con la duda sobre la calidad legislativa y espíritu democrático de nuestros diputados y senadores.
Algunos analistas e incluso algunos medios escritos no lo ven así: se alegran de que hayan sido afectadas con la publicidad electoral los intereses de las dos grandes televisoras y en menor medida de otros medios electrónicos, incluso que les coloquen limitantes serios y eso, para ellos, hace buena la reforma. Deben haberse sorprendido cuando resultó que las limitantes se establecerán también para la prensa escrita, según los documentos preliminares. Otros, por el contrario, exigen absoluta libertad y que nadie se involucre en ningún tipo de contenidos.
La verdad está en otra parte. Aunque algunos capítulos de la reforma constitucional en materia electoral son errados y abusivos establecen una norma, una ley que debe ser respetada. Pero lo que resulta inaceptable es que se imponga (y en eso se equivocan tanto el presidente Calderón como los legisladores) vía instituciones que no tienen atribuciones para ello. El inadmisible que se plantee que un consejero del IFE puede ser removido, acusándolo de ineptitud o negligencia, por la decisión de un controlador designado por el congreso, o sea por los partidos que deben ser juzgados y arbitrados por el propio IFE (sobre todo cuando en la reforma constitucional se establecía que ese contralor sólo tendría atribuciones en torno el manejo presupuestal del Instituto); que desde esa instancia se decida cuáles deben ser los lineamientos para los noticieros de radio y televisión, o que desde allí se decida que si se cometieron o no violaciones a la ley electoral.
En el primer caso, es evidente que esa figura del contralor sometido a su vez a la cámara de diputados, acaba con cualquier asomo de real autonomía del IFE. Imaginemos, por ejemplo, que en la UNAM, la secretaría de educación pública designara un contralor con atribuciones para destituir al rector, a los miembros de la Junta de Gobierno o a los directores de facultades: sería inadmisible. Imaginemos algo similar en el Banco de México, con el congreso o el ejecutivo designando un contralor que pueda apercibir o destituir al gobernador o vicegobernadores. Y que además se le otorga a los miembros del Banco de México la atribución de poder decidir, si no cumplieron con la política monetaria que ellos decidieron, clausurar una institución financiera, sin pasar por ningún otro canal legal. Eso es lo que están haciendo con el IFE: quitándole la autonomía y permitiéndole establecer sanciones internas y externas que no entran ni deben entrar dentro de sus atribuciones.
Es lógico que si se cometen violaciones a la ley, aunque esa ley sea imperfecta o retrógrada, el caso sea juzgado. Pero no pueden ser juicios sumarios como se plantea ni el lugar para realizarlos es el IFE, la nueva contraloría del Instituto ni la cámara de diputados: porque ninguna de las tres tienen atribuciones para ser ministerio público. Si un ciudadano comete un delito electoral es juzgado por la fiscalía especial para delitos electorales. Los medios, por ejemplo, no tendrían porqué tener otro tratamiento: si alguien comete un delito electoral o si la autoridad electoral presume que así fue, que sea juzgado por la instancia pertinentes y que tenga derecho de audiencia y de defensa con base en las leyes y las instituciones judiciales. Si no se quiere recurrir a la fiscalía especial ahí está la Cofetel que es otro órgano que podría establecer sanciones si es que se violaron las normas de concesión de los medios. Pero eso no lo pueden decidir los partidos o un IFE controlado por ellos.
Soy de los que cree que la autorregulación es más útil que las regulaciones excesivas que siempre se convierten en armas de censura. Pero creo que se pueden y deben establecer ciertos márgenes de regulación. Lo que no se puede hacer es convertir a los jugadores en árbitros y, además impedirles a los aficionados y especialistas siquiera discutir sus actuaciones. Si el presidente Calderón y el Congreso se ufanan de respetar las instituciones no tendrían porqué enviarlas al diablo.