El estancamiento que sufre en estas horas la reforma al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales responde a varias contradicciones que se derivan de las propias insuficiencias que mostraba la misma desde sus orígenes. Era evidente que la misma estaba planteada y concebida en torno a los tres principales partidos, PRI, PAN y PRD y que el objetivo central pasaba por la recuperación del control sobre el proceso electoral.
El estancamiento que sufre en estas horas la reforma al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales responde a varias contradicciones que se derivan de las propias insuficiencias que mostraba la misma desde sus orígenes. Era evidente que la misma estaba planteada y concebida en torno a los tres principales partidos, PRI, PAN y PRD y que el objetivo central pasaba por la recuperación del control sobre el proceso electoral. Si eso en sí mismo era problemático, algunas de las decisiones adoptadas, en particular lo relacionado con los mecanismos de operación, los cambios en los integrantes del IFE y el tema de la relación con los medios de comunicación, sin duda hizo más difícil el proceso.
Oculto, además, por la discusión en torno a la publicidad en los medios estaba otro debate: el limitado acceso que tendrían a los mismos los partidos minoritarios y los obstáculos que se les colocaban para mantener su registro, sobre todo de parte del PRI y el PRD, que habían conformado alianzas muy costosas con partidos pequeños que terminaron recibiendo mucho más de lo que podían ofrecer. Paradójicamente fue el PAN el que resultó con mayores beneficios de ese proceso al ir solo a la contienda y no aceptar una alianza con el partido Verde, o por lo menos con la corriente de Bernardo de la Garza, demasiado onerosa en posiciones y recursos. El PRI y el PRD, por el contrario, para lograr presentarse como coaliciones, invirtieron demasiado en esos aliados, con un costo alto en recursos pero también en las posiciones legislativas que finalmente entregaron.
Entonces la reforma tenía una cara pública muy evidente que era ajustar cuentas con los medios, pero también estaba la intención de ajustar cuentas con los partidos pequeños: quitándolos de los medios, colocando exigencias mucho más altas para mantener u obtener el registro y para obstaculizar las coaliciones y reemplazarlas por candidatura comunes. La promesa de los tres grandes partidos a la chiquillada, como la llamó en su momento Diego Fernández de Cevallos, era que algunos de esos puntos se podrían solucionar en la ley secundaria. No ha sido así, al contrario, las exigencias y limitaciones se acentuaron.
Es verdad que sin el actual sistema de coaliciones buena parte de esos partidos no hubieran podido mantener el registro, pero nadie obligó al PRI y al PRD a aliarse con ellos y a un costo tan alto. Sucedió lo mismo que con los medios o la publicidad: nadie obligó a los partidos a establecer un tono determinado de campaña: eso lo definieron y siguieron ellos mismos, es falso que lo hayan marcado los medios de comunicación.
Pues bien, el martes no se pudo presentar la iniciativa de reforma del Cofipe porque los partidos pequeños se oponen a ella y se ve difícil alcanzar los consensos para sacar la reforma por unanimidad. Los partidos mayores no lo necesitan y eso coloca a los pequeños contra la pared. El punto es que desde la oposición, en términos de opinión pública, podrían torpedear la reforma y algunas alianzas como la del llamado Frente Amplio correrían el serio riesgo de desintegrarse. Pero en los tres grandes partidos existe la convicción de que si hoy no se llega a un acuerdo seguirán solos. Habrá que ver entonces hasta dónde llega la rebeldía de los partidos pequeños.
Otro punto de debate es el de los medios. Debe insistirse en que el sistema planteado es muy desafortunado desde la propia reforma constitucional, que no ha dejado espacios para la contratación de publicidad a través de los partidos y ahora se ha reforzado también algo que es difícil de explicar: la prohibición de contratar publicidad por parte de personas o instituciones del sector privado, tanto en medios electrónicos como en prensa escrita. El tema es controvertido pero resulta lesivo de los derechos individuales. Jorge Alcocer, uno de los ideólogos de la reforma, explicó ayer en su artículo en reforma, que lo único que se busca es alejar a los ricos de la posibilidad de pagar por sus opiniones y pone un ejemplo contundente, que le preguntó a su sirvienta si ella pagaría por publicidad para criticar o apoyar un candidato y ésta se limitó a pedirle un aumento de sueldo. Y establece, en un súbito regreso a la lucha de clases, que la reforma trata de equilibrar en las elecciones a los pobres con los ricos. Un argumento que, definitivamente, no está a la altura de un hombre con Alcocer, por superficial y falso: porque no se trata de ricos y pobres y en todo caso, buena parte de los sindicatos están en mejores condiciones de pagar este tipo de anuncios que muchas empresas que lo tienen prohibido por ley y por su código interno. El tema puede analizarse de distintas maneras pero definitivamente no se esclarecerá preguntándole a la sirvienta de Alcocer, quien por cierto presentará (Alcocer, no la sirvienta) el próximo viernes su propuesta para integrarse al futuro IFE.
Pero también está el tema de la libertad de expresión por las restricciones que se impondrían con base en los documentos originales conocidos de la reforma. En ese sentido existiría una propuesta de integrar un artículo que explicitara que no habrá límite para la libertad de expresión en los medios y que el tema de sanciones y lineamientos se referirá sólo a los spots publicitarios. Hasta el momento de escribir estas líneas la mayor oposición a ello estaba en los perredistas. Y quedaba un tercer tema: la llamada publicidad negativa: ¿cómo prohibir en una contienda electoral que un partido o candidato critique a otro o muestre sus insuficiencias o supuestos desaciertos anteriores?¿de qué se trataría entonces?. Criticar, obviamente no es lo mismo que difamar, y el delito de difamación ya están establecido en las normas y criterios. En este caso, sin embargo, tanto el PRI como el PRD estarían de acuerdo no modificar ese capítulo, de los más controvertidos y menos viables de la nueva ley.