No hay zona más caliente en la lucha contra el narcotráfico que la frontera de Tamaulipas con Texas: las ciudades de Reynosa, Nuevo Laredo y Matamoros, es donde se han concentrado los remanentes de los Zetas y están defendiendo esas plazas con todo lo que pueden.
No hay zona más caliente en la lucha contra el narcotráfico que la frontera de Tamaulipas con Texas: las ciudades de Reynosa, Nuevo Laredo y Matamoros, es donde se han concentrado los remanentes de los Zetas y están defendiendo esas plazas con todo lo que pueden. Participaron en los recientes procesos electorales de la entidad para tratar de mantener las relaciones y el poderío, el control que exhiben sobre esas y otras zonas del estado. En algunos casos lograron triunfos políticos, en otros no, pero a pesar de las opiniones de algunos expertos repentinos, el hecho es que los Zetas se han debilitado en el último año: han perdido buena parte de su influencia en distintas zonas del país, han sufrido detenciones de operadores importantes, su red de aprovisionamiento de Colombia y Centroamérica también ha sufrido afectaciones serias y la deportación de Osiel Cárdenas los ha obligado a acelerar una sucesión que no han resuelto satisfactoriamente, aunque todo indica que Heriberto Lazcano sigue siendo su hombre más fuerte (y la versión que los propios Zetas han impulsado respecto a su hipotética muerte parece ser, sobre todo, una cortina de humo que permita reorganizar sus fuerzas).
Lo cierto es que nadie duda del enorme espacio de control de estas organizaciones en buena parte de Tamaulipas y sobre todo en los municipios fronterizos. Lo que sucede es que han tenido que reforzar su presencia y concentrarse mucho más allí, porque se han visto afectados en otras zonas del país, ya sea por las autoridades o por sus adversarios en el negocio del narcotráfico. Si a eso sumamos, la relativa desarticulación que han sufrido sus aliados del cártel de Baja California, también en proceso de tratar de reorganizarse y buscar nuevos liderazgos, su situación se torna muy compleja. Por supuesto que no son grupos que se puedan dar por derrotados o subestimar su capacidad de operación y sobre todo de violencia. Pero la situación que viven hoy dista mucho de la que gozaban hace un par de años.
En esa zona de Tamaulipas, ya lo hemos dicho, la dinámica del enfrentamiento del Estado mexicano con los narcotraficantes indica que las cosas tendrán que empeorar antes de mejorar. Desde el gobierno de Vicente Fox existe un programa estratégico para la intervención pública en esa zona del país. Un programa que exige un muy amplio despliegue y que determina, además, la participación de fuerzas militares y policiales. Ello demanda, obviamente, la participación de las autoridades estatales y municipales y su colaboración. En buena medida el discurso del presidente Calderón el miércoles en la reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública demandando esa participación de los tres niveles de gobierno, tiene relación con estos hechos, mismos que se agudizan por la penetración que ha logrado el narcotráfico en el poder político (y en todos los partidos) en la entidad.
Por eso llaman profundamente la atención las declaraciones del gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández, en la propia reunión del Consejo, cuando, se deslindó de los problemas del crimen organizado en su entidad, dijo que lo suyo son los delitos del fuero común, que aseguró incluso han disminuido y dejó todo lo demás en manos del gobierno federal. Llama la atención porque por lo menos en las palabras, el gobernador estaba interesado en colaborar con el gobierno federal, y segundo porque lo que dice es sencillamente mentira.
Un gobernador no puede decir que sus números en el combate a la delincuencia y la inseguridad mejoraron en el terreno del fuero común cuando un día sí y el otro también hay asesinatos, secuestros, levantones, amenazas, cuando existe temor en la población y en los medios, cuando funcionan redes de cooperación con el crimen organizado que abarcan desde los taxis hasta los comercios más humildes. Cuando esas mismas organizaciones se dedican a cometer una serie de delitos que, en apariencia, en nada se relacionan con el narcotráfico pero terminan siendo parte de su lógica y de esa cultura delictiva de la que se hablaba también el miércoles.
Para comprender lo dicho por Eugenio Hernández habría que partir de dos hipótesis: en primer lugar, se podría suponer que el gobernador no está dispuesto a apoyar las futuras intervenciones que se podrían dar en la zona, o por lo menos que quiere poner la suficiente distancia con las mismas, como para que el día de mañana no tenga que pagar costos. La otra posibilidad es que una intervención real de las autoridades pudiera romper, en todos los ámbitos de poder, en su partido y en otros, las redes que permiten que todo este proceso delincuencial sobreviva y ello le genere daños políticos o desestabilización en un estado en el que acaba de ganar con amplitud las elecciones. La tercera hipótesis, la de la complicidad, no la contemplo, porque no existen datos, a ese nivel, que la sustenten.
Pero en muchas ocasiones se puede terminar siendo culpable también por omisión. Y eso le sucede a muchos de nuestros gobernadores, que se escudan en la división de delitos federales y del fuero común, para deslindarse de problemas aunque, en realidad, al ignorarlos, van perdiendo cada día mayores espacios reales de poder y terminan administrando un estado, no gobernándolo: el poder comienza a estar en otras manos.
El hecho es que en el norte de Tamaulipas se impongan algunas de las estrategias de las que se habló el miércoles. En este caso con un agregado: para que la operación en Reynosa, Nuevo Laredo y Matamoros tenga éxito se requiere que sea respaldada del otro lado de la frontera, porque allí, en el Valle de Texas, es donde han encontrado refugio y operan con impunidad, los líderes y muchos de los sicarios de los Zetas. Para tener éxito, se requerirá de una operación de gran envergadura a ambos lados de la frontera. Puede ser la prueba de fuego de muchas promesas de colaboración bilateral.