¿Usted cree que la clausura de una pista de hielo amerita un programa especial en la principal cadena de televisión del país? Es obvio que no, pero Ebrard, como lo están haciendo otros gobernantes, utiliza los resquicios que dejó la reforma electoral, en la cual supuestamente se prohíbe la publicidad personal de los funcionarios, para mejorar su imagen.
Este fin de semana, con motivo de la clausura de la “pista de hielo” construida en el Zócalo de la ciudad por el gobierno del DF, se emitió un largo “programa especial” en uno de los canales de Televisa, donde lo más destacado fueron las intervenciones de Marcelo Ebrard y de su esposa, Mariagna Prats. Para cualquiera era evidente que se trataba de publicidad que de alguna manera debe ser pagada, pero el jefe de gobierno aseguró que no es así, que simplemente se trató de un evento social y que sólo un canal de televisión decidió trasmitirlo. ¿Usted cree que la clausura de una pista de hielo amerita un programa especial en la principal cadena de televisión del país?. Es obvio que no, pero Ebrard, como lo están haciendo otros gobernantes, utiliza los resquicios que dejó la reforma electoral, en la cual supuestamente se prohibe la publicidad personal de los funcionarios, para mejorar su imagen.
El mecanismo se ha repetido una y otra vez en los últimos días en todos los niveles de gobierno. Y no estamos en periodo electoral: ¿se imagina la cantidad de “programas especiales” que habrá entonces y que se sumarán a los tres minutos que cada hora tendrán los partidos en todas y cada una de las estaciones de radio y televisión?. Si supuestamente la reforma electoral en ese capítulo lo que buscaba era hacer más austeras las campañas y reducir los costos de la política, lo que provoca es exactamente lo contrario. Con una diferencia, esos minutos diarios que tendrán en todas las estaciones de radio y televisión los partidos y candidatos, serán para éstos gratis, pero como los recursos públicos que reciben se reducirán sólo en una mínima parte, tienen posibilidades, lo mismo que los gobiernos, de comprar todo tipo de espacios para “programas especiales” o lo que se les ocurra, para incrementar aún más esa presencia.
Cuando un grupo de comunicadores, analistas, artistas, intelectuales, presentamos a fines de diciembre una amparo contra la reforma electoral, haciendo hincapié en el artículo 41 que prohíbe la contratación de espacios en radio y televisión por cualquiera que no sea un partido político, para no “influir” en el electorado, no sólo estábamos denunciando una evidente violación al propio artículo sexto de la constitución que garantiza la libre expresión de las ideas, sino también, indirectamente, la profunda perversión e ineficacia de la reforma aprobada en estos capítulos, que termina siendo un mecanismo que sólo permite hacer y participar en la política a los partidos, y en realidad ni siquiera a éstos, como tales, sino a sus dirigencias, porque incluso si el día de mañana una corriente disidente de un partido no estuviera de acuerdo, por ejemplo, con una designación de un candidato o una postura de su propio partido en periodo electoral no tendría acceso a los medios electrónicos. Lo que vendrá será un enorme caudal de anuncios partidarios, con un volumen también muy importante de programas, espacios, que no diferenciarán si se trata de información o publicidad.
En general las prohibiciones estrictas siempre han provocado el efecto contrario en casi todo. Desde la prohibición del alcohol hasta el de ciertas actitudes y decisiones ante la vida. Siempre ha sido preferible regular que prohibir. Cuando se trataba de analizar la reforma electoral hubo posiciones sin duda, mercantilistas de ciertos actores, pero también muchas de las críticas que se realizaron estaban centradas en que la prohibición provocaría tensiones insostenibles dentro de los propios partidos y que terminaría construyendo una suerte de partidocracia que deja fuera al resto de la sociedad. No se trataba sólo de la publicidad (incluso para los partidos hubiera sido preferible dejar un espacio para publicidad pagada y poder diferenciar así con mayor claridad lo que es publicidad que lo que es información) sino también de la imposibilidad de contar con candidaturas ciudadanas o independientes; de la no reelección de los diputados, senadores y presidentes municipales (que otorga, una vez más, todo el poder a los dirigentes partidarios: quien no sea designado candidato por ellos, simplemente no podrá participar en un proceso electoral); de las limitaciones que se han establecido al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y al IFE para intervenir en los asuntos internos de los partidos. Y la lista podría continuar.
El hecho es que la reforma electoral ni siquiera ha entrado plenamente en vigor y comienza a mostrar ya sus primeras limitaciones. Los amparos que se han presentado podrán mitigar algunos de esos aspectos más negativos: y la necesidad de diferenciar información de publicidad, sobre todo cuando estamos en procesos electorales, es uno de los que han sido, voluntaria o involuntariamente, sacrificados por la reforma.
Más secuestros de las FARC
No acabábamos de escribir la columna que usted leyó este lunes en este espacio sobre las FARC, Chávez y el narcotráfico, cuando esta organización que el presidente venezolano reconoce como parte beligerante en Colombia, y a la que le atribuye un “proyecto bolivariano” similar al suyo (en realidad a lo que se dedican buena parte de las FARC es al narcotráfico y al chantaje), secuestró a siete personas en el norte del país, cerca de la frontera con Panamá: seis ciudadanos colombianos y un noruego, la mayoría de ellos investigadores que estaban haciendo turismo en esa zona selvática, cercana a la costa norte. Ninguno de los secuestrados es un político, ninguno ejerce actividades públicas. Son, simplemente, siete rehenes que se suman a la larga lista de los más de 700 que tiene en su poder las FARC y que sirven para chantajear a la sociedad y a los gobiernos en Colombia y de otros países, cuyos ciudadanos están en poder de las FARC.