Para poder sacar adelante la clausura del congreso, el lopezobradorismo tuvo que secuestrar, primero, la elección interna de su partido, el PRD. No podía darle curso a una operación ilegal e ilegítima sin dejar en la misma ilegalidad e ilegitimidad a sus fuerzas internas, sabiendo de que un sector importante de las mismas no comparten ni las formas ni el fondo de su lucha.
Para poder sacar adelante la clausura del congreso, el lopezobradorismo tuvo que secuestrar, primero, la elección interna de su partido, el PRD. No podía darle curso a una operación ilegal e ilegítima sin dejar en la misma ilegalidad e ilegitimidad a sus fuerzas internas, sabiendo de que un sector importante de las mismas no comparten ni las formas ni el fondo de su lucha.
Hace meses, cuando el tema de la reforma a PEMEX comenzó a discutirse en la comisión de energía del senado, Graco Ramírez, que fue el coordinador de campaña de Jesús Ortega, llevó a una de las reuniones con López Obrador los acuerdos a los que se comenzaba a arribar y que, como en la iniciativa planteada, no pasaban por la privatización y se atenían a lo que el propio López había presentado en su plataforma electoral y resultaba mucho más conservadora de lo que plantea, todavía hoy en la suya, el partido Convergencia (si se revisa su programa se comprueba que sus dirigentes no creen en lo que ellos mismos proponen o que simplemente no lo conocen: ojalá se hubiera podido avanzar tanto en la apertura de PEMEX como lo propone Convergencia en su programa, lástima que ellos no lo sepan o lo quieran ignorar). Pero cuando Graco llegó a esa reunión con López, éste estalló, como suele hacerlo cada vez con mayor regularidad, y les dijo que no tocaran a PEMEX, que la petrolera la arreglarían “cuando él estuviera en el poder”.
Pasaron los meses y había acuerdo de principio entre los líderes legislativos, incluyendo a Carlos Navarrete y Javier González Garza, para sacar una reforma modernizadora que no privatizara la empresa. Una vez más la presentaron al “legítimo”. Y una vez más fue rechazada y tuvieron los legisladores que romper los acuerdos. Fue cuando “descubrieron”, ya presentada la iniciativa presidencial, que querían una consulta: lo propusieron y, para su asombro, PRI y PAN se lo aceptaron. Fueron 90 legisladores con López Obrador ese miércoles: llegaron a un acuerdo. No habría marchas ni bloqueos mientras se diera el debate. Así se presentó Navarrete ante la prensa en las propias oficinas de López, y a ello se comprometió públicamente. No sabían que López, también a ellos, los había engañado: otro grupo de legisladores, siguiendo órdenes del propio “legítimo” estaban preparando la toma de las tribunas. Cuando González Garza y Navarrete estaban en sus respectivas Juntas de Coordinación Política, negociando, sus legisladores “amigos-enemigos” tomaban las tribunas. En lugar de denunciar y rechazar la medida, se asustaron, pensaron en los costos que ello tendría en una elección interna no resuelta y en las acusaciones fascistoides de las “adelitas y adelitos”. Se doblaron ante las circunstancias y apostaron a salvar la cara.
Llegó la propuesta de un diálogo de 50 días. ¿Por qué 50? Porque sería una forma de sacar adelante el debate y utilizar el periodo extraordinario que, necesariamente se tendrá que realizar antes de agosto para elegir a los nuevos consejeros electorales, para abordar también la reforma energética. Diputados y senadores del FAP la vieron con buenos ojos, pero cuando le llevaron la propuesta a López, salieron otra vez trasquilados: “lo importante no es el debate, es lo que sucederá después”, les dijo y dejó en claro que el objetivo no pasa por debatir nada, que ése es simplemente un medio para llegar a paralizar al gobierno y al congreso, llegar en esas condiciones al primero de septiembre, contaminar con ese tema el siguiente periodo ordinario y, en ese marco de parálisis, prepararse para la elección de julio del 2009. Es la estrategia que siguió Evo Morales en Bolivia, aunque ahora, ya en el poder, el país se le deshace entre las manos.
Pero para eso se requería de un partido también secuestrado: López no podía aceptar que Jesús Ortega presidiera el PRD no sólo por antipatías personales, sino porque representa otro proyecto, y porque quiere participar en los procesos legislativos y hacerse fuerte a partir de los mismos. Ortega ha calificado como de una derecha conservadora a los sectores de su partido que comparten y siguen los métodos de López, pero no ha sido capaz ni él, ni Navarrete, ni muchos de los perredistas que en privado asumen la locura intrínseca de las decisiones de su “líder”, de denunciarlas públicamente, de deslindarse y asumir sus propias responsabilidades: de decir en público lo que opinan en privado.
Y no lo hacen porque está en juego el control del partido. Cuando López vio que Encinas no ganaría, decidió reventar la elección, primero con las famosas (e ilegales) cartas, segundo operando públicamente a favor de éste; tercero, descalificando y agrediendo a sus adversarios (¿recuerda la agresión contra González Garza y Navarrete, orquesta frente a López, sin que éste interviniera para impedirla?). Y en el día de la elección hizo todo lo posible por evitar un curso normal de la misma.
Venía el computo y el comité que presidía Arturo Núñez también quedó, no podía ser de otra manera, atrapado. Han pasado un mes y cuatro días y sólo se computaron el 34 por ciento de las casillas. Hoy se propuso que nuevamente, Leonel Cota, el dirigente más débil que ha tenido el PRD en su historia repita en el cargo, ahora en forma interina, sin que nadie lo respete, sin que nadie acepte sus directrices, sin que nadie lo tome en cuenta. Y siquiera sin que él quiera seguir jugando ese papel. El partido seguirá, entonces, secuestrado. Y por lo tanto, de una u otra forma, también el congreso.
La pregunta es cuando los demás partidos reaccionarán y comenzarán a actuar con o sin los perredistas y cuando los que sufren del síndrome de Estocolmo, decidirán que ya es hora de dejar de ser simples sirvientes de una política que no comparten.