¿Tiene sentido establecer un mecanismo de negociación con el EPR?¿qué, para qué y con quiénes se podrá negociar?. Esas son las preguntas que, de inicio debemos hacernos cuando hablamos de la respuesta que otorgó el martes el gobierno federal al comunicado del EPR sobre una posible negociación.
¿Qué ha sucedido entonces que tanto el gobierno como el EPR parecen haber cambiado de opinión?
¿Tiene sentido establecer un mecanismo de negociación con el EPR?¿qué, para qué y con quiénes se podrá negociar? Esas son las preguntas que, de inicio debemos hacernos cuando hablamos de la respuesta que otorgó el martes el gobierno federal al comunicado del EPR sobre una posible negociación. En realidad, todo el proceso sorprende: a lo largo de su historia el EPR como tal, aunque sí lo habían hecho algunos de sus epígonos y desprendimientos, se negó sistemáticamente a cualquier negociación con el gobierno. Incluso fue crítico del EZLN cuando éste entabló en los años 90 su propio proceso de negociación.
¿Qué ha sucedido entonces que tanto el gobierno como el EPR parecen haber cambiado de opinión? En realidad, desde los bombazos contra ductos de Pemex en septiembre pasado en el gobierno federal se reactivaron muchas de las investigaciones que habían sido abandonadas durante la administración Fox (incluso luego de la amnistía ordenada en Oaxaca por José Murat, que dejó en libertad a la mayor parte de la estructura del EPR entonces detenida). Hoy el gobierno federal parece tener un diseño bastante aproximado de qué es el EPR, cómo trabaja, quiénes son sus dirigentes, y cómo está posicionado en el país. Y en ese escenario las pugnas y diferencias internas en el grupo son claves.
Por una parte su líder histórico, Tiburcio Cruz Sánchez y su esposa Elodia Canseco Ruiz no sólo están enfermos y con dificultades originadas en una larga historia de clandestinidad, acrecentada por la detención de sus hijos, los hermanos Cerezo Contreras (en la clandestinidad el nombre de Tiburcio era Francisco Cerezo y el de Elodia, Emilia Contreras) hace ya algunos años, sino también por la desaparición de su hermano Gabriel Alberto Cruz Salinas, hace un año en Oaxaca. Para el grupo histórico del EPR que encabeza Tiburcio, la posibilidad entonces de un diálogo, aunque sea acotado con el gobierno puede ser de su interés. Un dato es importante: Tiburcio siendo líder de la organización participó personalmente en los atentados contra los ductos de Pemex en Veracruz, lo que confirmaría que son pocos los cuadros capacitados de la organización para realizar una acción de ese tipo.
Por otra parte, esa rama histórica mantiene diferencias con otros grupos internos: en particular los grupos de Oaxaca, formados por los amnistiados de años atrás pero sobre todo por grupo más jóvenes que surgieron de la movilización de la APPO, quieren mantener una línea más radical. Al mismo tiempo en Oaxaca se conformó un ala disidente que puede haber tenido alguna relación con sectores o funcionarios de áreas de seguridad, que podría haber estado relacionada o detrás de los secuestros de Edmundo Reyes y Gabriel Cruz Sánchez. Los comunicados del EPR se han ido modificando con el paso de los meses al abordar este tema pasando desde la acusación directa a mandos militares, al estado mayor presidencial o al propio gobierno federal, a una exigencia de investigación de los hechos. En este sentido, vuelve a confirmarse que varios de los secuestros que se produjeron en Oaxaca en el pasado, incluyendo a uno de los hermanos del narcotraficante Díaz parada, podría tener relación con este mismo grupo y la desaparición de los dos integrantes del EPR.
En ese contexto se da la propuesta de negociación del EPR y la respuesta gubernamental. En principio ambas parecen aventuradas: ¿realmente puede creer el EPR que el gobierno federal se sentará a negociar sólo el caso de los dos desaparecidos, sin agenda concreta y con un grupo de mediadores que, con algunos personajes muy respetables y otros casi impresentables, no cabe duda de que son de la confianza de esa organización? Ya con la respuesta gubernamental: ¿alguien puede creer que el EPR aceptará la cuatro condiciones impuestas, incluyendo la suspensión de las acciones armadas y la posibilidad, inminente, de que el gobierno federal pueda proseguir con ls investigaciones sobre los dos desparecidos pero también de los responsables de los atentados cometidos por esa organización? Ninguna de las dos posibilidades parecen reales. A ello se sumará que el EPR tendrá que unificar sus posiciones internas, hoy divididas sobre éste y otros temas, al mismo tiempo que el gobierno tendrá que tener alguna prueba de que sus interlocutores tengan, por lo menos, representatividad suficiente dentro de su propia organización como para serlo.
En realidad el que tiene que dar una respuesta es el propio EPR y tiene que hacerlo en una situación compleja: si acepta las condiciones impuestas por el gobierno ello implicará, en los hechos y como ocurrió en su momento con el EZLN una aceptación de que tendrá que abandonar los actos armados y también delincuenciales, como los secuestros. Deberá, además, establecer algún tipo de control interno sobre las distintas facciones que lo conforman. Y definir qué sucederá con los grupos que se desprendieron de él en el pasado y que tienen profundas diferencias con el EPR, como es el caso del ERPI, que sí está realizando acciones delincuenciales, sobre todo robos y secuestros, en Guerrero, además de trabajo político en distintas comunidades. Por cierto, es el propio ERPI el que tendría mayor relación con la célula de las Milicas Flores Magón que están a su vez involucradas con las FARC y a la que pertenecían la mayoría de los jóvenes muertos en la frontera entre Colombia y Ecuador.
Para el gobierno tampoco es sencillo: ¿qué sucedería si por ejemplo, el EPR acepta las condiciones pero no las cumple? La respuesta podría estar en la capacidad del gobierno, ahora sí, de poder contemplar acciones firmes contra estas organizaciones, acciones que, paradójicamente, también tendría que cumplir si cumple, el gobierno, con sus propias condiciones, incluyendo la detención de quienes realizaron los atentados en PEMEX. ¿Vale la pena tanto esfuerzo entonces? Si se garantizaría que estos grupos abandonaran la violencia sin duda. ¿Es posible?